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Continúa lucha por la posesión de la tierra en los Chimalapas

27/12/2010 05:13 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Considerada una de las zonas tropicales y banco de recursos genéticos de mayor importancia en México y Mesoamérica, la selva de los Chimapalas ha sido protagonista de conflictos por la posesión de la tierra a lo largo de 43 años, que lejos de resolverse, profundizan el encono entre zoques e “invasores”. De acuerdo a las referencias históricas, la lucha por la posesión de 594 mil hectáreas de selva por parte de la etnia zoque, se remonta a la época del Virreinato, cuando sus pobladores concretaron la compra de sus propias tierras a la Corona Española, mediante el pago de 600 lenguas cuadradas, es decir, 25 mil pesos de oro. Aunque es hasta 1950 cuando el gobierno independiente reconoce los títulos virreinales, la explotación de la zona por parte de grupos madereros y ganaderos ajenos a la etnia zoque, se ha hecho latente desde entonces y durante décadas. Es durante el periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz que el gobierno federal emite un decreto de reconocimiento de la propiedad de la tierra comunal, dividiendo la posesión de la tierra entre San Miguel y Santa María Chimalapa: 134 mil hectáreas para la primera y 460 hectáreas para la segunda. No obstante, dado que no se efectuó el deslinde físico de los terrenos comunales del decreto –según referencias publicadas por la misma Secretaría del Medio Ambiente-, los sucesivos gobiernos de Chiapas no han reconocido la propiedad comunal de Santa María y San Miguel, considerándola tierra en conflicto. A decir de Miguel Ángel García Aguirre, integrante de la Organización No Gubernamental, Maderas del Sureste, la cual trabajó en la zona de 1987 al 2000, este conflicto de límites sólo fue “un pretexto” para no atender el problema de fondo derivado de la invasión de empresarios ganaderos, madereros e inclusive la siembra de drogas. El temor en aquel entonces, explicó, es que se les impusiera una reserva de biósfera que les quitara el derecho a las comunidades de decidir sobre su territorio, ya que éste pasaría automáticamente al gobierno federal. No obstante, por aquellos años les impusieron un plan de manejo que derivó en una intensa batalla jurídica y social por la posesión de sus terrenos, a la par que surgía otro conflicto con la invasión de sus tierras por parte de pobladores de la colonia Cuauhtémoc, ya en territorio oaxaqueño. De acuerdo a García Aguirre, de las 221 mil hectáreas en conflicto, (de 1990 a 2004) se logró la resolución de 180 mil hectáreas a favor de las comunidades indígenas, “un hecho inédito en la historia de México y del mundo, ya que este tipo de sentencias siempre favorecen a los empresarios y no a los grupos indígenas”. Desde entonces los comuneros de los Chimalapas han insistido sin éxito, para que las autoridades estatales y federales les concedan de manera definitiva a los indígenas zoques la posesión total de la tierra mediante la creación de una reserva ecológica comunitaria, decidida y administrada por las comunidades. “Se ha planteado el reconocimiento de las comunidades asentadas que vienen de Chiapas, a cambio del reconocimiento de las tierras comunales a favor de los zoques, pero hasta a hora no se ha tenido éxito”, lamentó. Actualmente, indicó, resta otro conflicto que abarca 45 mil hectáreas, en la porción oriental, en ambas comunidades, donde todavía permanecen una veintena de ejidos chiapanecos nombrado Ejido Díaz Ordaz, en Cintalapa, Chiapas, formado en 1967 por los ganaderos, a fin de defenderse de la resolución presidencial de aquel año. El gobierno, afirmó, ha presionado para que los grupos invasores no acepten la conciliación ofrecida porque dentro de estos ganaderos, “hay encubiertos falsos propietarios privados que tienen ranchos con capataces, y peones que viven principalmente en Cintalapa, Ocozocoautla y en México”. Esto, a decir del defensor, ha complicado la situación dado que la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les otorgó un permiso de explotación de la madera que rebasa los límites del propio ejido. Ello, derivó en un conflicto mayor hace un año y medio, cuando los comuneros de Chimalapa, retuvieron varios camiones madereros y a policías chiapanecos que intentaron intervenir en el conflicto, abundó. Aunque existe un ofrecimiento de la Secretaría de la Reforma Agraria para otorgar una contraprestación a los zoques, éstos se ha negado a aceptar, dado que defienden la posesión de la tierra desde antes de los tiempos del Virreinato, misma que determina extensiones y localización, y no límites de estados que entonces no existían, dijo. En fechas recientes, puntualizó, los diferentes niveles de gobierno continúan en la mediación del conflicto, sin embargo, no existe ninguna variación en los ofrecimientos y el conflicto continúa trabado. “Es una situación muy complicada dado que los gobiernos en lugar de otorgar soluciones, sólo confrontan a indígenas pobres con indígenas pobres, así que el riesgo de generar mayor violencia en la zona se encuentra latente”, advirtió. Por su parte, las autoridades comunales de San Miguel Chiamalapa, exigieron a las autoridades federales y estatales su intervención, para el cese en la explotación y aprovechamiento forestal en la zona de conflicto con el estado de Chiapas. Asimismo, reclamaron cesen de los recorridos de seguridad por parte de elementos policiacos tanto de Oaxaca como de Chiapas, mismos que deberían pasar a manos del Ejército Mexicano.


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