El Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley presentada conjuntamente tras haberlo acordado unas horas antes por PP y PSOE sobre violencia de género. El texto, que ha sido apoyado por unanimidad (los 344 diputados y diputadas presentes han votado a favor), sienta las bases del que será un futuro pacto de Estado sobre el tema.

Pero el consenso en la votación ha estado precedido por las intervenciones de los grupos, que han apuntado a la necesidad de revertir los recortes. No solo en prevención de la violencia machista, que ha visto mermados sus recursos un 26% desde 2010, sino también en dependencia o educación. De hecho, uno de los puntos del acuerdo contempla dotar "suficientemente las partidas presupuestarias".

"Los recortes del PP han hecho que las mujeres vivamos peor, si no tenemos independencia económica, no podemos poner denuncia", ha afirmado la diputada de En Marea (Unidos Podemos) Ángela Rodríguez. Su grupo asegura haber apoyado la iniciativa porque supone la puesta en marcha de una subcomisión en la que se articulará el pacto.

"Ahí es donde debatiremos en qué términos se da", afirman. Así, los grupos se han comprometido a crear esta subcomisión antes de final de año, que elaborará un informe para identificar y analizar "los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género" y proponga actuaciones concretas.

Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos han presentado enmiendas al texto, algunas de las cuales han sido aceptadas. La ley de violencia de género, ha afirmado la portavoz de Ciudadanos Reyes Rivera, "lleva vigente más de diez años y las estadísticas nos dicen que el número de asesinadas no se reduce". La mayoría de mujeres, ha proseguido, no denuncia. "¿Qué ocurre? ¿No será que se ha judicializado en exceso el procedimiento?".

En el texto se incluye la ampliación del concepto de violencia de género a otros tipos de violencia que excedan el ámbito de la pareja o expareja, que es lo que actualmente contempla la ley integral aprobada en 2004. Ya a finales de octubre, la Comisión de Igualdad aprobó por unanimidad una proposición no de ley, a iniciativa de Unidos Podemos, que instaba al Congreso a ello.

Con esta modificación el Estado daría cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, que incluye como violencia de género otros tipos como el acoso, la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado o el aborto forzado.

Otras de las medidas contempladas en el acuerdo pasan por establecer el acompañamiento judicial personalizado para las mujeres que decidan denunciar y un plan integral para la atención de los hijos e hijas de las víctimas o incrementar las actuaciones de sensibilización (activando de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización).

Además, incluye llegar al acuerdo de no conceder ningún indulto a delitos vinculados con violencia de género, avanzar en la formación de los agentes que intervienen en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer e incorporar en los planes de estudios, a la luz del futuro pacto de Educación, contenidos específicos sobre igualdad y prevención.

En total son 15 medidas apoyadas por todos los grupos que tendrán que ser discutidas en la subcomisión, pero que sientan las bases del acuerdo. "Es el principio para empezar a negociar, son los puntos que creemos de mayor urgencia", asegura Ángeles Álvarez, portavoz socialista.