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Descalifica disidencia liberación de colaborador de Gómez Urrutia

27/02/2011 12:18 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La excarcelación de Juan Linares Montúfar, colaborador de líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, se debió a un “arreglo político”, no a una resolución jurídica fundada en la ley, acusó Héctor Jiménez Coronado, coordinador de la Alianza Minero Nacional (AMN). El dirigente sindical disidente consideró, sin embargo, que la excarcelación del encargado del Consejo General de Vigilancia del gremio que preside Gómez Urrutia, no implica la inocencia de éste ni de los suyos respecto al desvío de 55 millones de dólares del fideicomiso minero. Por ello, insistió en que el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) debe ser repatriado para responder por ese delito, puesto que las órdenes de aprehensión en su contra siguen vigentes. Jiménez Coronado pidió a las autoridades diplomáticas y judiciales acelerar el proceso contra el dirigente del sindicato minero, para hacer cumplir la justicia mexicana. A su juicio, con la liberación de Linares Montúfar del Reclusorio Norte se privilegió un manejo político del asunto, sin pensar en los 10 mil trabajadores de Cananea que no recibieron dicho fondo económico, desde que la empresa fue privatizada. Sin embargo, el dirigente de la alianza recalcó en un comunicado que ese hecho no representa un obstáculo para que los trabajadores de Cananea dejen de luchar por la entrega del dinero que les pertenece. En otro asunto, tras recordar el fin de la huelga en la Mina El Cubo, en Guanajuato, refirió que aún se mantienen otras tres huelgas de mineros en el país: en Sombrerete, Zacatecas; en Taxco, Guerrero, y en Cananea, Sonora. En el último caso, expuso, aparentemente se había logrado un acuerdo, pero “Napito” la sigue utilizando como mecanismo de presión para ostentar un poder que no es reconocido por los mineros ni por las autoridades laborales. Afirmó que la alianza que encabeza está a favor de las huelgas, pues son un arma jurídica en defensa de los derechos de los trabajadores, aunque Gómez Urrutia las utilice como mecanismo de chantaje para obtener dinero de las empresas afectadas.


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