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Buscan saldar en Tabasco adeudo con indígenas en ámbito legal

10/08/2012 05:02 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) busca saldar un adeudo histórico con las comunidades autóctonas tabasqueñas mediante la habilitación de personal con conocimiento en lenguas indígenas, pero también en el ámbito legal, a fin de procurar a sus habitantes un debido proceso legal y la posibilidad de mayor equidad en el desarrollo de los juicios. Para ello, la instancia de justicia instruye y capacita a 40 personas que podrán cumplir el objetivo de darle a esas minorías mayores recursos de comunicación para garantizarles el derecho de acceder a un proceso acorde, en todos los sentidos, a la ley. Al respecto, el presidente del TSJ, Rodolfo Campos Montejo, señaló que especialistas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en conjunto con la autoridad judicial y de procuración de justicia estatal, acreditaron personal en las lenguas chontal, chol y tzotzil. Recordó que el tema de los traductores autóctonos está previsto en el artículo 2, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de los indígenas al acceso pleno a la jurisdicción del Estado. “Es una deuda que tiene la justicia con los grupos autóctonos de México”, expuso el funcionario sobre el tema en el marco del “Día Internacional de las Comunidades Indígenas”, este 9 de agosto. La Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Tabasco, establece que en los procesos judiciales o en cualquier proceso administrativo que se desarrolle en forma de juicio, si se trata de un miembro de una población indígena que ignore el español, contará con un defensor de oficio bilingüe y que conozca su cultura, recordó. A través de la capacitación mediante el Diplomado de Formación y Acreditación de Intérpretes en Lenguas Indígenas, expuso, se empieza a saldar una deuda con la comunidad autóctona. Asimismo, estableció, contribuye a dar cumplimiento a las convenciones y tratados internacionales que México ha signado en la materia. Recordó que a inicios del año, visitó Tabasco la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul de Albuquerque e Silva¸ quien se reunió en Cupilco, Tabasco, con indígenas. Allí, indicó, le presentaron demandas en materia de respeto a su cultura, acceso a la educación y al deporte, así como la necesidad de contar con intérpretes que los ayudarán en la tramitación de juicios. Además, el avance en este tema se aceleró a partir de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la liberación, en tres casos por separado, de 36 personas acusadas de los asesinatos ocurridos el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, Chiapas. La SCJN, expuso, consideró que no se había cumplido con la garantía del debido proceso, entre otras cosas, porque no contaron con intérpretes. También está el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el llamado caso de la indígena, Me’phaa Valentina Rosendo Cantú, ocurrido el 16 de febrero de 2002 en Guerrero, que precisa la falta de políticas que garanticen el acceso a la justicia de las comunidades autóctonas. De igual forma, refirió la demanda contra el estado de Yucatán en el caso del maya Ricardo Ucán Seca, condenado a 22 años de cárcel en Tekax, luego de un procedimiento penal en el que le fueron violados sus derechos básicos. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jesús Manuel Argáez de los Santos, señaló que en el sistema jurídico mexicano no se puede permitir que su ejecución sea motivo de angustia, coraje, desprecio o de intimidaciones para los pueblos indígenas. Brindar mayor certeza jurídica a las comunidades indígenas es reafirmar que cada hombre y mujer de cualquier etnia será un ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos, iguales ante la ley, y con una digna condición de vida, apuntó. El titular de la CEDH recordó que en 1999, la Conferencia General de la ONU reconoció a las lenguas maternas como patrimonio inmaterial de la humanidad, mientras la Unesco advirtió que el 50 por ciento de las seis mil lenguas que hay en el mundo están en peligro de desaparición. En referencia al premio Nobel de la Paz 1993, Nelson Mandela, Argáez de los Santos aseveró que la democracia exige que los derechos políticos y de las minorías se resguarden y los pueblos autóctonos constituyen una minoría que necesita que sus derechos sean respetados.

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