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Corresponsabilidad (segunda parte)/Columba Arias Solís

23/02/2014 19:15 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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Columba Arias Solís

En la grave crisis de inseguridad que se padece hay una corresponsabilidad de diversos actores sociales y políticos a la que – algunos por interés, otros por desidia y otros más por desconocimiento- nadie se refiere. La corresponsabilidad de los integrantes del Poder legislativo se encuentra directamente ligada con la de los Partidos Políticos, habida cuenta que de la existencia de unos se deriva la de los otros, al menos hasta ahora en que no han aterrizado en el terreno de los hechos, las candidaturas ciudadanas.

Los partidos políticos en México de acuerdo con el precepto constitucional deben promover la participación política de la sociedad y contribuir a la integración de la representación y "como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo".

En ese contexto, como intermediarios entre la sociedad y el poder público, mediante diversos procedimientos previstos en sus documentos internos, escogen candidatos a contender a los distintos cargos de elección popular, por tanto, es su deber y responsabilidad asegurarse que esos –primero aspirantes- luego candidatos y en el caso de que resulten ganadores de la elección, representantes populares, además de que reúnan todos los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales, sean personas de antecedentes conocidos y desvinculadas de asuntos delincuenciales.

A la luz de las circunstancias actuales, queda claro que los partidos políticos no han observado las exigencias previstas por la ley en la elección de algunos de sus candidatos; hoy, la sospecha y en algunos casos los señalamientos directos sobre autoridades administrativas y de elección popular vinculadas con la delincuencia organizada se encuentran a la orden del día.

Analistas y académicos, desde hace tiempo han estado señalando que además de los enormes recursos públicos otorgados a los partidos, el desbordado financiamiento utilizado en las diversas campañas políticas, donde los ríos de dinero son los impulsores de las candidaturas, han sido el cauce por donde se cuelan los recursos sospechosos de provenir de medios ilícitos.

La utilización de los medios masivos de comunicación llevó hasta alturas insospechadas el costo de las campañas, y los millonarios recursos en su mayor parte han tenido como destinatarios finales, los bolsillos de las grandes televisoras.

No siempre, por supuesto fue así, el financiamiento a los partidos políticos en México ha pasado por diversas etapas. En la etapa posrevolucionaria los partidos políticos no tenían ningún financiamiento o prerrogativa por parte del Estado. En el inicio de los partidos políticos, los gastos de éstos eran tan reducidos como también lo era el papel que desempeñaban, por ende, su financiamiento provenía de las donaciones o aportaciones de sus simpatizantes y de las de los propios candidatos.

Luego vendrían las aportaciones de la militancia, a excepción del entonces partido oficial que se nutría de los recursos ejercidos por la propia administración. Los partidos políticos opositores realizaban campañas con los mínimos recursos que les aportaban simpatizantes, militantes y candidatos.

En las reformas de los años 1962 y 1963 se determina la exención de impuestos a los ingresos derivados de los partidos; en 1973 la reforma a la ley de la materia otorgaría a los partidos el uso de franquicias telegráficas y postales y el acceso a los medios de comunicación en los tiempos del Estado.

Es en el año 1977 cuando la reforma política incluye el financiamiento público directo a los partidos políticos y el artículo 41 constitucional considera que "en los procesos electorales, los partidos políticos nacionales deberán contar, en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular. Pero es a partir del proceso electoral de 2000, cuando el exceso de recursos de algunos candidatos cobra notoriedad y se presumen visos de ilegalidad.

Luego entonces, el financiamiento privado de las campañas parece ser el talón de Aquiles de nuestro sistema democrático, porque no obstante las reglas establecidas, siempre la evidencia publicitaria del exceso de los gastos en una campaña, más allá de los aprobados por la autoridad respectiva levanta las sospechas sobre el origen de los millonarios recursos ejercidos y de la violación a la norma, ante la aparente complacencia de las autoridades electorales, quienes como en los casos del pemexgate o los amigos de Fox, no encontraron evidencias de ilicitud.

Al postular candidatos cuestionados y admitir recursos sospechosos de ilegalidad los partidos se vuelven corresponsables en las situaciones de inseguridad, como también las autoridades electorales omisas en la aplicación de la ley.


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Autor:
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Fuente:
grupocronicasrevista.org
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Tipo:
Reportaje
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