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Podrá CNBV objetar proceso de valuación de calificadoras

25/12/2011 07:03 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) podrá objetar los procesos de las empresas calificadoras para dictaminar la calidad crediticia de los valores o clientes, de acuerdo con la nueva normatividad que regirá a las evaluadoras presentada ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). De acuerdo con la propuesta, el organismo regulador y supervisor podrá intervenir cuando los procesos o procedimientos no incluyan los requisitos determinados en las propias disposiciones. La normatividad se presenta luego de que durante la crisis de 2008 y hasta a la fecha se pusiera a debate el trabajo de las calificadoras, al atribuírseles cierta responsabilidad en cuanto a la mala calidad de activos de algunas instituciones financieras. Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings son las principales calificadoras internacionales de riesgo crediticio, y juntas controlan alrededor de 90 por ciento del mercado de calificaciones de empresas y países. Un propósito más del nuevo marco normativo de estas empresas es la actualización de los requisitos para obtener la autorización para la organización y operación de las instituciones calificadoras. Así, deberá ir acompañado de un código de conducta que contenga los principios que rijan la actuación de las calificadoras, de los consejeros y directivos o personal técnico involucrado en el estudio, análisis, opinión, evaluación, dictaminación y seguimiento de la calidad crediticia de los valores o clientes, respecto de los cuales presten sus servicios. También, las relaciones de la propia institución con sus clientes, inversionistas y demás participantes del sistema financiero, a fin de que dichas relaciones se conduzcan de manera equitativa, honesta y con apego a las sanas prácticas del mercado. Deberán robustecer sus disposiciones relativas al estudio, análisis, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia de los valores o clientes, a fin de eliminar conflictos de interés que pudieran surgir entre el cliente y la propia institución durante el proceso correspondiente. Además, establecer otros requisitos para el dictamen de la calidad crediticia de ciertos valores como consecuencia del desarrollo y sofisticación de los mercados financieros, tales como los valores respaldados por activos. Se definirá también la obligación de contar con mecanismos de control y seguimiento que aseguren que sus procesos y metodologías para el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia de valores o clientes se lleven a cabo con independencia y calidad, a fin de reforzar la confianza y credibilidad de los inversionistas en los dictámenes que emiten las calificadoras. Otra obligación será prever diversos mecanismos para el intercambio de información o aclaraciones entre las instituciones calificadoras y los clientes que hayan contratado sus servicios; y contar con mecanismo que les permitan identificar y eliminar cualquier conflicto de interés que pudiera influir en las calificaciones que otorgan. En el nuevo marco también deberá establecerse la periodicidad con que las calificadoras deberán remitir a la CNBV diversa información relativa a su actividad, estructura, y calificaciones otorgadas. Igual, respecto de las modificaciones en sus políticas y procedimientos para el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación sobre la calidad crediticia de valores o clientes, agregó. Tendrán obligación de revelar información al público inversionista mediante comunicados de prensa relativos a las calificaciones que otorguen, facilitando así la toma de decisiones de los propios inversionistas. Así como determinar el envío de la información de las instituciones calificadoras de manera electrónica, proporcionando para ello un sistema de transferencia de información vía electrónica. El objetivo es agilizar la presentación de dicha información que están obligadas a proporcionar, tanto a la CNBV como al público inversionista, y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de revelación de información de dichas instituciones.


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