La ministra portavoz de Gobierno, Cecilia Pérez, aseguró hoy que el Gobierno protegerá a los verdaderos exonerados políticos y perseguirá a los que defraudaron al programa de reparación que beneficia a quienes perdieron sus trabajos en dictadura. Ministra Cecilia Perez

"En Chile existió dictadura y la dictadura, entre otras cosas dolorosa para nuestro país, provocó la pérdida de miles de trabajos de personas que tenían una filiación política determinada. Esos son los verdaderos exonerados y nuestro Gobierno los va a proteger", enfatizó.

Pérez aseguró que el Ejecutivo va a seguir cumpliendo con los beneficios que en su minuto tuvo la Ley de Exonerados Políticos, pero advirtió que "hay que perseguir, con toda la fuerza de la ley, a los falsos exonerados".

El pasado 5 de junio, la Corte Suprema de Chile designó a la jueza Mireya López para que investigue las irregularidades detectadas en la entrega de beneficios y pensiones a unas 3.000 personas que supuestamente perdieron su trabajo por razones políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La polémica arrancó en los últimos días de mayo cuando se conoció un informe de la Contraloría, que revisó más de 9.000 expedientes de entre las más de 74.000 personas que recibieron beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS) en 2011.

La Contraloría concluyó que casi 3.000 personas no cuentan con los requisitos que establece la ley para ser calificados como exonerados políticos, personas que perdieron su trabajo por razones políticas.

Entre los casos detectados, 1.187 corresponden a extrabajadores de partidos políticos, principalmente del Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), que fueron proscritos después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El resto corresponde a trabajadores de empresas que, según la Contraloría, nunca fueron intervenidas por el régimen militar, como exige la ley.

Además, el organismo puso en duda el pago de unos 60 millones de dólares a casi 6.000 ciudadanos que no cumplían los requisitos para recibir pensiones vitalicias.

Estas pensiones se aprobaron durante los Gobiernos de Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010) y de Sebastián Piñera, el mandatario actual.

La ministra portavoz de Gobierno, señaló que seguramente por culpa de los falsos exonerados "muchos beneficios de los verdaderos exonerados hoy día son menores a los que podrían tener", y agregó que son muchas las personas que tendrán que responder ante la justicia por sus actuaciones en este caso.

La ministra chilena del Trabajo, Evelyn Matthei, aseguró hace unos días que en los últimos dos Gobiernos de la Concertación se hizo un programa "para defraudar" al Estado.

Evelyn Matthei

A pesar de que el informe de la Contraloría puso el tema en el tapete, la polémica por la entrega de compensaciones a falsas víctimas de la dictadura no es nueva.

En 2008, el presidente de la Comisión Unitaria de Exonerados, Raúl Celpa, denunció la existencia de 100.000 personas que reciben beneficios fiscales sin cumplir los requisitos.

Tres años después, el asunto adquirió notoriedad de nuevo y los parlamentarios de la derecha en el Gobierno impulsaron una comisión investigadora que llegó a la conclusión de que existían irregularidades, pero no responsabilizó a ninguna autoridad.