El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) urgió a las autoridades a establecer mayores acciones para garantizar los derechos humanos, la integridad física y mental de los migrantes, así como salvaguardarlos del secuestro. En entrevista el vocero del PVEM, Jesús Sesma Suárez, consideró que el secuestro de migrantes es una de las más graves violaciones a la libertad y dignidad de las personas y en México es un fenómeno preocupante. Ello, explicó, porque México concentra una de las fronteras con mayor afluencia migratoria en el mundo, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. En el marco del Día Internacional del Migrante, Sesma Suárez refirió que de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población cada año casi 550 mil mexicanos emigran a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Agregó que sólo en los últimos tres años, el Instituto Nacional de Migración aseguró un promedio anual 140 mil migrantes sin documentos, en su mayoría centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. El vocero pevemista subrayó que la magnitud de dicha migración constituye un singular desafío debido a la complejidad que caracteriza a la migración internacional actual. En cuanto a los secuestros de indocumentados en la frontera sur del país, resaltó la importancia de que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública se generen mecanismos que garanticen que la comisión de delitos de este tipo no queden impunes. Demandó que las víctimas cuenten con toda la información, protección y los medios necesarios para presentarse ante el Ministerio Público a externar sus denuncias. Sesma Suárez planteó que ante el endurecimiento de las leyes migratorias de Estados Unidos los connacionales no tienen garantizados sus derechos, principalmente los menores migrantes que sufren detenciones por autoridades tanto nacionales como extranjeras. Detalló que las mexicanas y los mexicanos que han logrado establecerse en territorio norteamericano tienen ahora mayores problemas y dificultades para llevar consigo a sus familias, esposas e hijos. El problema, opinó, son las condiciones a que se enfrentan los niños y adolescentes, grupos aún más vulnerables que los propios hombres y mujeres, pues en muchas ocasiones sufren el maltrato de "polleros", de sus acompañantes y, lo más grave, de las autoridades migratorias. Manifestó que de acuerdo con información recabada por grupos sociales se calcula que por lo menos 10 por ciento de las personas aseguradas son menores de edad. Por ello, "necesitamos clarificar la obligación del Estado mexicano de garantizar el respeto de los derechos humanos de los menores migrantes y prohibir que sean separados de sus padres o familiares, en caso de ser asegurados, así como el alojamiento en lugares distintos de los mayores". En este contexto, llamó a la Secretaría de Gobernación a que lleve a cabo la instrumentación eficaz de mecanismos de salvaguarda de los derechos e integridad de los menores migrantes.