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Citigroup anunció este martes que invertirá más de 1.000 millones de dólares hasta 2020 en Banamex, su filial mexicana, y la rebautizará Citibanamex, tras los escándalos de fraude revelados en 2014.
El plan incluye un fortalecimiento de su presencia física en México, con 2.500 nuevos cajeros automáticos y un centenar de nuevas "sucursales digitales", en las que suele haber unos pocos trabajadores y varias pantallas dactilares para acceder a los servicios.
Citibanamex también mejorará su infraestructura informática para ofrecer mejor servicio de banca digital desde computadoras personales y smartphones, así como una sucursal especial para los clientes prioritarios y los pequeños y medianos negocios.
El cambio de nombre es una muestra de que la institución neoyorquina recuperó el control efectivo de sus actividades en México.
"Estas inversiones en Citibanamex reafirman nuestro compromiso con México y nuestra confianza en sus perspectivas", dijo el director ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat.
"Nuestro objetivo no es ni más ni menos que crear un banco de última generación en México, totalmente centrado en ofrecer una experiencia más rica, inteligente e intuitiva a todo el mundo que tiene negocios con nosotros", agregó.
Citigroup adquirió Banamex en 2001 y actualmente tiene unas 1.500 sucursales en México, 7.500 cajeros automáticos y 5, 7 millones de tarjetas de crédito.
El grupo no indicó si estas innovaciones implicarán la supresión de puestos de trabajo.
Tampoco se refirió a la investigación que tiene en marcha el Departamento de Justicia estadounidense contra Banamex, golpeada desde 2014 por dos sonados casos de fraude.
En uno de ellos, Banamex prestó dinero a empresas mexicanas que se hacían pasar por subcontratistas del grupo público Pemex, antes de que se revelara que el gobierno mexicano había dejado de concederles contratos.
El fraude costó a Citigroup unos 235 millones de dólares.
El julio de 2015 Citigroup cerró la rama estadounidense de Banamex y pagó una multa de 140 millones de dólares a una agencia estatal de California debido a las persistentes violaciones del secreto bancario federal y de las normas sobre lavado de dinero.
