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Confirma TEPJF decisión de tribunal local en caso Luisa María Calderón

09/03/2011 14:16 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Michoacán, respecto a la negativa a adoptar medidas cautelares contra Luisa María Calderón Hinojosa. Durante la sesión, el pleno de la Sala Superior del Tribunal federal aprobó por unanimidad el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado José Alejandro Luna Ramos, respecto a la medidas cautelares solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática. El PRD pidió que la aspirante panista a la gubernatura de Michoacán se abstenga inmediatamente de realizar actos anticipados de precampaña o campaña relacionados con la elección que se llevará a cabo el 13 de noviembre próximo en aquella entidad federativa. Aunque el magistrado Flavio Galván Rivera emitió una reserva en cuanto a la argumentación del caso, votó a favor de confirmar la resolución emitida del Tribunal Electoral del estado de Michoacán. De acuerdo con el proyecto, es correcto que se negaran las medidas cautelares, pues los hechos que se imputaban constitutivos como actos anticipados de campaña ya se habían consumado, y la solicitud de medidas precautorias es improcedente tratándose actos futuros e inciertos. En ese documento se concluye que no es factible otorgar las medidas cautelares, porque en la propaganda denunciada no se advierte que se esté promoviendo a Luisa María Calderón Hinojosa, para considerar esa propaganda como actos anticipados de campaña de esa persona. Asimismo, porque la Sala Superior ha sustentado el criterio de que los partidos pueden utilizar la información derivada de los programas sociales, en ejercicio del derecho que les concede la legislación, para realizar propaganda político-electoral como parte del debate público. En otro asunto, por mayoría de votos revocó el acuerdo emitido por el Instituto Electoral de Guerrero (IEG), mediante el cual se aprobaron los lineamientos para garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de réplica y aclaración en materia comicial. En el proyecto elaborado por la magistrada María del Carmen Alanis se establece que aunque el instituto local tiene la facultad de emitir dichos lineamientos, los aprobados por esa autoridad exigen como requisito a quien solicita réplica en algún medio, aportar pruebas para comprobar los hechos que denuncia. Los magistrados Constancio Carrasco, Manuel González, José Alejandro Luna, Salvador Nava y Pedro Esteban Penagos, coincidieron en que la réplica es un derecho fundamental que no puede estar sujeto a ese tipo de limitaciones por una autoridad administrativa. El magistrado Flavio Galván consideró que este caso debía ser resuelto en primera instancia por el Tribunal Electoral de Guerrero y no por la Sala Superior del TEPJF, por lo que presentó un voto particular al respecto. En otro caso, el pleno del TEPJF revocó dos sanciones que el Consejo General del IFE impuso al Partido de la Revolución Democrática (PRD), por culpa in vigilando, por no deslindarse de declaraciones que hizo su entonces candidato a gobernador en Durango, José Rosas Aispuro Torres. En sus respectivos proyectos de sentencia, los magistrados Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López coincidieron en que no se demostró la responsabilidad indirecta del partido del sol azteca, por lo que se pronunciaron por dejar sin efecto las multas. En el recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-176/2010, la Sala Superior revoca la determinación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), porque desconoció el principio de presunción de inocencia a favor de un partido político. El Consejo General estableció el alcance del deber de cuidado del partido sobre la conducta de sus dirigentes, militantes y como simpatizantes, en forma indiscriminada o automática. En la misma, sin considerar que el instituto político pudiera prevenir la realización de la conducta cometida o, si ya se había realizado, deslindarse o desvincularse de manera oportuna y eficaz. En el caso, la Sala Superior concluyó que era necesario atender al contexto en que hubiera incurrido la irregularidad para establecer la responsabilidad indirecta del partido sobre la conducta de terceros. En el asunto se privilegió la libertad de expresión y el debate entre los actores de una contienda electoral, pero Luna Ramos votó contra los proyectos, por considerar que las expresiones denunciadas sí infringían el marco legal, y se pronunció por confirmar las sanciones. En la sesión pública, la Sala Superior resolvió 13 medios de impugnación: un asunto general; siete juicios, uno para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano y seis de revisión constitucional electoral; y cinco recursos, de los cuales cuatro fueron de apelación y uno de reconsideración.


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