La decisión definitiva sobre el futuro de Garoña depende directamente del Gobierno central. Y todos los grupos políticos han dado el no. Todos menos el PP, apoyado por el CSN.¿Garoña es algo malo para los vascos?. Pues el “si estaba garantizado”. En realidad todo es lo mismo.

Mediante criterios y votos de representantes políticos, el CSN valora las argumentaciones y presiones políticas, haciendo seguimiento del criterio gubernamental del PP, para permitir la solicitud y licencia de prórroga de actividad. O sea decirle Amen a Mariano Rajoy.

No estamos ante un asunto contable ni de un órgano de seguridad, sino teatro de apariencia  consultiva, una especie de videojuego de un órgano de “seguridad” que actúa en todo momento bajo criterios e intereses políticos y empresariales. Como se puede adivinar en los nombramientos, debates y acuerdos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) existe hilo directo entre los políticos y lobbys pro nucleares al margen de los criterios técnicos.

Por lo tanto, desde Euskadi, denunciamos una vez más lo que venimos diciendo, años y años de falta de legitimidad de este órgano, que por no ser independiente, ni valorativo, ni de “seguridad” defiende intereses del lobby nuclear y del gobierno español, como el japonés defiende las eléctricas y Fukushima.

Además de todo ello, Nuclenor dice tener pendiente la resolución del recurso interpuesto ante la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de imponerle en julio de 2014 una multa de 18, 4 millones de euros por detener su reactor en diciembre de 2012 «sin autorización», así como el recurso contra la decisión de la Confederación Hidrográfica del Ebro de exigirle medidas que refuercen la refrigeración del agua que toma del río Ebro, el cual está hecho una pena por culpa de las aguas calientes de la central de Garoña.

El Gobierno español y Nuclenor, la empresa propietaria participada por Iberdrola y Endesa, están dando pasos para poner en marcha nuevamente Garoña, anteponiendo con ello el interés económico a  corto plazo,   la seguridad de la ciudadanía y el medio ambiente, manipulando los 60 años de vida útil en nucleares como Garoña, central nuclear de primera generación como Fukushima, también un producto de la misma empresa, General Electric, que superaron con creces  la fecha de caducidad. Ello supone un riesgo inasumible dadas la graves deficiencias, accidentes y catástrofes que se han producido en supuestos similares, que ellos llaman eufemísticamente “ incidentes”.  La situación nos ha indicado que el cierre no era definitivo, ante intentos por utilizar las instalaciones como almacén nuclear o proceder a la reapertura, mientras que el paso del tiempo jugaba a favor del carácter obsoleto de materiales y agravación de riesgos. Habría que hacer ahora una revisión de las leucemias, cáncer y otras patologías causadas directamente por Santa María de Garoña y otras centrales y llamar siquiera por teléfono a Greenpeace.

Desde 1990, Garoña ha notificado más de 136 accidentes de seguridad. Oficialmente. Diversos estudios contrastados advierten de que Garoña presenta graves problemas de seguridad en sus sistemas de suministro eléctrico, refrigeración y contención. Tal cosa es vox populi. Inaugurada en 1971, su diseño-como hemos dicho- es gemela del primero y más antiguo de los cuatro reactores nucleares accidentados en Fukushima (Japón). El propio Consejo de Seguridad Nuclear ha confesado que Garoña sufre un proceso de agrietamiento múltiple por corrosión. Hace medio siglo que Garoña ha acreditado una preocupante falta de seguridad en sus sistemas de suministro eléctrico, refrigeración y contención.

Garoña debería haber estado cerrada hace mucho tiempo por vieja, por peligrosa, por innecesaria, por estar amortizada, porque lo demanda la sociedad. La ciudadanía y mayoría política del territorio de Araba se ha posicionado en multitud de ocasiones, reclamando la paralización de todos los trámites para su autorización, y posteriormente el desmantelamiento, para garantizar el cierre definitivo e irreversible.

Dado el estado de la energía, la voluntad popular respecto a Garoña y los riesgos de todas las plantas nucleares, especialmente las más antiguas como es el caso de Garoña, desde los colectivos ecologistas se está exigiendo una vez más la orden inmediata de pre-desmantelamiento, pues entonces “será muy difícil volver atrás” a operar o engañar con el árbitro del CSN comprado para darle un barniz de estudio a un teatro de la imposición estatal.

No hay criterios económicos, ecológicos ni democráticos que avalen la reapertura de la central nuclear de Garoña. Euskadi exige una fuerte y decidida voluntad en favor del cierre  y desmantelamiento definitivo de Garoña, respetando la voluntad popular, en una apuesta por otro modelo de economía sostenible y de energía segura y saludable, basada en el ahorro, consumo responsable, apuesta por el aprovechamiento local y comunitario de los recursos. 

El Parlamento vasco, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, ha reclamado al Gobierno central que cierre de forma definitiva y desmantele la central nuclear de Garoña, sobre cuya posible reapertura se pronunciará la próxima semana el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El pleno del Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda avalada por todos los partidos políticos, menos naturalmente el PP al que se le ha reprochado que se haya abstenido en la votación pese al "riesgo" que supondría el reinicio de la actividad nuclear de Garoña, ubicada en Burgos, muy próxima a Álava. 

El CSN tiene previsto pronunciarse proximamente sobre el posible reinicio de la actividad de la planta. No obstante, además todos los opositores se han reafirmado en su rechazo por  la apertura de un almacén nuclear en las instalaciones de la central.

El gabinete de Mariano Rajoy debe adoptar las medidas oportunas para "despolitizar" el CSN y  destituir al presidente de dicho organismo, Fernando Martí Scharfhausen.

Por otra parte, la ciudadanía está pidiendo a gritos que la  energía eléctrica del país sea suministrada por la sustitución de las energías no nucleares ni fósiles sino por las de origen renovable.

Los organismos ad hoc deben elaborar un informe sobre la "viabilidad" de esta propuesta y los plazos en los que sería posible llevarla a cabo.

La parlamentaria del PSE Natalia Rojo, que había presentado la propuesta original en torno a este tema, ha acusado al PP de tratar de "esconderse" detrás de argumentos "técnicos" para no verse perjudicado por su "decisión política" de reabrir Garoña. Además, ha reprochado a los 'populares' que tan sólo hayan apoyado iniciativas en favor del cierre de la planta cuando estaban "en juego" sus intereses electorales.

Por parte del PNV, Juan Carlos Ramírez Escudero ha alertado sobre el "peligro grandísimo" que supondría el reinicio de la actividad de Garoña, y ha preguntado al PP si "quiere para Álava" una situación similar a la que se produjo en las catástrofes nucleares de Chernóbil o Fukushima.

El PP, esclavo del oligopolio de las eléctricas.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha denunciado que el CSN es un mero "títere" del Gobierno del PP, y ha lamentado que los principales partidos políticos y administraciones públicas sean "cautivos del oligopolio" de las grandes empresas eléctricas.

José Ramón Becerra, de Elkarrekin Podemos, ha denunciado que los técnicos del CSN están "amordazados" por la "politización" de los responsables de ese organismo, y ha asegurado que no será el gabinete de Mariano Rajoy el que cierre Garoña porque están en juego "intereses empresariales".

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha asegurado que su grupo se ha abstenido en la votación porque este es un debate "reiterativo" y porque, según ha dicho, "no hay novedades" en torno a la situación de la central.

Los datos de los escasos estudios epidemiológicos disponibles hasta el momento reflejan hechos y tendencias muy preocupantes.

Así, en julio del año 2003  fue publicado en la revista Occupational & Environmental Medicine un estudio epidemiológico (en inglés) realizado por científicos de la Universidad de Alcalá de Henares y el Hospital de Guadalajara en el cual se concluye que el riesgo de sufrir cáncer se incrementa linealmente con la proximidad a la central nuclear de Trillo y que el riesgo de padecer un tumor es 1, 71 veces superior en el entorno más cercano a la central nuclear (en un radio de 10 kms. alrededor de ésta) que en el área incluida en un radio de 30 kms.

Dos años antes, en 1999, el Instituto de Salud Carlos III concluyó que existía una tasa de incidencia de mieloma múltiple mayor de lo normal en el entorno de la central nuclear de Zorita, en Guadalajara. Este estudio se publicó en el número de octubre de la revista Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. En esta misma zona, ya en 1987 el Insalud concluyó que la tasa de muertes por tumores de tubo digestivo era entre 3 y 4 veces superior que la media del Estado español.

Además de estos datos concluyentes, los estudios de 1999 y 2001 del Instituto de Salud Carlos III detectaron también la existencia de una tasa inesperadamente más alta de cáncer de estómago en personas de ambos sexos en el entorno de la central nuclear de Garoña.  Este incremento, ligado a la proximidad a esta instalación, se produjo en el periodo posterior al inicio de actividad de la central nuclear, tras comparar con la situación anterior a su entrada en funcionamiento.

La ciudad de Vitoria es la gran mártir de una central que apenas genera electricidad.¿ Puede alguien explicar este abuso?

Asimismo, se constató que la mortalidad por cáncer de pulmón mostró un mayor incremento en las áreas en el entorno de 30 kms alrededor de las centrales de Garoña, Zorita y Vandellós-I en comparación con las tendencias nacionales. La misma situación se dio con respecto al cáncer de riñón en La Haba, zona de minería de uranio.

Según estos estudios, Garoña es la central nuclear en cuyo entorno se ha encontrado una tasa más alta de mortalidad por leucemia en la población de 0 a 24 años, en un ratio superior que en las poblaciones controladas más allá de ese radio.

En el entorno de otras centrales nucleares e instalaciones de minería del uranio se ha detectado un exceso de mortalidad por diversos tipos de cáncer.

Todos estos datos no sorprenden si como señala un informe de 1999 se superaron en Santa Maria de Garoña y Zorita todos los límites de emisiones radiactivas tanto líquidas como gaseosas.

En Febrero de 2015 profesionales sanitarios de Alava reclamaron el cierre definitivo de la central nuclear burgalesa de Garoña ya que distintos estudios han demostrado que en localidades del entorno a esta instalación se ha producido un aumento de distintos tipos de cánceres.

Ante el creciente número de datos que indican tasas de incidencia anormalmente altas de diversas enfermedades y de malformaciones de nacimiento en el entorno (en un radio de 30 kms) de varias centrales nucleares y otras instalaciones del ciclo nuclear, Greenpeace reitera al Ministerio de Sanidad que ponga en marcha de forma urgente la realización de estudios epidemiológicos, exhaustivos e independientes, en el entorno de estas plantas.

Recogida de firmas en Burgos para el cierre de Garoña

Greenpeace considera fundamental evitar que estos estudios queden controlados de facto por la industria nuclear, para evitar la manipulación de los datos y conclusiones que se obtengan. Por ello resulta necesario que no estén controlados en exclusiva por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuya conocida falta de independencia y politicismo de sus miembros con respecto a la industria nuclear contribuiría a sembrar dudas sobre los resultados.

Las continuas declaraciones de la presidenta del CSN, Mª Teresa Estevan Bolea, afirmando a priori que la conclusión de estos futuros estudios será que no hay relación causa-efecto entre estas altas tasas de enfermedades y la actividad de las centrales nucleares, demuestra claramente que el CSN no es el organismo indicado para liderar estos estudios.

Asimismo, Greenpeace pide al Gobierno que establezca mecanismos de participación pública en estos estudios epidemiológicos para garantizar la necesaria independencia en la realización de los mismos.

En resumen, Greenpeace cree que la realización de estos estudios debe ser liderada por el Ministerio de Sanidad y Consumo y las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas afectadas, además de permitirse la participación de especialistas independientes a propuesta de las ONG y otros colectivos interesados.

Greenpeace lleva años solicitando al Gobierno la realización de estudios epidemiológicos en el entorno de las instalaciones nucleares. Las peticiones más recientes fueron dirigidas a la ex-Ministra de Sanidad Ana Pastor (en noviembre de 2003) y a la titular vigente, Elena Salgado (en agosto de 2004), quien no dio respuesta a esta petición.

"Greenpeace lamenta la total indiferencia del CSN y del Ministerio de Sanidad en las últimas décadas al respecto de la posible incidencia de las instalaciones nucleares en la salud pública. Es hora de que se pongan en marcha sin más demora estudios epidemiológicos, algo que también pidió el Congreso de los Diputados el 17 de diciembre de 2003", declaró Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace. 

 Greenpeace es una organización independiente, que no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas y cuya actividad depende exclusivamente de las aportaciones voluntarias de socios y simpatizantes.

Los trabajadores del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) se han concentrado repetidas veces ante el Hospital de Santiago de Vitoria para anunciar su adhesión a las manifestaciones convocadas por la iniciativa “Araba sin Garoña” secundadas por diferentes partidos, sindicatos y sectores sociales. 

Los profesionales sanitarios vascos han difundido un informe en el que recuerdan que estudios de 1999 y 2001 de la Unidad del Cáncer del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III detectaron la existencia de una tasa más alta de cáncer de estómago en personas de ambos sexos en el entorno de la central nuclear de Garoña, situada a unos 40 kilómetros de Vitoria. 

Asimismo, se constató que había un incremento de la mortalidad por cáncer de pulmón en municipios situados a 30 kilómetros alrededor de las centrales de Garoña, Zorita y Vandellós I, estas dos últimas ya cerradas.

Subrayan que "la radiactividad es acumulativa" y agrava los problemas de salud.

Según estos estudios, Garoña es la central nuclear en cuyo entorno se ha detectado una tasa más alta de mortalidad por leucemia en la población de 0 a 24 años.

Además, ponen de relieve que un informe del propio Consejo de Seguridad Nuclear admitía que las dosis por radiación acumuladas en los municipios cercanos a las instalaciones de Garoña, Vandellós I y José Cabrera se sitúan "en la parte más alta del rango". 

Los sanitarios destacan que tras 42 años de actividad, solo Garoña no ha sido clausurada, aunque lleva parada desde diciembre de 2012, pero ahora tiene permiso para su reapertura, tras cumplirse algunos requisitos, hasta 2031, 60 años después de su puesta en funcionamiento en 1971. 

Al ser  "la radiactividad acumulativa"  el riesgo para la salud "es cada vez mayor", por lo que invocan el "Principio de Precaución" y piden cerrar definitivamente esta central porque supone "un peligro creciente para la salud humana, animal, vegetal y biológica". 

Recalcan que accidentes de centrales nucleares como la de Chernobyl (Ucrania 1986) causó 9.000 víctimas por cáncer, según un informe de la OMS, y en Fukushima los médicos detectaron un incremento exponencial de los casos de cáncer de tiroides entre los niños de la zona cercana. 

También mencionan que la revista Biomedicine International publicó un estudio que muestra cómo el cierre de centrales nucleares, -que elimina las emisiones radiactivas y reduce las toxinas en el medio ambiente y en la cadena alimentaria-, está relacionado con descensos significativos a corto plazo de casos de cáncer y de muertes infantiles en el entorno local. 

Los profesionales de la salud alaveses señalan que en caso de accidente en Garoña, habría un efecto de radiaciones emitidas a la atmósfera que se dispersarían en función de los vientos, lo que pondría en riesgo a "la práctica totalidad de municipios alaveses".