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Ni la Corte ni los Gobiernos han respetado los derechos de la tribu yaqui: Mario Luna, su vocero, acusa a gobernador de Sonora

08/03/2015 18:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

HERMOSILLO, Sonora.- En el patio del CERESO espera Mario Luna Romero, vocero de la tribu yaqui, quien enfrenta un proceso penal por el supuesto robo de un vehículo y secuestro.

El supuesto afectado es Francisco Antonio Delgado, también yaqui, quien fue detenido y juzgado por las autoridades de la nación Yaqui, ejerciendo así su sistema de justicia por usos y costumbres. El motivo de tal detención fue que Antonio Delgado estuvo cerca de atropellar a una mujer y su hija menor al conducir en estado de ebriedad. Mario Luna no estuvo presente el día de los hechos pero a él lo incriminan por rapto y robo.

Sus abogados, Francisco Mejía y Benito Ramos, dijeron que el juzgado de fuero común depende totalmente del gobernador estatal, por lo que tienen pocas esperanzas de obtener una resolución favorable por esa vía. El siguiente paso es iniciar el proceso para obtener un amparo indirecto federal, lo cual puede tardar de uno a cuatro meses y durante ese tiempo, Mario Luna tendrá que permanecer encarcelado.

Mario Luna Romero sostiene que su detención en el CERESO 2 de Sonora se debe a la voluntad del gobernador Guillermo Padrés por generar una distracción de su figura.

Recientemente, Padrés ha sido continuamente evidenciado por su negligencia para prevenir y castigar a Grupo México por derramar 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, además del acaparamiento de 10 millones de metros cúbicos de agua en una presa ubicada en su rancho "Pozo Nuevo" con un costo estimado en 170 millones de pesos, mientras que el estado de Sonora es uno de los más endeudados del país y la tensión entre la población aumenta por la escasez de agua.

Desde el CERESO 2 de Hermosillo, Mario Luna nos contó lo siguiente días después de su detención:

"En los últimos años, Padrés ha construido un emporio agrario. Su presa, que podría abastecer a Hermosillo hasta por dos meses, es usada para regar sus plantíos de nogales. No existe registro alguno que pueda comprobar que una construcción así sea legal. Así como esa existen muchas otras obras ilegales de políticos".

Luna resalta:

"Había un convenio firmado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Osorio Chong (secretario de Gobernación), el propio gobernador de Sonora: Guillermo Padrés, y la tribu yaqui; coloquialmente este acuerdo se nombró como los acuerdos de Bucarelli".

De acuerdo con Luna, ese convenio incluye buscar otras opciones para el abastecimiento del agua en Hermosillo, echar abajo obras ilegales y hacer los estudios pertinentes de impacto ambiental y que las obras sean de interés público y no privado.

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A la fecha ya se vencieron los plazos para cumplir estos acuerdos, los peritajes y estudios que prometió la SEMARNAT nunca se hicieron. Mientras tanto, el acueducto Independencia está funcionando, llevándose agua del río Yaqui, lo que se llevan es apenas el 20% de agua que requiere Hermosillo.

"Hay un desorden en la cuenca del río Sonora con más de 800 represas ilegales", denuncia Luna, "lo cual significa la retención de al menos mil millones de metros cúbicos de agua. Eso es lo que realmente impide la llegada del agua a Hermosillo".

"Mientras tanto en Hermosillo, lo que el gobierno informa a través de carteles, spots de radio y televisión, es que gracias a la defensa de la construcción del acueducto Independencia, Hermosillo tiene agua. Esto es una campaña de odio contra los yaquis", asegura el yaqui.

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Foto: @Talladeboina36

Además, asevera que hay un linchamiento contra su pueblo:

"La campaña de odio influye en el ánimo de la gente que ahora juzga al pueblo yaqui, en el dictamen del juez y en los medios de comunicación. La campaña de odio también dice que a pesar de ser indígenas, primero somos sonorenses y entonces la ley se antepone".

"Esto es una señal de lo poco dispuestos que están los juzgados y el gobernador para hacer valer los derechos de los indígenas. Es imponer su ley contra nuestras maneras ancestrales que han mantenido a los pueblos por miles de años, las que nos han mantenido conviviendo".

La mitad del agua que corre por el río Yaqui les corresponde por decreto presidencial de Lázaro Cárdenas en 1940. Sumado con el artículo segundo de la Constitución Mexicana, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas para determinar su propio sistema de gobierno, el pueblo Yaqui ha comenzado una lucha legal para que no le sea arrebatada lo poco de agua que aún les queda.

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