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Los otros 22.322 desaparecidos de Enrique Peña Nieto

09/11/2014 10:58 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

imageAgencias

Según el último registro oficial hay 22.322 personas en circunstancias similares. De ellas, a 9.790 (9.833, con los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa) se las tragó la tierra desde que Enrique Peña Nieto llegó al poder el 1 de diciembre de 2012.

Pese a la contundencia de las cifras, el actual Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha jactado de ser el primero en abordar el problema. Y es cierto, aunque lo ha hecho con medidas limitadas, poco transparentes, contradictorias y arbitrarias, como pudo constatar este periódico. Ahora la tragedia de Iguala lo pone en evidencia.

La foto de Sergio Eduardo Guillén Montes de Oca, de 27 años -desaparecido del bar en el que trabajaba en el centro del DF en noviembre de 2012- estuvo nueve días colgada bajo una lona de plástico a pocos metros de Procuraduría General de la República (PGR) en un improvisado campamento de familiares de desaparecidos (madres la mayoría) en huelga de hambre. Corría el mes de mayo de 2013 se plantaron para exigir al entonces nuevo Gobierno del PRI que buscara a los desaparecidos.

Tres semanas después la PGR anunciaba la creación de una Unidad de Búsqueda y ofrecía trabajo a los huelguistas para que aportaran su experiencia al Gobierno. Erika Montes de Oca fue una de las que aceptó aunque muchos de sus antiguos compañeros la criticaran. Lo consideraron una estrategia del PRI para "desactivar" a los más combativos. Montes de Oca lo niega. "Es mejor cambiar las cosas desde dentro aunque a veces sea frustrante".

Antes de aceptar el empleo, la llamaron para identificar un cadáver. Era su sobrino. Atrás quedaban ocho meses de intimidaciones, amenazas y negativas. "Creo que fue el primer caso que resolvió la Unidad de Búsqueda y demuestra una sola cosa: cuando buscan, encuentran".

La Unidad tenía, en palabras del fiscal general, Jesús Murillo Karam, el objetivo de centralizar esfuerzos para intentar solucionar un problema que excedía a los estados y tratar mejor a las víctimas. Pero eso no se aplicó a Reyna Estrada, una costurera de 56 años que lleva casi seis años buscando a su marido, Jaime Ramírez -desaparecido junto a otros 11 compañeros en Coahuila (norte) en 2009 cuando vendían pintura a domicilio-. Nunca aceptaron su caso y la volvieron a 'rebotar' a Coahuila, donde la ningunearon durante cinco años.

Gracias a la amistad de un familiar con el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila (gran amigo de Peña Nieto) en septiembre de este año recibió una amable carta de la Presidencia de la República en la que prometían una "respuesta oportuna" a su caso. Atrás parecía quedar ese antiguo Gobierno -el de Felipe Calderón- que hasta le tomó a ella pruebas de ADN para buscar a su marido, "una burla", dice. Este parecía tener más sensibilidad. Cuatro días después llegó la respuesta: el asunto no es de competencia federal. Que fuera a Coahuila. "Hay desaparecidos de primera y de segunda clase", lamenta sollozando.

Adrián Ciriaco sí consiguió que la Unidad le atendiera pero el resultado es similar al de Estrada: de su desaparecido, ni rastro. Ciriaco es coadyuvante en la presunta desaparición forzada de su gran amigo Teodulfo Torres, desaparecido en marzo de 2013 justo cuando iba a declarar en la PGR por ser el único testigo de la agresión de las fuerzas de seguridad contra Juan Francisco Kuykendall, en las manifestaciones del día de toma de posesión de Peña Nieto. "Teo fue el primer desaparecido de la era Peña Nieto", ironiza. Según cuenta, en la Unidad "te hostigan", salvo que tengas el apoyo de la ONG. "Hacen que investigan pero en el fondo no quieren saber".

Baile de cifras

La PGR no ha divulgado el número de casos atendido por la Unidad en sus 17 meses de pero según Human Right Watch (HRW) tiene un equipo de 30 investigadores que atienden 450 casos y han localizado a 86 personas, 29 muertas y 57 vivas. El hombre que la creó, Ricardo García Cervantes, dimitió en mayo, al año de su creación. La búsqueda de desaparecidos "perdió prioridad" para este Gobierno, dijo a la revista Proceso.

El Ejecutivo, sin embargo, ha ofrecido varios registros de "no localizados" pero que han variado abruptamente. En la primera lista, de febrero de 2013 había 26.121, todos del Gobierno anterior. Luego los desaparecidos de Felipe Calderón cayeron en 12.000 pero aparecieron casi 10.000 de este Ejecutivo hasta tener el total actual de 22.322. No hay explicaciones oficiales sobre estas fluctuaciones pero sí un ejemplo. El sobrino de Erika Montes de Oca no estaba en la primera lista pero sí aparecía en la segunda entre los "encontrados muertos".

"Este Gobierno ha hecho más que el anterior, pero difícilmente se puede decir que este tema sea prioritario, por eso hasta reniegan de la palabra 'desaparecido' para no admitir una responsabilidad política con tintes internacionales", indica un diplomático centroamericano que pide guardar el anonimato.

El funcionario resume la actitud de México con una sola palabra: "cinismo" y pone ejemplos. "La PGR no quiso aceptar muestras de ADN de 26 familias que sospechan que sus seres queridos están entre los asesinados en las masacres de migrantes de Tamaulipas de los años 2010 y 2011 porque las pruebas las había hecho el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses, ¡el mismo con el que la PGR tiene un convenio actualmente vigor para identificar a las víctimas de esas matanzas!". (El Gobierno de Peña Nieto también trabaja con los argentinos en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa).

"Nos dijeron que las pruebas tenían que venir por el canal oficial para garantizar la cadena de custodia. El argumento es absurdo pero legal. El PRI sabe hacer las cosas", ironiza el diplomático. También se queja de no recibir respuesta cuando preguntó cuantos de sus nacionales estaban desaparecidos. "Solo aceptan que les des un nombre y ellos lo revisan, pero eso es una locura".

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Presión internacional

Una de las principales peticiones de la ONU, las ONG nacionales e internacionales y las familias de las víctimas para empezar a abordar con seriedad el tema de los desaparecidos es disponer de una base de datos unificada. Calderón ya prometió crearla. Todavía está lejos de materializarse.

Según HRW, sólo seis de los 32 estados han firmado un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que les done el software conocido como AM/PM, la herramienta que más se adapta a los protocolos internacionales de búsqueda. Su ventaja es que incluye todo tipo de datos tanto de los vivos que buscan, como de los muertos que se encuentran, desde el ADN a información sobre sus costumbres, mientras que otros registros solo son parciales (solo huellas dactilares, solo genética...)

Uno de los estados que cuenta con ese software es el Distrito Federal pero hasta el mes de septiembre, su servicio forense, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, sólo había podido incluir la información de 20 cadáveres no identificados de los 13.000 que tiene registrados desde 1980, confirma su director, Felipe Takajashi.

"Podríamos tardar año y medio en poner toda nuestra información en la AM/PM pero otros estados tardarían mucho más porque tienen menos medios". Takajashi lamenta además que todavía no haya intercambio sistemático de información entre los distintos estados y que el cruce de datos se hace todavía de forma manual.

Las búsquedas

La unidad donde trabaja Montes de Oca -y que no es la de búsqueda, como parecería lógico pensar, sino una oficina que depende del departamento de auditoría de la PGR- un ejemplo de que el objetivo de tener una ventanilla única no prosperó.

"Ahora somos cuatro familiares. Nos contacta la gente porque nos conoce del activismo anterior y les empezamos a ayudar haciendo el trabajo que los investigadores debían hacer: pedir una sábana de llamadas, acompañándoles en las denuncias ante la Unidad de Búsqueda, rastreando pistas...Y si no sabemos aprendemos".

No hay plan preconcebido ni protocolo, reconoce. Solo voluntad.

Esta célula, que sus miembros llaman cariñosamente "el corazón de la PGR", tiene línea directa con el procurador, afirmaron las tres mujeres entrevistadas, que les da vía libre a todo lo que solicitan y en quien todas confían pese a las duras historias que llevan detrás.

Margarita López, por ejemplo, tardó más de tres años en buscar a su hija Yahaira Guadalupe, bregó con policías antisecuestros aliados con Los Zetas, denunció que las autoridades no investigaban las pistas que daba, rechazó restos que resultaron ser de otros y se sintió ultrajada y hasta amenazada hasta que finalmente encontró el cadáver de su hija, identificada gracias al trabajo del equipo de forenses argentinos. Ahora habla maravillas de Jesús Murillo Karam. "No escatima recursos", afirma.

Montes de Oca lo corrobora. "¿México entonces realmente busca a sus desaparecidos?", se le pregunta. Su silencio contesta por ella. "Nosotros lo estamos intentando -murmulla al fina-. Yo en un año conseguí encontrar a dos chicas, una viva y otra muerta, para mí y para sus familias eso es un éxito".

Margarita López también está orgullosa de su apoyo en la búsqueda de fosas clandestinas, algo en lo que participa desde mayo, dice, acompañando a equipos de la PGR. Su misión, cuenta, es confirmar "como madre de víctima" que se cumplen los protocolos. "He visitado varios estados y no dejo de sorprenderme, una fosa llama a otra fosa porque en cuanto llegamos se corre la voz y al ser también nosotras víctimas nos dejan recaditos, nos dicen que creen que ahí está su hijo o dónde excavar, se fían".

Pero cuando Guadalupe Fernández, madre de José Antonio Robledo, desaparecido desde 2009, pidió estar presente en un rastreo para buscar a su hijo (algo que pocas familias consiguen que les autoricen), no logró la autorización. "El último fue el 1 de junio, se basó en información de un testigo protegido y duró tres horas un tiempo insuficiente para peinar toda una brecha en el norte de Coahuila y un basurero", explica. "Creo que se gastó demasiado dinero y no se hizo con el rigor necesario".

"Todo lo que le pasa a México es producto de nuestros propios errores", reconoció el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. "Los servicios periciales y forenses quedaron descuidados durante años y solo cuando organizaciones internacionales empezaron a presionar con casos como las muertas de Juárez o los migrantes de San Fernando se comenzó a trabajar". La entrevista con el doctor Takajashi tuvo lugar antes de las desapariciones de Ayotzinapa pero ya entonces era contundente en su análisis. "Hay capacidad pero los mexicanos no confían en nosotros. Y nos lo hemos ganado a pulso".


Sobre esta noticia

Autor:
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Fuente:
grupocronicasrevista.org
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Tipo:
Reportaje
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