El presidente keniano, Uhuru Kenyatta, seguirá libre: los procesos en su contra por crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) fueron abandonados, siete años después de que ocurrieran los peores actos de violencia de la historia independiente de Kenia en las elecciones presidenciales.

"La acusación retira las acusaciones contra el señor Kenyatta", declaró la procuradora, Fatou Bensouda, en un documento oficial, subrayando que no tiene suficientes pruebas "para probar, más allá de cualquier duda razonable, la responsabilidad criminal presunta de Kenyatta". Esta retirada de las acusaciones no descarta "la posibilidad de que se reciban nuevas acusaciones contra Kenyatta", precisó.

El presidente keniano, de 53 años, era sopechoso de crímenes contra la humanidad por su papel presunto en las violencias poselectorales de finales de 2007- inicios de 2008 en Kenia, que causaron más de 1.000 muertos y 600.000 desplazados. Era el primer presidente en ejercicio que comparecía ante la CPI en La Haya.

Esta decisión afecta a la CPI y a su procuradora, cuestionada por haber cerrado precipitadamente la investigación. Muestra también las dificultades de la Corte en sus investigaciones sobre responsables que todavían están en el poder y ante Estados poco cooperativos.

- "Obstáculos mayores" -

Kenyatta dijo que el tribunal le "dio la razón". "Quiero ir a ver a mi mujer ya mismo para decirle lo que acaba de pasar", dijo en un mensaje enviado por la red social Twitter.

La amenaza de un proceso se había alejado ya cuando la procuradora había pedido un aplazamiento del procedimiento, tras reconocer que no tenía suficientes pruebas contra el presidente keniano, a menos que el gobierno de Kenia respondiera a sus demandas de cooperación.

Bensouda asegura que documentos, entre ellos datos bancarios, declaraciones de impuestos, registros telefónicos y datos de transferencias de propiedad podrían probar la culpabilidad del acusado. El gobierno keniano no suministró los documentos al tribunal.

Los jueces rechazaron entonces esta petición de aplazamiento, en nombre del derecho del acusado a un proceso "sin tardanza excesiva", e impusieron el miércoles un ultimátum a la procuradora: le daban una semana para presentar pruebas suplementarias, o en su defecto, retirar las acusaciones.

En su decisión, los jueces subrayaron que el gobierno keniano no respetó "la norma de buena fe en la cooperación".

"Siempre solicité a las autoridades kenianas su cooperación para que mi oficina pudiera cumplir su misión", dijo Bensouda, y afirmó que su oficina fue confrontada a una "serie de obstáculos mayores que le impidieron investigar de manera profunda". La procuradora citó "un flujo constante de información sin fundamento en los medios", pero en especial "una campaña sin precedentes en las redes sociales con la finalidad de revelar la identidad de los testigos protegidos" y "vastas iniciativas concertadas para hostigar, intimidar y amenazar" a testigos.

Los procedimientos también se caracterizaron por una campaña internacional realizada por Kenia y apoyada por la Unión africana (UA), para tratar de detener los procesos contra dos altos dirigentes que siguen en sus cargos.

- "Cultura de la impunidad" -

Muestras de alegría y dolor fueron expresadas este viernes tras conocerse la noticia del abandono del proceso contra el presidente por crímenes contra la humanidad, lo que muestra las divisiones que siguen afectando al país años después de las elecciones de 2007, caracterizadas por la violencia.

En la medida en que nadie en este momento está procesado en Kenia por esos actos de violencia, el abandono de las acusaciones contra el presidente Uhuru Kenyatta por parte de la CPI significa que muchos de los afectados en el valle del Rift, una de las zonas más golpedadas por la violencia, nunca tendrán justicia.

"Es una victoria para el presidente y un gran dolor para las víctimas de la violencia", dijo David Mongeri, abogado de 43 años en la ciudad de Nakuru, a unos 150 kilómetros al norte de Nairobi.

El proceso de Kenyatta debía inicialmente comenzar a finales de 2013, pero fue aplazado varias veces.

Las acusaciones en su contra fueron confirmadas en 2012, antes de su elección de nuevo como presidente, y fue acusado de ser responsable de asesinatos, violaciones y persecuciones.

Para Elizabeth Evenson, de la ONG Human Rights Watch, el cese del proceso "hace retroceder los esfuerzos para poner fin a la cultura de la impunidad en el país". "Evidentemente, la larga tradición de impunidad en Kenia y la presión a los testigos fueron serios obstáculos a procedimientos equitativos ante la CPI", agregó, en un correo electrónico dirigido a la AFP.

El vicepresidente keniano, William Ruto, también es procesado por la CPI por acusaciones similares. Su juicio se inició el 10 de septiembre de 2013.