El Congreso guatemalteco aprobó la noche del martes una resolución no vinculante en la que se niega que haya existido genocidio en Guatemala, desatando una polémica por el proceso abierto por ese delito contra el exdictador Efraín Ríos Montt.

La iniciativa, propuesta sorpresivamente por un congresista afín al militar retirado, fue aprobada por 87 de los 158 diputados e insta a los poderes del Estado a propiciar la reconciliación y la paz después de 17 años del fin del conflicto armado de 36 años (1960-1996).

"La legislación imperante da cuenta que los elementos que conforman los tipos penales resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio durante el enfrentamiento armado", indica el documento.

Un tribunal condenó el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio a Ríos Montt, por la matanza de 1.771 indígenas mayas ixiles durante su régimen de facto (1982-1983).

Diez días después, la máxima entidad judicial del país anuló la sentencia alegando errores procesales y luego ordenó un nuevo juicio para el 5 de enero de 2015, paralelamente a un proceso de solicitud de amnistía que inició el exdictador ante la misma corte.

El ponente de la iniciativa, el diputado derechista Luis Pérez, quien ganó una curul por el partido fundado por Ríos Montt, el Frente Repúblicano Guatemalteco, argumentó que es necesario trabajar por la reconciliación en el país y "olvidar el pasado".

"El punto resolutivo lo que habla es que el juicio (contra Ríos Montt) ha abierto de nuevo las heridas, polarización y confrontación", insistió el legislador.

Otros diputados y grupos humanitarios rechazaron la decisión al considerarla una afrenta a las víctimas de la guerra y una intromisión al poder judicial.

"Como representante de víctimas hemos respetado el proceso (contra Ríos Montt), pero si el Congreso hace eso sería un revés muy grande" en la lucha contra la impunidad, dijo el querellante Edgar Pérez.

Amílcar Pop, diputado de la exguerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, consideró que la decisión del Congreso "fortalece la impunidad y la violación" de derechos humanos.

El régimen de facto de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos de la guerra que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, según un informe de la ONU.