Desde la instauración de los primeros ayuntamientos democráticos en 1979, los comicios municipales de mayo de 2019, serán las doceavas elecciones que se celebran en el ámbito local, y cuando faltan solo 20 semanas  para ello, su relevancia hace que   con anticipada antelación circulen  a través de la mass media diversidad  de  datos demoscópicos  sobre la intención de voto, aun cuando a estas alturas más de la mitad de los electores todavía no se tienen decantado sobre a quién votar.

En las elecciones municipales anteriores, celebradas  el 24 de mayo de 2015, las urnas constataron que la mayoría de la  sociedad española quería acabar con el modelo tradicional de "hacer política municipal", tal fue así, que los dos principales partidos que en alternancia gobernaron los consistorios  desde la transición, llegaron a perder en aquellos comicios 3 millones de votos y más de 4000 concejales, resultados que por su marcada contundencia evidenciaban el declive del bipartidismo, que además de derrotado retrocedía inclusive en sus feudos más inquebrantables.

Aquella hecatombe electoral facilitó la entrada en escena de una nueva forma de hacer política que bajo la denominación común de Ayuntamientos del Cambio, los integrantes de la  nueva tendencia demostraron con hechos ser eficientes gestores de lo público, pues además de aplicar modelos de gobierno para la ciudadanía, lograron bajar la deuda pública al renunciar a gastos superfluos, suprimir dispendios en protocolos y publicidad, al igual  que con la total supresión  de los   “excesos faraónicos” de sus antecesores.

Consecuciones alcanzadas con escrupuloso respeto a la legalidad y a pesar de los impedimentos legislativos del Ejecutivo de turno, que además de limitar la autonomía municipal impuso serios obstáculos económicos en línea a impedir los necesarios procesos de transformación.

Razón más que sobrada para renovar en los comicios que se avecinan la confianza en quienes con su eficiencia e integridad ganaron tan merecido  reconocimiento.

Es por eso que cara a los comicios del 26M, los electores, antes de emitir su voto, en  consecuencia,   deben tener presente que fue ese mismo bipartidismo, con sus gobiernos de alternancia, los que desde la Transición obstaculizaron   toda posibilidad de acceso a cambiar las cosas en ventaja del interés general, no importándoles perder la legitimidad obtenida en las urnas por incumplimiento de los compromisos contraídos, con la exclusiva finalidad de gobernar para las élites e intereses espurios  en detrimento del bienestar del conjunto de la  ciudadanía.

Total actitud de desprecio por parte de quienes alejados de todo código de conducta no repararon en quebrantar sus compromisos electorales sin importarles lo más mínimo socavar el patrimonio público y  que los directos afectados por sus indolencias y trapicheos se vieran  obligados a vivir económica y socialmente al límite de sus posibilidades.

Ante este embate de marcada reactivación fascista, las fuerzas progresista concurrentes deben confluir en respuesta ante esta amenaza involutiva

Bastando para refrendar  lo dicho  la  reciente sentencia del Tribunal de Cuentas, que a demanda de la actual Alcaldesa de Madrid  Carmena,   condena a su antecesora en el cargo Ana Botella (Partido Popular) por el grave hecho de malvender de forma irregular viviendas públicas a fondos buitre “sin pliegos, sin concurrencia, sin realizar una tasación inicial y  con precio de venta  inferior al mínimo jurídicamente exigible”.

Siendo de significar  para mayor nivel  de escándalo,   que la empresa de la que es consejero José María Aznar Botella, hijo del ex presidente del Gobierno  y la ex alcaldesa en cuestión, "está directamente relacionada" con el fondo buitre Blackstone y las sociedades instrumentales que compraron  a “precio de rebajas” las referidas viviendas.

No debe entenderse por tanto   como aleatorio el hecho de traer a colación las maniobras delictivas  desarrolladas por este clan familiar a la sombra de la administración pública  y cuya continuidad quiere prorrogar ahora el ex mandatario   retomando el control político de la derecha española.

Por tanto al hilo de los hechos, cara  a los comicios municipales  del 26 de mayo, nadie en sus cabales debe dejarse influir  por los mensajes subliminares de quien dice estar dispuesto a apadrinar un gran  pacto de gobernabilidad  de la derecha, es decir, entre el PP, Ciudadanos y Vox, un triunvirato que disfraza sibilinamente de solución a través de su  fundación FAES( financiada igualmente con fondos públicos), que utiliza para la ocasión como altavoz    de agitación  y propaganda  contra las fuerzas democrática  que en intencionada descalificación viene a denominar “extremismo de izquierdas”

Ante este embate de marcada reactivación fascista, las fuerzas progresista concurrentes  deben confluir en respuesta ante esta   amenaza involutiva estableciendo un tratado entre candidatos, rubricando no pactar con formaciones de extrema derecha ni partidos que gobiernen gracias a su apoyo, que  además debe  incluir su reafirmación de los derechos de las minorías, la puesta en  valor todo lo relacionado con la laicidad,   la multiculturalidad y el feminismo, y su defensa a los  derechos fundamentales de la ciudadanía, entendido todo ello como un compromiso de reafirmación democrática, .

O lo que es lo mismo, una condena  contra todos aquellos que avivan el odio utilizando discursos retrógrados y nostálgicos del pasado dictatorial