Un tribunal chino anunció este miércoles que pagará 2 millones de yuanes (unos 265.000 euros) a los padres de un joven de 18 años ejecutado en 1996 por un crimen que no cometió.

El monto exacto de la suma ofrecida como indemnización por el error judicial es de 2.059.621, 40 yuanes, precisó el tribunal en un comunicado, sin explicar el sistema de cálculo.

Este caso es poco común porque es muy raro que la institución judicial admita errores.

El adolescente, de origen mongol, de nombre Hugjiltu, fue condenado a muerte por una violación seguida de asesinato en su región del interior de Mongolia, tras lo que fue ejecutado. En 2005, otro hombre reconoció haber sido el autor de este crimen.

La familia del adolescente libró una lucha sin cuartel durante diez años para que se hiciera un nuevo juicio. Finalmente, el 15 de diciembre le dieron la razón: los hechos y pruebas que motivaron el veredicto del juicio inicial "eran insuficientes y no lo bastante determinantes", declaró el alto tribunal popular de la ciudad de Hohhot, tras el nuevo juicio.

Los policías que trataron el caso han sido investigados, indicó la prensa en esta ocasión.

Los testimonios dados en la época por el acusado "son incompatibles con el informe de la autopsia" de la víctima, añadió el tribunal, anunciando finalmente: "Hugjiltu es declarado no culpable".

El sistema judicial chino, sometido a la autoridad del Partido comunista, comete abusos con frecuencia, los testimonios son fraguados o desvirtuados y el derecho a la defensa limitado. En este contexto, los errores judiciales son comunes, incluidas las condenas a muerte.