El Congreso mexicano aprobó modificaciones a la ley anticorrupción tras un veto presidencial de un artículo que obligaba a particulares que tienen contratos con gobiernos o reciben becas o ayudas a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses.

Las modificaciones fueron votadas el pasado lunes por el Senado y este miércoles por la Cámara de Diputados, con lo que la ley ya fue enviada al Ejecutivo para su publicación, informó el Congreso.

La ley anticorrupción, que forma parte de una paquete de siete aprobadas a mediados del mes pasado, fue vetada parcialmente el 23 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto, quien consideró "excesivas" las obligaciones que contemplaba para particulares.

Esta parte de la ley fue duramente criticada por empresarios, que incluso realizaron una insólita manifestación en Ciudad de México.

Según el equipo jurídico de la presidencia, la declaración de particulares "en nada ayudaría a combatir la corrupción y en todo perjudicaría su vida privada y pondría en riesgo sus derechos humanos".

Las siete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción fueron aprobadas en medio de reclamos de que los proyectos originales fueron modificados restándoles efectividad.

Apoyada por más de 600.000 firmas ciudadanas, una de las leyes establecía el llamado "tres de tres", que obligaba a servidores públicos a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

La propuesta fue aprobada, pero se incluyó un enunciado que exenta a los funcionarios a presentar su "tres de tres" cuando "pueda afectar la vida privada o los datos personales" de los servidores públicos".