El abogado de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, fue detenido de forma preventiva para ser interrogado en un caso de tráfico de influencias y de violación del secreto de la instrucción, en el se cita el nombre del expresidente francés (2007-2012), que podría ser llamado próximamente por los investigadores.

Thierry Herzog fue detenido preventivamente para ser interrogado por la policía anticorrupción. Dos fiscales franceses fueron detenidos también de la misma forma por este caso, agregó la fuente.

Según fuentes concordantes, Nicolas Sarkozy será interrogado también en los próximos días por este caso.

La investigación busca establecer si el expresidente Sarkozy, con el apoyo de su abogado, trató de obtener informaciones de un magistrado sobre la investigación que lo concernía a cambio de la promesa de un alto cargo.

En el marco de una investigación judicial iniciada en febrero pasado por la fiscalía nacional financiera, la policía trata de saber si Sarkozy fue informado ilícitamente de la decisión de ponerlo bajo escucha. Esta medida espectacular respecto a un expresidente fue decidida en septiembre, en el marco de otra investigación, la de las acusaciones de financiamiento por la Libia de Muamar Gadafi de la campaña presidencial de Sarkozy en 2007, al cabo de la cual fue elegido jefe de Estado.

Se trata de Gilbert Azibert, fiscal del tribunal de casación, que presuntamente recibió la promesa de un cargo prestigioso, y otro fiscal de la misma alta jurisdicción, Patrick Sassoust.

Este procedimiento judicial prosigue en momentos en que en Francia se habla cada vez más del regreso de Sarkozy a la política a través de la recuperación de la dirección de su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP, derecha en la oposición), sumido en una crisis sin precedentes a raíz de un escándalo de falsas facturas.

Los domicilios y despachos de Gilbert Azibert y Thierry Herzog fueron ya objeto de registros a principios de marzo. La policía incautó entonces material informático del abogado.

- Conversaciones muy caras -

El asunto se inició en el segundo trimestre de 2013, cuando varios allegados de Sarkozy fueron puestos bajo escucha a raíz de la investigación sobre los fondos libios: los exministros Claude Guéant y Brice Hortefeux, así como Michel Gaudin, exjefe de la policía nacional y exprefecto de policía de París.

Este último, que tras la derrota electoral de Sarkozy en 2012 pasó a ser su director de gabinete, mantuvo varias conversaciones que interesan a la policía. Aparentemente, quiso obtener información, en vano, sobre la investigación libia, del jefe de los servicios de inteligencia interior, Patrick Calvar.

Los jueces tomaron entonces la decisión, sin precedentes en Francia, de poner bajo escucha al expresidente, en especial el teléfono que utilizaba con el seudónimo de 'Paul Bismuth' para hablar con Herzog. Y las conversaciones entre los dos hombres pueden hacer pensar que trataron de obtener informaciones de Gilbert Azibert sobre una decisión crucial esperada en otro asunto judicial sin relación con el de los fondos libios, el caso de Liliane Bettencourt. Nicolas Sarkozy fue sobreseido en esta causa por presunto abuso de debilidad de la multimillonaria francesa.

Las conversaciones de Sarkozy con su abogado concernían las agendas del expresidente, objeto de investigación en el caso Bettencourt. La justicia decidió guardar esos documentos, que podrían servir para otras investigaciones.

Además de los casos del financiamiento libio y del tráfico de influencias, la justicia francesa lleva a cabo varias otras investigaciones que podrían ser otros tantos escollos en el camino de retorno a la política de Sarkozy. Su nombre es citado en media docena de causas.

La semana pasada, la fiscalía de París encargo a jueces financieros una investigación por falsificación, abuso de confianza y tentativa de estafa, esta vez sobre el financiamiento de la campaña de Sarkozy por la presidencial de 2012, que perdió frente al actual presidente socialista François Hollande.

Se sospecha que los mitines de campaña de Sarkozy fueron financiados en gran parte por la UMP a fin de ocultar que el candidato sobrepasaba el tope autorizado legalmente. La policía investiga asimismo la regularidad de contratos firmados entre el palacio presidencial y nueve institutos de sondeo durante la presidencia de Sarkozy.