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Coahuilenses rechazan que se autorice préstamo al gobierno estatal

08/10/2013 18:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Ante la deuda por 32 mil millones de pesos que dejó el ex gobernador Humberto Moreira Valdés sería un acto de irresponsabilidad criminal contraer nuevos empréstitos

Por Juan Elizalde Lara

“El que con leche se quema hasta al jocoque le sopla” señala un refrán popular que explica el rechazo de los coahuilenses al anuncio de Rubén Moreira Valdez de que su administración buscará un préstamo por 1, 500 millones de pesos para pagar la deuda con proveedores.

Esa deuda subsiste desde la administración de Humberto Moreira Valdés, se trata principalmente de pagos que no se realizaron a constructores que invirtieron parte de sus posibles ganancias para llevar a cabo esos proyectos y que al dejarlos "colgados de la brocha" hoy se encuentran en quiebra.

Los coahuilenses debíamos hasta agosto 35 mil millones de pesos, 700 menos que la deuda heredada por la anterior administración de Humberto Moreira Valdés y que se mantiene prácticamente igual no obstante que en los dos últimos años se han destinado más de cuatro mil millones a su servicio.

En las semanas recientes se desvió la atención de los coahuilenses de la deuda pública estatal pero resurgió al mencionarse el nombre del ex gobernador interino Jorge Torres López como presunto autor del desvío de 2.8 millones de dólares y lavado de dinero que investigan autoridades de Estados Unidos.

Los norteamericanos detectaron una cuenta en Bermudas a nombre del ex alcalde de Saltillo y ex gobernador de Coahuila Jorge Torres López por valor de 2.8 millones de dólares que aseguran provienen de recursos públicos por lo que se habla incluso de lavado de dinero.

Los movimientos bancarios se realizaron en 2008 cuando Torres López era Secretario de finanzas de Coahuila, lo que hace factible que el dinero podría proceder del erario estatal. Torres y Villarreal tuvieron reuniones con los banqueros para tramitar la apertura de las cuentas.

Hay evidencias de que más allá del dinero que el ex gobernador interino pudo haber obtenido de negocios lícitos, una parte importante de su fortuna podría provenir de la enorme deuda que los coahuilenses heredamos del gobierno de Humberto Moreira Valdés y de la que se señala como principal autor a Javier Villarreal Hernández.

Informes obtenidos de sitios dedicados a la integración de bases de datos empresariales indican que Torres López y su familia –su esposa y dos hijas- son propietarios de una empresa  con sede en la ciudad texana de Houston y que por sus características podría tacharse de fantasma.

La empresa en Houston de Jorge Torres López se denomina  “Toya L. C. C.” fundada en 2010, que tiene como domicilio una lujosa residencia en la que no funciona ninguna empresa y a lo que se antojaría preguntar la razón por la que el ex alcalde de Saltillo y ex gobernador interino habría fundado una empresa inexistente.

Lo que ocurre con Jorge Torres López echa por tierra la creencia que algunos exponían en el sentido de que en los puestos de gobierno eran necesarios empresarios, con su situación económica resuelta, con lo que no tendrían necesidad de robar y sus estudios en universidades extranjeras harían de ellos funcionarios mejor capacitados.

La realidad nos muestra que políticos de carrera o empresarios metidos a políticos, si los ponen donde hay no pueden sustraerse a robar, la mejor prueba de lo que se afirma la tenemos los habitantes de Torreón con el alcalde en funciones Eduardo Olmos Castro, lo que se reafirma hoy con el "lavado de dinero" del que se culpa a Jorge Torres López.

Tan pronto se informó de la investigación iniciada en Estados Unidos Jorge Torres López aseguró que el origen de su fortuna es lícito y producto de una vida de trabajo, pero los coahuilenses ante los hechos recientes no podemos hacer otra cosa que sospechar  que no podrá demostrar lo que dice.

La investigación iniciada contra Jorge Torres López pone la mesa para la especulación y el cuestionamiento contrariando el principio de que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre otra cosa debido a la antigua tradición de corrupción en México. 

Quienes pasan por el servicio público -indica la experiencia en el país- aprovechan su posición para enriquecerse o incrementar sus haberes, lo que se reafirma por el hecho de haber formado parte de una administración responsable del mayor escándalo financiero ocurrido en Coahuila y uno de los mayores en la historia reciente de México.

Antes de un linchamiento mediático hay que esperar que el ex funcionario aclare la situación, mientras, lo sucedido obliga a recordar los señalamientos que se han hecho en Estados Unidos al considerar a Jorge Torres López y Javier Villarreal Hernández como parte de una red de lavado de dinero.

Mientras no se castigue a los autores de la megadeuda de Coahuila y a Humberto Moreira Valdés como principal responsable, el asunto seguirá ocupando las ocho columnas de los periódicos, los espacios estelares en los medios electrónicos y en Internet, donde es una de las informaciones más buscadas y leídas.

En lo de la inseguridad y la deuda pública, la administración estatal de Rubén Moreira Valdez ha buscado darle la vuelta a la página, pero la realidad se impone y según transcurre el tiempo se conocen más detalles y nuevos protagonistas.

Cuando el interés decae ocurren situaciones que reavivan la indignación de los ciudadanos, lo más reciente fue la negación del amparo y protección de la justicia federal al ex titular del SATEC Javier Villarreal Hernández, a quien se considera el principal artífice de la deuda millonaria.

A Villarreal se le acusa de haber falsificado y publicado los decretos 476 y 318 del Congreso de Coahuila los que se utilizaron para tramitar ante la Secretaría de Hacienda créditos por más de tres mil millones de pesos, asunto por el que tiene pendientes en su contra dos órdenes federales de aprehensión.

La autoridad que negó el amparo a Héctor Javier Villarreal Hernández fue el Juzgado Segundo de Distrito en Saltillo, el ex tesorero pretendía la protección federal en contra del auto de formal prisión dictado el 2 de diciembre de 2012 por el delito equiparado al fraude en su modalidad de simulación de acto jurídico. 

De acuerdo al expediente, Villarreal sería el responsable de la falsificación y publicación de dos decretos del Congreso local para tramitar ante la SHCP créditos por valor de más de 3 mil millones de pesos y por lo cual tiene en su contra dos órdenes de aprehensión pendientes.

El consejo de la Judicatura explicó mediante un comunicado la negativa de amparo y protección de la justicia federal. El juzgado realizó una anotación al respecto, en la que se explica que se negó el amparo al no poder el juez controvertir lo ya establecido bajo los lineamientos de la ley.

Casi al mismo tiempo –con unos días de anticipación- se inició la investigación acerca de la cuenta por 2.8 millones de dólares de Jorge Torres López. Villarreal es investigado porque se le detectó una cuenta por más de 2 millones de dólares.

Un hecho que salta a la vista es que durante mucho tiempo Torres López fue el jefe directo de Javier Villarreal lo que hace factibles los señalamientos del senador panista Luís Fernando Salazar Fernández en el sentido de que el dinero en los dos casos siguió la misma ruta para terminar en Bermudas.

Detectan cuenta por 2.8 millones de pesos al ex gobernador Jorge Torres López y lo acusan de lavado de dinero

Con la justificación de que las autoridades de los Estados Unidos no solicitaron la colaboración de la Procuraduría General de Coahuila el titular de la dependencia Homero Ramos Gloria dijo que en Coahuila no se inició una averiguación previa penal contra Jorge Torres López.

Si se abrió un acta circunstanciada “para concentrar lo que estime el Ministerio Público ir diligenciando, así como incluir lo que publiquen y difundan los medios de comunicación en relación a este caso”. Agregó Ramos Gloria que existen diversas diligencias ministeriales en el procedimiento, “cuyos resultados se darán a conocer en su momento”.

La apertura del acta circunstanciada ocurrió tan pronto se conoció por un periódico de los Estados Unidos que Jorge Torres López –quién sustituyó a Humberto Moreira en el gobierno de Coahuila- tenía una cuenta bancaria por 2.8 millones de pesos en una institución financiera de las Bermudas.

El ex gobernador interino es señalado por fiscales de la Corte de Corpus Christi del delito de “lavado de dinero” en complicidad con el ex tesorero Javier Villareal Hernández. 

Al pedir a Ramos Gloria más información sobre el tema dijo que no hay ninguna investigación en contra de Torres López porque hasta este momento no se ha pedido la colaboración de la dependencia a su cargo para indagar al ex mandatario interino. "… con el acta circunstancia le estamos dando seguimiento al caso". 

La PGJE no ha recibido ninguna denuncia donde se acuse a Jorge Torres López, añadió.

Fue hasta el pasado viernes 4 de octubre cuando arrancó una investigación en Coahuila, la averiguación previa se inició para determinar la situación de las cuentas atribuidas al exmandatario en Estados Unidos. 

La denuncia contra Jorge Torres López se encuentra radicada en un Juzgado del Distrito de Corpus Christi y en ella se relaciona al ex gobernador de Coahuila con Héctor Javier Villareal Hernández –actualmente prófugo de la justicia-, en actividades de lavado de dinero.

Hasta ahora, el Gobierno del Estado no ha intervenido en los procesos judiciales para reintegrar a las arcas estatales los 2.3 millones de dólares que se aseguraron a Villarreal Hernández en Bermudas. 

En abono a la credibilidad del gobierno es urgente transparentar la deuda de Coahuila y castigar a los culpables, la sociedad merece enterarse del asunto con todos sus detalles, debe concluir la impunidad de los defraudadores, que viven en el extranjero en medio de lujos, mientras en Coahuila se elevan los impuestos y se carece de empleos.

El asunto ha sido aprovechado por dirigentes políticos de la oposición para llevar agua a su molino.

Uno de ellos Bernardo González Morales, Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional quien condenó que los indicadores de pobreza dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el estado se hayan elevado considerablemente mientras la deuda heredada por Humberto Moreira Valdés sigue generando estragos sociales en la entidad.

Explicó el dirigente que para el PAN es una pena que los indicadores del CONEVAL no marquen algo positivo, al contrario, es condenable ver a un estado grande en industria padeciendo pobreza a causa de la irresponsabilidad de un gobierno.

Lamentó: “Es condenable ver a un estado que pudiera ser potencia nacional por su industria en miseria, vemos en Acción Nacional con desconsuelo como por los excesos de Humberto Moreira existen 799 mil 300 personas en situación de pobreza y 92 mil 700 personas en pobreza extrema”.

Consideró como una ofensa a los coahuilenses que el CONEVAL no mencione nada que beneficie a Coahuila, hoy nuestro estado se ve afectado con datos duros en seguridad social, en calidad y espacios en la vivienda, lo mismo que por la falta de acceso a una buena alimentación.

Los rubros que más se presumieron en la anterior administración estatal son los más deficientes en la actualidad, por ejemplo en rezago educativo hay 358 mil 100 jóvenes y niños sin acceso, en seguridad social son 982 mil 500 personas en carencia, es decir casi una tercera parte de la población de Coahuila no cuenta con acceso a la seguridad.

En lo que se refiere a calidad y espacios en vivienda hay 154 mil 500 coahuilenses afectados, el peor ejemplo de esto se da en carencia alimentaria, donde existen 606 mil coahuilenses sufriendo a diario, todos estos datos han sido publicados por el Consejo Nacional de Evaluación.

Los datos negativos del CONEVAL lo que revelan es que todo el dinero desviado por la megadeuda no sirvió para nada, por lo que los militantes de Acción Nacional no descansarán hasta conocer el destino de los recursos del mayor fraude en la historia de Coahuila.

 Estas lamentables cifras nos convencen de que “los beneficiados con dicho atraco fueron unos cuantos”.

Por su parte el diputado federal panista Guillermo Anaya Llamas urgió a las autoridades federales y estatales a realizar lo que corresponde para que el dinero que se presume tiene relación con el “moreirazo” se devuelva a Coahuila para utilizarlo en el pago de la deuda pública.

Explicó el legislador que el pasado martes presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados exigiendo a las autoridades iniciar las gestiones para lograr que esos fondos se reintegren a las arcas de Coahuila. 

“La Procuraduría General del Estado, la Procuraduría General de la República y Relaciones Exteriores deben ponerse las pilas y hacer las gestiones necesarias ante el gobierno estadounidense para que se regrese ese recurso". 

Es vergonzoso –destacó-  que sea el Gobierno de Estados Unidos el que esté incautando el dinero que fue sustraído ilegalmente por los funcionarios estatales.

Por lo publicado en los diarios acerca de la investigación que se realiza en Estados unidos “tenemos conocimiento de 2 millones de dólares que se llevó Javier Villarreal y de 2.8 millones de dólares del exgobernador Interino Jorge Torres".

Recordó que constructores de Coahuila han perdido parte de sus ganancias al financiar varias obras que después no liquidó el gobierno de Coahuila, “hay muchas constructoras en varios municipios que no se les ha pagado su trabajo”.

Esas empresas fueron llevadas a la quiebra por el gobierno de Coahuila y con mucho sacrificio están tratando de recuperarse de las pérdidas por el financiamiento de las obras que no se les pagaron.

Finalmente Guillermo Anaya urgió a las autoridades municipales a dejar saldadas sus deudas antes de concluir la administración y solicitó al Congreso de Coahuila que bajo ninguna circunstancia autorice nuevos préstamos, ya que sería una lástima volver a tener problemas de endeudamiento.


Sobre esta noticia

Autor:
Juan Elizalde Lara (9 noticias)
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Opinión
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