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¿"Blindar" el Estado laico?

01/12/2009 11:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Una iniciativa de ley trata de “blindar” la condición del estado laico para promover y tolerar el aborto

Círigo

Víctor Hugo Círigo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, es un legislador que ha propuesto iniciativas curiosas y controvertidas. Recordemos una propuesta de ley que presentó en octubre de 2008 cuando fue diputado del Distrito Federal durante la IV Legislatura para legalizar la marihuana y permitir su consumo personal sin ser objeto de inquisiciones judiciales, así como su comercialización y cultivo en hogares para el uso de sus poseedores. Las posturas en contra de la iniciativa no se hicieron esperar: legisladores del PAN y del PRD, el Ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, el arzobispo de México, cardenal Rivera Carrera y líderes de diversos sectores, rechazaron la propuesta de quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno hasta 2009.

Ahora, en su condición de diputado federal, se levanta con un proyecto que trata de “blindar” la condición del estado laico para promover y tolerar el aborto, práctica en la que el Distrito Federal parece quedar en solitario cuando más de 16 estados de la Federación han elevado a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción tipificando la interrupción del embarazo como delito.

En sesión del 24 de noviembre de 2009, Víctor Hugo Círigo Vázquez presentó al pleno de la Cámara Baja el proyecto de decreto que reforma los artículos 3o, 4o, 5o, 24, 40, 115 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su iniciativa parece ser la “plus ultra” de otras propuestas de la legislatura anterior y que enuncia en la propia, sobre la condición laica del Estado para elevarla a nivel constitucional.

Intentando “trascender” a esas propuestas, quiere fortalecer los rasgos de la laicidad de tal manera que las instituciones democráticas “no vean amenazadas su pluralidad y tolerancia”. En consecuencia, dice el autor de la iniciativa, la “laicidad se certifica de manera muy particular en la libertad de cada persona para decidir sobre su propio cuerpo. Este es un hecho que no se puede dejar pasar en esta reforma porque está ineludiblemente ligado a las libertades de pensamiento, religión o convicciones que el Estado debe garantizar a todo individuo bajo su jurisdicción…”

No voy a detenerme en esta controversia sobre la interrupción del embarazo donde la polémica vuelve a encenderse suscitando los encontronazos entre los “defensores” del liberalismo y los que, según, están señalados “por obedecer a la jerarquía eclesiástica”; sin embargo, el reduccionismo y parcialidad de la iniciativa del señor Círigo hará levantar a más de uno la ceja, al observar como, en una doxa falaz, trata de presentar conceptos que en sus significados son equívocos, a pesar de lo que diga la exposición de motivos de la iniciativa al querer justificar que la “Real Academia Española desconoce el término laicidad…”

Laicismo y laicidad no son sinónimos. Hasta la saciedad se han expuesto conferencias, se han publicado estudios, se han hecho tratados que explican lo que significan. La primera doxa falaz de la iniciativa Círigo es esa: confundir a los legisladores y lectores "metamorfoseando" el laicismo para hacerlo aparecer con la cara de la sana laicidad. Con el argumento de que “se ha ido abandonado el término laicismo que se apega a los ismos ideológicos”, hábilmente quiere hacer creer que el laicismo, “o mejor dicho la laicidad” es aquélla que garantiza el respeto a la creencias personales y la vocación neutra del Estado, justificando la intervención estatal “en presencia de una afectación a derechos de terceros provocada por el ejercicio público o privado de algún culto religioso, creencia o dogma”.

La condición laica del Estado, aún cuando no esté plasmada en la Constitución, deja en claro que la entidad política es aconfesional; ningún credo, religión, iglesia o agrupación religiosa es oficial para el Estado y, de acuerdo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, todas las religiones y confesiones con presencia en el país, procurarán el diálogo y respeto entre ellas. Los fundamentos obedecen, en gran medida, a este criterio sobre la separación de los negocios civiles y eclesiásticos. El cesaropapismo podría encuadrarse en esta situación del poder temporal y espiritual que se diluyen en el Estado absoluto donde el monarca tiene la potestad plena; sin embargo, los movimientos sociales, el reconocimiento de los derechos civiles emanados de las revoluciones del siglo XVIII y la reforma del siglo XIX dieron, en definitiva, conclusión a un proceso histórico que desembocó en la separación de lo espiritual y lo temporal.

Esta transformación política no fue pacífica, es de todos sabido. La lucha progresiva por la defensa y reconocimiento de los Derechos Humanos han elevado la libertad religiosa y de conciencia a un nivel que no puede ser irreductible al de la mera intimidad, sencillamente porque el zoon politikon trasciende y hace cultura y, aunque les pese a los defensores del laicismo, la nación mexicana echó raíces en la cultura católica, por lo que la laicidad auténtica debería fomentar las relaciones de cooperación entre el Estado y las agrupaciones religiosas.

Tal reforma, en lugar de facilitar la convivencia, vendría a ser un claro ejemplo de norma ineficaz que tendría lagunas inmensas

La segunda doxa falaz de Círigo Vázquez es hacernos creer que el laicismo que promueve es el de la tolerancia y el respeto para todos los credos. Como otros representantes de la izquierda mexicana, la propuesta del perredista echa por tierra la laicidad que busca, en cualquier nación civilizada y democrática, la promoción de todas las creencias religiosas que son capaces de aportar elementos positivos para el desarrollo comunitario. El laicismo de la iniciativa es el beligerante, el de la nueva “inquisición ideológica” que reduce a las iglesias y religiones a la oscuridad, a las sacristías, al ritualismo; mientras no se muevan de ahí, están perfectas, no estorban, para eso fueron hechas, para quedar en la intimidad de la conciencia, en el espiritualismo etéreo que nada tiene que ver con la realidad. La supuesta modernidad que promueven sus defensores es, en el fondo, un fanatismo ideológico, siendo contradictorio con lo que dicen defender; en otras palabras, el Estado aconfesional adopta una doctrina que suprime la opinión activa y las contribuciones culturales que las religiones han hecho en la historia.

La tercera doxa falaz es hablar del laicismo como garante de la pluralidad democrática. La condición laica vela, sin duda, por el respeto de todos los individuos que conforman un conglomerado social. El verdadero estado laico toma en cuenta las opiniones de los grupos religiosos y permite que la manifestación de sus ideas vaya conformando las bases para el diálogo y debate de los temas nacionales; sin embargo, el discurso del legislador, que no ha sido el único, demuestra su intolerancia velada hacia manifestaciones y opiniones que impliquen convicciones religiosas. De manera concreta, su reforma al artículo 24 de la Constitución quiere adicionar una curiosa frase que, de aceptarse, vendría a ser desafortunada y atentatoria del estado laico democrático y que dice: “Artículo 24. Toda persona es libre para profesar la convicción filosófica o la creencia religiosa que más le agrade y para practicar o no las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley, ni vulneren el principio histórico de separación del Estado y las iglesias a que se refiere el artículo 130 de la presente Constitución.”

La situación actual de la libertad religiosa en México permite la adopción y práctica de la libertad de culto con estas limitaciones: siempre y cuando no constituya un delito o falta penado por la ley. ¿Qué quiere decir el legislador con la última parte? ¿Qué sucedería en las siguientes hipótesis? Si en una reunión religiosa, sin ningún tinte político, se analiza la realidad y las condiciones actuales del crimen, violencia y pobreza, ¿se estaría vulnerando el principio histórico que se alega? Si hay asociaciones religiosas que velen por los derechos civiles, la promoción de la justicia y la defensa de los que menos tienen, trabando relaciones de cooperación con entidades gubernamentales, ¿estaríamos infringiendo la separación de los negocios civiles y eclesiásticos? Si una organización no gubernamental de inspiración cristiana, judía o musulmana o cualquiera que sea, emite opiniones de carácter político, ¿estará violando el precepto constitucional? Si una organización civil, con fundamentos e inspiración religiosa, influye en la sociedad a través de publicaciones y opiniones, ¿estaría al margen de las disposiciones constitucionales?

Tal reforma, en lugar de facilitar la convivencia, vendría a ser un claro ejemplo de norma ineficaz que tendría lagunas inmensas y, sí, desde luego, la promoción de juicios de amparo por violaciones a las garantías individuales.

Otra incoherencia jurídica es la propuesta al artículo 130, inciso e): Los ministros no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra del candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, oponerse al laicismo que en esta Constitución se determina…

Esta última frase engloba las contradicciones de la iniciativa. La exposición de motivos pretende dejar a un lado el “laicismo” por una sana laicidad. En realidad, quiere consagrar a nivel constitucional las pretensiones verdaderas que esconden sus defensores: La doctrina del laicismo agnóstico que sea paradigma de la vida política, el laicismo beligerante que somete las agrupaciones religiosas. ¿No es un derecho de los gobernados oponerse a la norma injusta? ¿Acaso no se puede alegar desobediencia civil si una norma vulnera las garantías? ¿Por qué los ministros del culto deberían obedecer una norma injusta como la que se pretende en esta reforma para no oponerse a un estado ideológico que quiere someter sus opiniones? ¿Y los objetores de conciencia? No quisiera ser exagerado, pero esos capítulos tristes de la historia ya se han visto en otros estados, los totalitarios, los que reprimían y aniquilaban, tan sólo por oponerse al statu quo implantado desde sus leyes fundamentales.

La última doxa en esta iniciativa está encerrada en la frase con la que concluye la exposición de motivos: “La importancia real de la laicidad se certifica de manera muy particular en la libertad de cada persona para decidir sobre su propio cuerpo”. La expresión denota el individualismo extremo que desfasa la esencia del estado laico aconfesional y neutro que no debe influir en las decisiones personales de las cuales cada quien acepta sus consecuencias conforme a los dictados de su conciencia; promover lo contrario es el extremo de lo que el diputado Círigo quiere hacer énfasis para lograr “el Estado libre de imposiciones dogmáticas y de creencias con pretensión universal”, imponer la “creencia” de que la situación ideal de cosas es la realidad pragmática, positivista y agnóstica; al fin y al cabo la unilateralidad de que el mundo funcionaría mejor sin el fardo de las religiones alienantes y supersticiosas, aún cuando los defensores del laicismo aleguen el discurso de la tolerancia y del respeto.

¿Quiénes, en la Cámara de Diputados, apoyarán este "blindaje"?


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Sursum Corda (61 noticias)
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