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Declaratoria sobre seguridad hídrica, participación social y legalidad en México

07/06/2011 02:17 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Declaratoria sobre seguridad hídrica, participación social y legalidad en México por Organizaciones de la Sociedad Civil Última modificación Jun 06, 2011 09:25 PM — archivado en: ,

En México se está experimentando un aumento de la conflictividad social en diferentes regiones a causa de la pérdida de seguridad hídrica fomentada por el cambio climático global, asentaron organizaciones de la sociedad civil.

Representantes de organizaciones indígenas y campesinas, de organizaciones de la sociedad civil, abogados, académicos y ciudadanos en general, nos reunimos en el "Coloquio sobre Cambio Global, Seguridad Hídrica y Conflictividad Socioambiental en México", celebrado en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de Morelia, Michoacán, del 23 al 25 de mayo del 2011, con el fin de realizar un análisis de la problemática del agua en México.

Revisamos estudios de caso representativos de todo el país y presentamos evidencias sobre el impacto del cambio global en la pérdida de seguridad hídrica y en el aumento de la conflictividad social en diferentes regiones del país. Con base en ello:

CONSIDERAMOS

La seguridad hídrica muestra la capacidad de una sociedad para: valorar el agua en un sentido amplio y diverso (cultural, social y ecológico); conservar y manejar sosteniblemente los ecosistemas acuáticos y terrestres y las cuencas hidrológicas; satisfacer las necesidades básicas de abastecimiento y saneamiento de la población; producir alimentos para garantizar la autosuficiencia, sin atentar con la calidad y cantidad de los recursos hídricos disponibles; enfrentar los riesgos naturales y antrópicos asociados con el agua y recuperarse de situaciones de desastre mediante una estrategia de prevención y mitigación que reduzca la vulnerabilidad social; reducir y manejar los conflictos o disputas por el agua desde el nivel local hasta el internacional, mediante mecanismos y regulaciones sociales formales y no formales que promuevan la solidaridad, cooperación y respeto entre los pueblos y naciones (Avila, 2007).

El cambio global es un conjunto de procesos biofísicos (cambio climático), sociales (urbanización, desigualdad y pobreza) y económicos (globalización, libre mercado y apertura comercial), de escala mundial, que afectan de manera diferencial el territorio nacional. En las últimas décadas, tales procesos han contribuido a la pérdida de la seguridad hídrica en México, que se expresa en:

  • Pérdida de autosuficiencia alimentaria al priorizarse la producción para el mercado y destinarse el agua de alta calidad para cultivos de exportación (por ejemplo, la producción de fresa, zarzamora y aguacate y su correspondiente transferencia de agua virtual);
  • Aumento de la vulnerabilidad de la población debido a la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos (exceso y déficit de agua) por la ausencia de estrategias de prevención y mitigación de desastres, que afectan sobre todo a los más pobres;
  • Crecimiento urbano desordenado que es inducido por agentes inmobiliarios que especulan con las tierras de propiedad social (comunales y ejidales), se apropian de los espacios naturales y productivos, agudizan las tensiones entre campo-ciudad y generan presión sobre los recursos hídricos;
  • Incremento del riesgo en la población por peligros hidrogeológicos (inundaciones, subsidencia y deslaves) debido a: ocupación de terrenos no aptos en la práctica de un crecimiento urbano desordenado; sobreexplotación de mantos acuíferos; y recurrencia de eventos climáticos excepcionales asociados al cambio climático global.
  • Acentuación de la magnitud y frecuencia de peligros hidrogeológicos como el hundimiento del terreno (subsidencia) y la inundación, a partir de la sobreexplotación de mantos acuíferos que modifica el comportamiento mecánico de los materiales en el subsuelo, genera hundimientos regionales y diferenciales y amplifica las zonas de inundación y fallas geológicas por asentamiento diferencial.
  • Sobreexplotación del agua subterránea producida por el desequilibrio entre la descarga y recarga del acuífero. Es decir, se extrae más agua de la que se introduce de forma natural mediante infiltración y la recarga disminuye por un uso excesivo de planchas de concreto-asfalto, reducción de cobertura forestal y recurrencia de precipitación intensa.
  • Un acceso diferencial al agua entre la población, que se exacerba con los elevados niveles de pobreza y desigualdad social que existe entre el campo y la ciudad y la segregación socioespacial en las zonas urbanas;
  • Una deficiente calidad del agua para consumo humano, por la existencia de sustancias contaminantes en las fuentes de abastecimiento y la falta de potabilización, lo que genera problemas graves en la salud de la población;
  • Un deterioro de los ecosistemas y servicios ecosistémicos relacionados con el agua como resultado de la deforestación, los cambios de uso del suelo, la destrucción de humedales y manglares, la contaminación de agua y suelos y la realización de obras hidráulicas;
  • Una proliferación de megaproyectos (presas hidroeléctricas, acueductos, trasvases de agua, vialidades, marinas) de alto impacto social y ambiental que tienen como objetivo garantizar las condiciones necesarias para la expansión inmobiliaria y turística, la inversión industrial y minera, y la producción agrícola de exportación.
  • Un marco legal e institucional que favorece la privatización y valoración económica del agua y de los recursos naturales, no responde a la velocidad de procesos de deterioro socioambiental y carece de mecanismos para resolver las tensiones y conflictos por el agua que surgen entre el Estado y el sector privado con el resto de la sociedad, y
  • Una falta de reconocimiento de los derechos colectivos asociados con el agua, el suelo y los bosques en territorios indígenas y campesinos, que se traducen en despojos por la vía de la expropiación o la falta de resolución de litigios agrarios, la privatización de recursos otrora comunales y ejidales y la flexibilización de la legislación que abre oportunidades a la inversión privada (como el caso de la ley Minera).

En otras palabras, el cambio global (climático, globalización económica y urbanización) afecta la seguridad hídrica (autosuficiencia alimentaria, vulnerabilidad social frente a los fenómenos hidrometeorológicos y riesgos hidrogeológico, abasto de agua en adecuada calidad y cantidad, conservación de ecosistemas y servicios ecosistémicos asociados con el agua) y conduce a escenarios de conflicto socioambiental en diferentes regiones de México.

El papel que han jugado el Estado y los actores privados (empresas trasnacionales mineras, sector inmobiliario y turístico, industrias en diversos ramos y agroindustrias) ha sido un elemento determinante de la agudización de las tensiones por el agua y los territorios, ya que el modelo de desarrollo globalizador antepone el interés individual (privado) sobre el colectivo (público y social), genera mayor pobreza y desigualdad social y contribuye al deterioro del patrimonio natural del país.

En México, las políticas del agua, de conservación y manejo de los ecosistemas y de regulación ambiental han estado subordinadas a las políticas económicas. De allí que el deterioro del patrimonio natural del país sea una expresión del modelo económico neoliberal, que se basa en la apropiación privada de los recursos naturales (como el agua); la maximización de la ganancia en el corto plazo, al no considerar los costos sociales y ambientales generados; y la laxitud de los gobiernos en materia ambiental, que abre oportunidades a la inversión privada y extranjera.

El modelo hidráulico que ha sido aplicado por el Estado es insostenible en términos sociales, económicos, políticos y ambientales. Algunas de las expresiones más visibles de este modelo son: la privatización de los sistemas de abasto público de agua y saneamiento; la fragmentación de los derechos de la tierra y el agua; la creación de mercados de agua en la agricultura y transferencia de derechos para usos urbanos e industriales; la autorización y construcción de megaproyectos como presas y carreteras; y la promoción de proyectos mineros, grandes desarrollos industriales, turísticos e inmobiliarios que presionan los recursos hídricos y atentan con ecosistemas frágiles de gran valor.

Los gobiernos federal y estatal, principalmente, han creado regulaciones e implementado políticas, programas, planes y proyectos, que privilegian los intereses económicos de grandes capitales de empresas nacionales y trasnacionales, en detrimento de los derechos de los pueblos, y de las comunidades indígenas, rurales y campesinas. Con su actuación, las autoridades se han convertido en representantes de los intereses del capital privado, y, de manera irresponsable subvierten el derecho con el propósito de promover y facilitar inversiones, obras y actividades, que se llevan a cabo con un alto costo social, ambiental, cultural y de salud pública. Asimismo, el deterioro del Estado, ha provocado niveles sin precedentes de ilegalidad en la actuación de las autoridades, violación de los derechos humanos y sociales, violencia, corrupción e impunidad, y con ello la pérdida de credibilidad en los gobiernos y en las instituciones públicas.

Las políticas públicas dirigidas al cuidado y protección del agua, como recurso estratégico de la Nación, no han sido diseñadas ni operadas con la participación de la sociedad, por lo que no puede esperarse que alcancen buenos resultados. Al autorizar obras y actividades que generan altos impactos ambientales, sin tomar en cuenta la opinión de la sociedad, ni de los dueños de los territorios y de los recursos que se están afectando, los gobiernos violentan los procesos sociales al desatender las especificidades culturales e históricas de las comunidades dueñas, poseedoras, usuarias o beneficiarias.

Por lo arriba expuesto, los abajo firmantes coincidimos en los términos de la siguiente:

DECLARATORIA SOBRE SEGURIDAD HIDRICA, PARTICIPACION SOCIAL Y LEGALIDAD

1. A pesar del pretendido liderazgo del gobierno mexicano en declaraciones formales de logros frente al denominado cambio climático, las políticas públicas en el país van en un sentido diferente: la urbanización se sigue induciendo sobre espacios naturales, áreas de recarga de acuíferos y zonas de alto riesgo; los bosques y selvas se siguen perdiendo por los cambios de uso de suelo; los humedales y manglares son destruidos por proyectos inmobiliarios e industriales; la expansión industrial y minera carece de medidas suficientes para el control de la contaminación y reducción de riesgos en la salud. Como resultado se tienen ciudades y localidades cada vez más vulnerables ante los riesgos que van asociados con la simple ocurrencia de eventos hidrometeorológicos; la sobreexplotación de agua subterránea que afecta su calidad y cantidad; la deforestación que conlleva a una reducción de la capacidad de infiltración del agua y aumento de la escorrentía lo que ocasiona inundaciones y deslaves, así como reducción en la captura de carbono y agua; el aumento de las emisiones contaminantes de origen industrial conlleva a la destrucción de ecosistemas, pérdida de la biodiversidad y afectaciones en la salud humana. Por lo que se demanda una estrategia adaptativa e integral en el manejo del agua, que permita a la población de las diferentes regiones enfrentar la incertidumbre en el patrón de precipitación, prevenir los riesgos asociados con esos eventos (exceso y déficit de agua) y establecer medidas de mitigación a diferentes plazos de los impactos adversos generados por el cambio climático antropogénico.

2. Es imperativo que los Gobiernos de los tres niveles (Federal, Estatal y Municipal), actúen de manera transparente y con apego a la legalidad en la gestión de los recursos hídricos, con el fin de prevenir la contaminación de fuentes de agua superficial y subterránea, proteger y conservar las aguas nacionales y garantizar el derecho humano al agua, al ambiente sano y a la seguridad.

3. Solicitamos que sea restaurado el Estado de Derecho con el respeto irrestricto a la legalidad. Debe darse atención inmediata a los reclamos sociales y ciudadanos que tienen como propósito la protección y la defensa de los territorios y de los recursos hídricos. De manera particular, debe darse urgente atención a los siguientes casos:

a. La autorización del impacto ambiental del proyecto turístico de FONATUR en Marismas Nacionales, Sinaloa en una zona de alta importancia ecológica, arqueológica y social y que pone en riesgo el humedal y la conservación de la biodiversidad.

b. El despojo de tierras, bosques y aguas en la Sierra Tarahumara para desarrollar el proyecto turístico Barrancas, que es impulsado por FONATUR y empresarios nacionales y extranjeros;

c. El despojo de tierras, bosques y aguas a los comuneros de Zirahuén, Michoacán, con el fin de promover la expansión turística, inmobiliaria y cultivo de aguacate por empresarios nacionales y extranjeros, con el aval de las autoridades federales y estatales.

d. La defensa del territorio, bosques y aguas de la Comunidad Indígena de Cherán, Michoacán, ante la negligencia de las autoridades y voracidad de los talamontes y aguacateros, que pretenden por la vía de la violencia apropiarse de sus recursos naturales.

e. La precariedad hídrica de la población rural en las zonas secas como el Sector Bajo de la Cuenca del Río Balsas (Bajo Balsas, Michoacán) que conlleva a un deterioro en sus condiciones de vida.

f. La lucha campesina por la defensa del territorio frente al proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, que pretende garantizar el abasto de agua al complejo turístico de Acapulco Punta Diamante y abrir nuevos desarrollos inmobiliarios en la cuenca del río Papagayo en Guerrero;

g. La urbanización de amplios territorios de propiedad social (comunal y ejidal) y afectación de las fuentes de agua de 13 Pueblos de Morelos por parte de empresas inmobiliarias, que agudiza las tensiones campo-ciudad y vulnera sus derechos y formas de organización social;

h. Las abrogaciones y modificaciones ilegales de instrumentos de conservación y protección ambiental de la Loma de Santa María, y de planeación territorial en la pretendida zona metropolitana de Morelia, Michoacán, con el fin de promover la urbanización en áreas naturales protegidas y espacios forestales y agrícolas;

Más sobre

i. La construcción de la presa del Zapotillo, con el fin de abastecer la demanda de agua para uso urbano y agrícola en Guanajuato y la afectación de la población rural de Temalcapulín, Jalisco;

j. La construcción del Acueducto Independencia para abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo y afectación de los derechos de agua de la Tribu Yaqui, Sonora;

k. La sobreexplotación de acuífero y deterioro de ecosistemas por parte de la agroindustria, que conlleva a altas concentraciones de arsénico en el agua potable de la Comarca Lagunera y afecta el funcionamiento geohidrológico en Cuatrociénegas, Coahuila;

l. La apropiación de agua de alta calidad por empresas transnacionales en la producción de fresa y aguacate de exportación, contaminación por agroquímicos y riesgos en la salud en el Valle de Zamora, y región Tacámbaro-Uruapan-Tancítaro, Michoacán;

m. La oposición al proyecto minero en Real de Catorce por su afectación al patrimonio natural (área natural protegida), cultural (Wirikuta, lugar sagrado y centro del mundo en la cosmogonía huichol) y riesgos en la salud de la población;

n. La afectación de ecosistemas y riesgos en la salud de la población por la contaminación de la industria petrolera y petroquímica en ríos y cuerpos de agua de la región de Coatzacoalcos, Veracruz y oposición a la construcción de nuevos proyectos petroquímicos;

o. Las abrogaciones y modificaciones ilegales de instrumentos de conservación y protección ambiental para impulsar proyectos portuarios e industriales en la Laguna de Cuyutlán, Colima, que violentan el derechos humano a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, y

p. Las modificaciones ilegales a los ordenamientos de conservación y protección ambiental de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para promover y facilitar la realización del Proyecto de Desarrollo Turístico de FONATUR en la Costa de Michoacán, cuya primera fase (Frente Turístico Costero Lázaro Cárdenas – Playa Azul, Michoacán) se encuentra sujeta a evaluación del impacto ambiental por parte de SEMARNAT, misma que de aprobarse afectaría la dinámica hídrica del estero del Caimán, y atentaría contra la biodiversidad del ecosistema de manglar.

4. Exigimos que dejen de otorgarse autorizaciones de impacto ambiental sin respetar el marco jurídico vigente y que se sancionen los cambios de uso de suelo ilegales en terrenos forestales que pongan en riesgo la conservación del recurso hídrico, su calidad o la disminución en su captación, conforme a lo dispuesto en la legislación forestal vigente.

5. Exhortamos a los servidores públicos federales, estatales y municipales a atender las solicitudes de información y las peticiones de las organizaciones y de los movimientos sociales en materia ambiental y de recursos naturales; que la información pública ambiental proporcionada sea confiable, actualizada permanentemente y garantice el acceso a todos los ciudadanos.

6. Demandamos la conclusión de la reforma constitucional y legal que reconozca a los pueblos y a las comunidades indígenas del país como sujetos de derecho público, reconozca a sus autoridades, designadas conforme a sus usos y costumbres, respete sus sistemas normativos, les garantice la representación política y les dé certidumbre jurídica respecto del dominio pleno de sus territorios y sus recursos naturales. En particular que el pluralismo jurídico sea una realidad en el territorio nacional y se respete los derechos del agua de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

7. Debe impulsarse el manejo sustentable de los recursos forestales del país, como un aspecto determinante de la conservación del recurso hídrico, sin violentar los procesos sociales o las especificidades culturales de las comunidades dueñas, poseedoras, usuarias y/o beneficiarias. El manejo sustentable del territorio y los recursos naturales (aprovechamiento, conservación y protección) de los pueblos y comunidades, es la única opción para lograr la conservación del agua, a nivel nacional, a partir de decisiones tomadas y asumidas responsablemente en el nivel local.

8. Debe haber una actualización real y dinámica de la información relativa al número de pozos profundos registrados a nivel nacional ante la Comisión Nacional del Agua, así como un monitoreo del nivel estático en pozos profundos urbanos y rurales, administrados por organismos operadores municipales, estatales y federales, particularmente en regiones que por su tipo de terrenos son susceptibles a la subsidencia e inundación. El acceso a la información sobre niveles estáticos en pozos profundos administrados por organismo operadores municipales y de propiedad privada debe ser público y no restringido como ocurre en varias regiones del país.

9. Exhortamos a la comunidad científica y académica para que transformen sus estrategias institucionales y orienten su actividad a la atención de los grandes problemas que enfrentamos, y para que se involucren de manera activa y comprometida con las causas de la sociedad.

10. Es impostergable la necesidad de hacer las modificaciones legales y los arreglos institucionales que nos garanticen verdaderamente el acceso a la formulación de políticas y a la toma de decisiones relativas a nuestro patrimonio natural, desde nuestro ser ciudadanos, integrantes de una comunidad.

11. Hacemos un llamado a la sociedad en general, pero de manera enfática a los actores políticos y a los empresarios, que tantos beneficios han obtenido del modelo económico imperante, a combatir a la pobreza y las desigualdades sociales en México y evitar el deterioro de los ecosistemas y recursos hídricos. No puede haber desarrollo sustentable sin justicia y dignidad para todos.

12. Sostenemos que el abandono del modelo económico neoliberal y la orientación del país hacia otro esquema que se base en la sustentabilidad social y ambiental, en un contexto de corresponsabilidad y participación ciudadana, es la única alternativa para recuperar al país, reconstruir a la Nación Mexicana y conservar su patrimonio natural y cultural.

13. Los firmantes de este documento nos comprometemos a impulsar una red social que coadyuve y articule una estrategia de seguimiento a los contenidos de esta Declaratoria

Ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, a 25 de mayo de 2011

Representantes de comunidades indígenas: Michoacán (Zirahuén, San Juan Nuevo Parangaricutiro, Cherán), Sonora (Tribu Yaqui) y Morelos (13 Pueblos).

Representantes de organizaciones sociales y no gubernamentales: Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores al Proyecto La Parota (CECOP), Asociación de Productores Ecologistas Tatexco A. C. (APETAC), Frente por la Defensa de las Áreas Naturales de Michoacán (FDANM), Academia Michoacana de Derecho Ambiental (AMDA), Observatorio Ambiental de Michoacán (OAM), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Consultoría Técnica Comunitaria ( CONTEC), Red Ecologista para el Desarrollo de Escuinapa (REDES, A. C.), Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI), Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), BIOS IGUANA, Centro de Investigación Ambiental "Las Truchas" (CIA), Ecología Humana A. C., y Encuentro Ciudadano Lagunero.

Académicos de universidades y centros de investigación: Luis Marín, Manuel Maass, Patricia Avila, Ana Burgos y Valentina Campos (Universidad Nacional Autónoma de México); David Barkin (Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco); Salvador Peniche (Universidad de Guadalajara); Jesús M. Macías (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social); Heliodoro Ochoa, Mario E. López (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente); Víctor H. Garduño, Víctor M. Hernández, Pedro Corona, Guillermo Vargas (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo); Alejandra López (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), y Celso M. Valencia.


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bionero.org
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