Anna Gabriel no acudirá este miércoles a declarar ante el Tribunal Supremo. Así lo ha anunciado en una entrevista en el periódico suizo Le Temps. "Como no tendré un proceso justo en casa, he buscado un país que pueda proteger mis derechos", ha declarado la exdiputada de la CUP.

Le Temps egunkariak eman du albistea: Anna Gabriel ez da Auzitegi Gorenean aurkeztuko. Suitzan babestuko da @cupnacional eta @Endavant_OSAN-eko kidea pic.twitter.com/9MxdcHK0Mp

Gabriel y el equipo jurídico que la acompaña en la ciudad suiza de Ginebra lo valoró este lunes, después de que el magistrado Pablo Llarena impusiera una fianza de 60.000 euros para dejar en libertad a Marta Rovira. La decisión será comunicada por la CUP en una rueda de prensa en Barcelona este martes, en la que la Gabriel prevé intervenir por vídeoconferencia.

El equipo jurídico que da apoyo a Gabriel se mantenía a la espera de conocer la decisión del juez sobre los encausados que han declarado este lunes. La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha quedado en libertad, pero la imposición de una fianza para Rovira ha acabado decantando a los cupaires en la idea de que Gabriel se mantenga en Suiza ante el riesgo de acabar en prisión. Los anticapitalistas consideran además que la actuación del Supremo es una "persecución política" contra el independentismo, y así quieren demostrarlo internacionalmente.

El objetivo de la exdiputada y los suyos optando por la vía suiza es abrir un segundo frente para la justicia española en otro país europeo, después de que Puigdemont y los exconsellers que le acompañan consiguieran desde Bélgica que España retirase la euroorden contra ellos. El caso de Suiza tiene diferencias de calado con el de Bélgica, pues el sistema de órdenes europeas no existe al no ser un país comunitario. El equipo de Gabriel considera que España necesitaría demostrar que hubo violencia para conseguir una extradición.

En Suiza no existen los delitos de rebelión y sedición por los que se investiga en el Supremo a Gabriel, pero sí el de secesión. Sin embargo, como ocurre en España con los delitos políticos, la secesión en Suiza implica el empleo de violencia. Los abogados de la exdiputada consideran que este es el punto débil de la justicia española y el que podrían aprovechar para hacer que toda la causa quedase cuestionada en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Gabriel se encuentra en Ginebra ya hace un mes, al menos desde el pasado 21 de enero, y durante todo este tiempo se ha dedicado a preparar su defensa internacional. Para ello los anticapitalistas han trabajado con el abogado Olivier Peter, conocido en España por ser el letrado que consiguió la derogación de la llamada 'doctrina Parot' que se aplicaba contra miembros de ETA condenados por delitos de terrorismo.

Su abogado en España, Benet Salellas, hará tándem con Peter en la defensa de Gabriel, que tendrá un obvio componente internacional y, además, seguirá la estrategia ya comenzada por su compañera Mireia Boya de plantear el juicio en términos políticos. "La persecución política al independentismo toma nuevas formas y alcanza nuevos espacios", aseguró Gabriel este domingo en el primer mensaje enviado desde que revelara que estaba en Suiza.

La defensa de Puigdemont y los exconsellers en Bélgica considera que la salida de Gabriel le beneficia porque Suiza reclamará pruebas de violencia para extraditarla, algo que, a su juicio, España no podrá acreditar. Además, entiende que la diversificación de frentes introduce aún más tensión en el sistema judicial español, que tendrá que lidiar con dos sistemas judiciales europeos diferentes para acreditar los delitos que imputa a los políticos catalanes.

Si desde Bruselas creen que la estrategia de la CUP es complementaria con la suya, también observan el riesgo de que Llarena reactive las euroórdenes, volviendo a comenzar el proceso que quedó abortado cuando el magistrado optó por retirar la petición el pasado diciembre. En el caso de los exconsellers, a los delitos de rebelión y sedición se les suma, entre otros, el de malversación, que siempre ha sido un delito por el que Bélgica podía detenerlos a petición de España, aunque el Supremo perdería entonces la capacidad de enjuiciarles por los delitos más graves.

Sobre Gabriel, sin embargo, no pesa este riesgo de ser acusada de malversación, ya que no ocupó cargos ejecutivos durante la legislatura. Este factor hace que el caso de la exdiputada tenga que ver solo con los delitos políticos de la rebelión y sedición. La elección de Ginebra, como la de Bruselas por los exconsellers, tiene además una dimensión simbólica: es la ciudad en la que se emplaza la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, además de ser la sede histórica de Cruz Roja o de la Sociedad de Naciones.