¿Alcaldes, en "nómina" del narcotráfico?

El arresto de diez alcaldes y 18 funcionarios reabrió el debate sobre la relación del hampa con los políticos.

MÉXICO - El arresto de diez alcaldes y 18 funcionarios por sus presuntos nexos con el cártel de La Familia en México reabrió en plena campaña electoral el debate sobre la relación del hampa con los políticos y cómo hacer frente al crimen organizado desde instancias locales, estatales y federales.

¿Móvil político?

Aunque la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) rechaza categóricamente que tras la operación lanzada en Michoacán haya algún móvil político, los partidos exigen al Gobierno imparcialidad en este tipo de operaciones.

El próximo 5 de julio los mexicanos acudirán a las urnas para renovar los 500 escaños de la Cámara de los Diputados, para elegir a cinco gobernadores, alcaldes y diputados locales en varios estados del país, entre los que no está Michoacán.

En la campaña, iniciada el 3 de mayo, el Partido Acción Nacional (PAN), del presidente Felipe Calderón, enarbola como bandera el combate frontal al crimen y criticado con dureza al Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México de forma ininterrumpida desde 1929 a 2000, por no afrontar este problema en el pasado.

Reproches de Godoy

En este contexto, y tras la importante operación policial, el gobernador michoacano, Leonel Godoy, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), reprochó hoy que el Gobierno federal no le hubiera puesto al tanto de la misma.

"¿Qué demandamos? Elemental coordinación y una actitud imparcial en la actuación de las policías e instituciones federales", añadió.

Lo cierto es que los diez alcaldes arrestados hasta el momento pertenecen al PRI (6), al PRD (2) y al PAN (2).

Esta mañana legisladores del PRI apoyaron la operación en Michoacán contra la red que servía a La Familia, pero criticaron el modo en que se materializó.

"Creemos que es una lucha permanente entre los gobiernos estatales, de cualquier partido que sea, con las autoridades federales y no puede hacer o tener un trato distinto", dijo a Efe la diputada Elizabeth Morales, portavoz del PRI en la Comisión Permanente.

También se mostraron críticos varios analistas consultados por Efe, como José Fernández Santillán, del Tecnológico de Monterrey (TEC), que consideró "una medida distractora" que el Gobierno "golpee Michoacán y no vaya a Morelos", otro estado donde ha habido denuncias de infiltración del narcotráfico en las instituciones estatales y donde gobierna el PAN.

"Obviamente, aunque lo niegue el Gobierno, la acción tiene un tinte absolutamente electoral", dijo Fernández.

José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo que la supuesta instrumentalización de la PGR, dependiente del Ejecutivo, no era totalmente descartable, como ocurrió en 2005 con el intento de desafuero del entonces alcalde del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, del PRD.

Lejos de las urnas

"Yo no podría decir si hay intencionalidad electoral, no lo descartaría. Además, recordemos que no consultaron al gobernador (Godoy)", señaló.

Para el analista, una consecuencia de acciones como la de ayer será "un mayor alejamiento de los ciudadanos de las urnas" en los próximos comicios, más que "favorecer a un partido" en concreto.

Además, la organización no gubernamental (ONG) México Unido Contra la Delincuencia demandó que el proceso se conduzca "con absoluta transparencia".

También exhortó "a los gobiernos estatales a que inicien espacios de colaboración" con las autoridades federales para extender "a todos los niveles" las investigaciones contra el crimen organizado.

El PRD exigío "que las autoridades encargadas de perseguir a los delincuentes no tomen en cuenta militancias políticas o partidistas"

Finalmente, llamó "a las diversas fuerzas políticas" de México a que "la contienda electoral no contamine ni frene la acción del Estado contra la delincuencia organizada y que mucho menos suponga una obligada tregua o periodo de gracia" para los carteles de la droga, causantes el año pasado de la cifra récord de 6, 000 asesinatos.

Unas hojas con nombres de funcionarios y supuestas cantidades que habrían recibido del narcotráfico fueron la base de las autoridades para detener a funcionarios estatales y municipales, incluidos 10 alcaldes, aseguraron el jueves algunos de sus abogados.

Mientras, hombres armados atacaron con granadas al subprocurador de Justicia del estado sureño de Tabasco, en un fallido atentado que derivó en enfrentamientos que dejaron un civil muerto y al menos 13 heridos, incluidos varios policías.

La Procuraduría General de la República (PGR) mantenía detenidos el jueves a 28 funcionarios estatales y municipales del estado occidental de Michoacán, incluidos los 10 alcaldes, señalados de brindar protección a La Familia, uno de los seis carteles de las drogas reconocidos por el gobierno.

Los abogados de los alcaldes de las municipalidades de Coahuayana y Aquila afirmaron en rueda de prensa que no había pruebas contundentes para acusarlos y dijeron que el único sustento son tanto unas hojas en las cuales aparecen sus nombres, sus cargos y una cantidad (50 mil, sin precisar si son pesos o dólares) como una supuesta denuncia anónima de alguien que asegura financiaron sus campañas políticas con dinero de La Familia.

"Las pruebas son meros indicios", dijo Ismael Jiménez, defensor de José Cortez, alcalde de Aquila.

Refirió que al tomarle su declaración, un fiscal le mostró una hoja de "excel" con su nombre resaltado con un "marcatexto amarillo" como prueba de sus presuntos nexos con La Familia, lo cual para la defensa no es algo contundente y podría señalar que quizá el grupo pretendía intentar contactarlo.

Supuesta nómina

Jiménez dijo que las hojas con una supuesta "nómina" de funcionarios al servicio del cartel habrían sido localizadas en una camioneta, aunque la PGR no les ha dado más detalles.

Un funcionario de la PGR no autorizado a ser identificado confirmó a la AP la existencia de la lista, aunque afirmó que es sólo una de varias pruebas más que declinó revelar.

Familiares de algunos de los detenidos interpusieron a su vez quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntas violaciones a sus garantías individuales al ser retenidos sin haber contado con el derecho de audiencia ni haber sido notificados sobre las imputaciones.

En Villahermosa, capital de Tabasco y a unos 655 kilómetros al este de la ciudad de México, un comando atacó la noche del miércoles con rifles de asalto y granadas la comitiva del subprocurador Alex Alvarez Gutiérrez, quien resultó ileso gracias al blindaje de la camioneta en la que viajaba, según relató el propio funcionario.

Alvarez dijo que un ciudadano fue muerto accidentalmente en medio de uno de los tiroteos.

Tras el ataque inicial, en el que resultaron heridos cuatro escoltas del funcionario, la policía inició una persecución que provocó tres enfrentamientos más en los que los hombres armados volvieron a lanzar granadas.

En los choques posteriores fueron lesionados seis policías.

Un hombre que pasaba por el lugar fue herido en una pierna, mientras una mujer y su hija quedaron lesionadas por esquirlas de las granadas. El civil que murió recibió disparos de la policía que lo confundieron con uno de los atacantes.