Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Bionero.org escriba una noticia?

Demanda de "Devastación ambiental y derechos de los pueblos" en la audiencia introductoria del TPP

03/06/2012 16:47 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Tribunal Permanente de los Pueblos

Capítulo México Audiencia General Introductoria

Ciudad Juárez, Chihuahua, 27-29 de mayo de 2012

Resumen de la Demanda

Audiencia Temática 6:

Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos

La crisis y devastación ambiental sin precedentes que hoy viven los pueblos de México no es sólo una herencia de las extracciones mineras o energéticas, de las deforestaciones tropicales, la depredación de las aguas, de las explotaciones de flora y fauna o de las actividades industriales realizadas durante el siglo XX. Esta crisis es también producto de 30 años de políticas económicas neoliberales y de libre comercio que, al desmantelar progresivamente la estructura económica del país, liberalizar y desregular los flujos de comercio internacional del país y abrir las puertas a la inversión extranjera directa, han conducido a la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, industrial, comercial, financiera, demográfica y ambiental.

Las organizaciones que acudimos a la Audiencia General Introductoria del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos somos sólo una parte de las numerosas comunidades locales (indígenas, campesinas y urbano-populares), organizaciones sociales y civiles que, desde hace ya varios años, y en distintos espacios de articulación, nos hemos enfrentado, en condiciones jurídicas y políticas desiguales y adversas, a las agresiones que el Estado mexicano y los grupos de interés privados —empresas nacionales y extranjeras, grupos políticos y de funcionarios públicos de todos los partidos políticos— han dirigido contra los pueblos de México. Estas agresiones están encaminadas al despojo y mercantilización de nuestros bienes comunes (como el agua, la tierra, los bosques, las semillas, nuestros saberes tradicionales, nuestras lenguas y territorios) para ser entregados, prácticamente sin restricción alguna, a empresas privadas con interés de lucro, violando así nuestros derechos a la vida, al territorio, al desarrollo y a la autodeterminación, pero también amenazando con destruir completa e irreversiblemente el ya mermado patrimonio bio-cultural de los pueblos de México, lo cual significaría, probablemente, la cancelación de las posibilidades de una vida digna para las generaciones presentes y futuras del país.

Durante las últimas tres décadas de neoliberalismo y —con más intensidad— durante los once años de régimen panista en México, el marco jurídico y el aparato institucional que "obligan" al Estado y a los particulares en México a actuar en la búsqueda del desarrollo sustentable, se han convertido en letra muerta (las leyes) y en espacios de ineficacia, corrupción e injusticia (las instituciones). Desde el Estado mexicano se diseñan estrategias para relajar la interpretación y aplicación de la normatividad ambiental, lo mismo que para negar, encubrir y mediatizar los costos socio-ambientales de la operación de un sistema económico que, además de ser profundamente irracional (porque permite la sobreexplotación y contaminación de los ecosistemas y porque violenta los derechos individuales y colectivos de los pueblos), se asume como garante de los intereses de lucro de empresas privadas en sectores como el automotriz, energético, minero, cementero, inmobiliario, alimentario, agropecuario, refresquero, comercial y financiero y permite así la violación sistemática, continua y reincidente de los derechos de los pueblos de México a un medio ambiente sano, al agua, a la salud, a la alimentación, al territorio, a una vivienda digna, a la autodeterminación, a la consulta, a la información, a la autodeterminación y a una justicia pronta, imparcial y completa.

Bajo el gobierno de los grandes capitales en México, muchos socio-ecosistemas del campo y la ciudad se han vuelto tóxicos para la población, mermando la salud presente y futura de cada vez más mexicanos, sin que las autoridades ambientales y de salud del Estado estén dispuestas a actuar para detener, aminorar y, mucho menos revertir esta destrucción de vidas humanas y condiciones ambientales. Tan sólo la contaminación y sobreexplotación de los ríos, lagos y acuíferos está generando ya decenas de fallecimientos por enfermedades degenerativas en múltiples lugares de México, como El Salto, en Jalisco, en la cuenca del río Atoyac-Zahuapan (en Puebla y Tlaxcala), en el valle de Perote, en Puebla y Veracruz, en la cuenca del río Laja, en Guanajuato, en el valle del Mezquital, en Hidalgo, en Tierra Blanca, Veracruz, en Alpuyeca, Morelos y en varias entidades de la frontera con Estados Unidos, entre ellos, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nuestra acusación consiste, básicamente, en que el Estado mexicano, desde hace casi 30 años, ha experimentado un proceso de adecuación, retroceso, fragmentación y reforma jurídica e institucional que, por una parte, ha orientado la política pública del país hacia la progresiva privatización de los recursos naturales estratégicos, 1 los territorios de los pueblos que los contienen 2 y de los servicios públicos asociados con ellos, 3 en adecuación a los compromisos internacionales adquiridos desde inicios los ochenta y especialmente desde la negociación, aprobación y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo cual se ha profundizado todavía más con la firma de otros once acuerdos similares con otros 40 países, además de Estados Unidos y Canadá. Este desvío y abuso del poder económico y político del Estado ha posibilitado una perversa desfiguración de los derechos individuales y sociales consagrados en nuestras leyes, la inducción sistemática y estratégica de fallas de Estado y la imposición y ocultamiento de una violencia de Estado contra la población en lo que se refiere al cumplimiento de sus derechos fundamentales, a la aplicación justa de la ley y a la satisfacción de sus necesidades básicas.

La aplicación de las políticas de Libre Comercio y apertura a la inversión extranjera en México evidencian la emergencia de unas cuantas empresas mexicanas y extranjeras como grandes beneficiarias en ramas como la energía (petrolera y eléctrica), la agricultura, la ganadería y el procesado de alimentos y bebidas, la química, las comunicaciones, el transporte, la construcción, la minería, la alimentación, la dotación de servicios públicos, el comercio y los servicios financieros. Dichas empresas han abusado del acceso que les ha otorgado el Estado mexicano a los recursos naturales, las infraestructuras y los servicios públicos y se han beneficiado de la traición del Estado al ejercicio de los derechos de los pueblos en México, a través de la modificación, la manipulación y la violación de las leyes, la manipulación del contenido material de los objetos de consumo, el gusto de los consumidores y el ocultamiento de información clave sobre los riesgos, impactos y saldos negativos en la salud de sus procesos y productos. Algunos de los resultados más evidentes de estas malas prácticas empresariales en México se observan en el hecho de que México ocupa hoy los primeros lugares mundiales en diabetes, obesidad adulta e infantil y en el consumo de refrescos y agua embotellada. Pero también en el hecho de que fue en México donde se originó, en 2009, la pandemia global de Influenza A-H1N1, presumiblemente por efecto de la operación, completamente desregulada de las granjas industriales para la cría de cerdos de la trasnacional estadounidense Smithfield, en el valle de Perote.

En México, las políticas económicas (industrial, comercial, urbano-regional, de vivienda y agropecuaria), han posibilitado no sólo la sobreexplotación y depredación de recursos como el agua, los bosques, los suelos y la biodiversidad (terrestre y acuática), sino que también han posibilitado la apropiación privada e incluso la desnacionalización de las tierras de los pueblos originarios, las comunidades campesinas y de los barrios urbano-populares, con el fin de otorgar un carácter preferente a grandes proyectos (privados o público-privados) de construcción de infraestructuras carreteras, presas hidroeléctricas, trasvases de ríos, plantas privadas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios o confinamientos de residuos tóxicos o peligrosos, explotaciones mineras, conjuntos habitacionales u hoteles de lujo.

Los medios utilizados por el Estado mexicano para facilitar, en grado extremo, la privatización y depredación de los recursos naturales y las infraestructuras estratégicas del país consisten, entre otros:

  • en la adecuación o promulgación de leyes que otorgan facilidades y derechos excepcionales al capital privado por encima de los derechos de los pueblos (como ocurre con la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Minera, la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, etcétera);
  • en la omisión de las autoridades ambientales y de salud en la aplicación de las normas y leyes que aún conservan rastros de capacidad regulatoria (caso de numerosas Normas Oficiales Mexicanas);
  • en la reducción del procedimiento de "Autorización de impacto ambiental" de obras y actividades de alto impacto ambiental a un mero trámite administrativo que las autoridades otorgan prácticamente sin realizar consultas con las comunidades afectadas o con grupos académico-científicos independientes;
  • en la eliminación de facto de los procedimientos de sanción y castigo a los responsables de la sobreexplotación y destrucción de ecosistemas, ríos, bosques y el patrimonio bio-cultural de los pueblos de México, al favorecer mecanismos de "autorregulación" de las empresas privadas;
  • en la abdicación arbitraria del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar que las leyes ofrezcan condiciones suficientes y adecuadas para un desarrollo nacional integral y sustentable, que promueva la justa distribución de la riqueza y el ingreso;
  • en la manipulación y ocultamiento de información relevante sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la destrucción de las condiciones ambientales del país, así como respecto a las víctimas directas e indirectas de las omisiones del Estado y el incumplimiento de las leyes por parte de las empresas públicas y privadas;
  • en el incumplimiento de sentencias judiciales y recomendaciones de organismos de derechos humanos cuando éstas favorecen a las comunidades afectadas (casos de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, de la presa de El Zapotillo, en Jalisco y de la Supervía Poniente, en el Distrito Federal);
  • en el desprecio y criminalización de los defensores ambientales del país, que se expresa en represiones violentas, amenazas, persecuciones jurídicas y políticas, así como atentados, secuestros, desapariciones e incluso asesinatos de activistas ambientales comunitarios.

La desviación y abuso de poder del Estado mexicano, además de haber generado una disminución efectiva de la cantidad y calidad efectiva de las aguas para consumo humano, está generando ya un proceso de deforestación, degradación de suelos y calentamiento climático que se expresan en eventos climáticos extremos (inundaciones graves y sequías prolongadas) que suman millones de afectados, pero también la emergencia de crisis agudas de salud en numerosos lugares y, por supuesto, un número creciente de conflictos socio-ambientales locales en todo el territorio. De acuerdo con investigaciones del Observatorio Socioambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, existen en México no menos de 200 conflictos activos ocasionados por el despojo, contaminación y sobreexplotación de las aguas nacionales en los que el Estado (en sus distintos poderes y niveles de gobierno) interviene, más que como mediador y conciliador, como agente productor de conflictividad.

Por todo lo anterior, los pueblos, comunidades, barrios y organizaciones firmantes de la presente demanda, ponemos a consideración de los honorables miembros del jurado sólo algunas de las demandas generales mínimas que buscamos sean recogidas por el Tribunal y que serán ampliadas en el curso de las distintas pre-audiencias que la Audiencia Ambiental del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos realizará en el curso del presente año y el año próximo, previas a la Audiencia temática correspondiente:

1. Que el Tribunal Permanente de los Pueblos condene al Estado mexicano por su responsabilidad en los delitos de desviación y abuso de poder en materia ambiental que, al favorecer los intereses particulares de grupos de interés privados (a los cuales también debe condenarse) mediante la aplicación de políticas públicas de libre comercio, han ocasionado daños graves a los ecosistemas y los bienes naturales del país, así como la violación de los derechos individuales y colectivos de los pueblos de México establecidos en la Constitución y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano

2. Que se condene al Estado mexicano por la violación sistemática de sus obligaciones de: 1) garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático; 2) planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general; 3) establecer los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios; 4) organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; 5) expropiar tierras sólo por causa de utilidad pública, entre muchas otras.

3. Que el Tribunal Permanente de los Pueblos condene la criminalización de la protesta social efectuada por el Estado mexicano contra los defensores ambientales en México, especialmente, en los casos de quienes han sido asesinados o desaparecidos por la acción u omisión del Estado mexicano. Solicitamos al Tribunal Permanente de los Pueblos que condene al Estado mexicano por la criminalización y encarcelamiento injusto de numerosos defensores ambientales de los pueblos de México, por las amenazas proferidas contra su vida, su integridad física y seguridad propia y de sus familias, así como por las acciones represivas llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad del Estado en numerosas comunidades del país.

4. Que el Tribunal Permanente de los Pueblos convoque a la conformación de una Comisión de la Verdad, independiente y con carácter jurídicamente vinculante para el Estado mexicano, integrada por personalidades nacionales e internacionales que investigue y resuelva los casos de criminalización de los defensores de derechos humanos y ambientales de los pueblos de México y establezca criterios, procedimientos y bases para la reparación integral de los daños económicos, sociales y ambientales cometidos contra los pueblos de México.

5. Que el Tribunal Permanente de los Pueblos exija al Estado mexicano resolver los numerosos vacíos y omisiones legales existentes en la normatividad minera, hídrica y medioambiental mexicana, sobre todo en lo que se refiere a los reglamentos y procedimientos que permitan la justa aplicación de los principios y derechos humanos establecidos en la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales.

6. Que el Tribunal Permanente de los Pueblos exija al Estado mexicano reformar el reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental de los proyectos de desarrollo públicos y privados, incorporando no sólo los aspectos medioambientales sino también los sociales, no sólo el impacto puntual sino el impacto acumulativo de los proyectos —y en el caso de proyectos con afectaciones hidrológicas, los impactos en toda la cuenca—, y modificando el procedimiento para hacer obligatoria y exhaustiva, tanto la consideración de las opiniones técnicas de los especialistas en la materia —opiniones que deberán ser fundamentadas en los principios de certeza científica, independencia, interdisciplinariedad y precaución—, como la consulta a los ciudadanos, incorporando en su articulado el rechazo de las comunidades afectadas como causal de cancelación de los proyectos.

7. Que el Tribunal Permanente de los Pueblos exija al Estado mexicano reformar el sistema de procuración de justicia, estableciendo órganos jurisdiccionales especializados en materia ambiental, dentro del Poder Judicial, con plena autonomía administrativa y presupuestal encargados de la tutela y aplicación de las leyes ambientales de acuerdo al principio de separación de poderes sancionado por la Constitución.

8. Que el Tribunal Permanente de los Pueblos exija al Estado mexicano dar cumplimiento inmediato a las sentencias de los tribunales y recomendaciones de comisiones de derechos humanos mexicanos que han favorecido a los pueblos de México y que de manera sistemática son desacatados por el Estado y las empresas responsables de daños sociales y ambientales, como son: Minera San Xavier, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; Proyecto Hidroeléctrico La Parota, Acapulco, Guerrero; Presa El Zapotillo, Temacapulín, Cañadas de Obregón, Jalisco; Supervía Poniente, Magdalena Contreras, Distrito Federal.

9. Que el Tribunal Permanente de los Pueblos se pronuncie favorablemente por la creación de una Corte Penal Internacional Ambiental, con carácter vinculante para todos los Estados integrantes del Sistema de Naciones Unidas.

10. Que el Tribunal Permanente de los Pueblos recomiende la realización de una auditoría integral y pública a todas las instituciones del sector Medio Ambiente del gobierno federal mexicano, que sea realizada por una comisión auditora independiente en la que puedan participar representantes de las víctimas de la devastación ambiental e hídrica del país y especialistas que éstas recomienden.


Sobre esta noticia

Autor:
Bionero.org (381 noticias)
Fuente:
bionero.org
Visitas:
221
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.