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Descarta comité conciudadano de observación conflicto postelectoral

21/06/2012 06:45 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral (CCOE), conformado por diversas organizaciones y especialistas, consideró que no están dadas las condiciones para que haya un conflicto poselectoral, debido a los candados establecidos por la autoridad. En rueda de prensa, el ex consejero electoral capitalino, Eduardo Huchim, dijo que si el Instituto Federal Electoral (IFE) hace lo necesario para hacer los recuentos que ahora ya están previstos en la ley cuando haya alguna duda, no debe surgir ningún problema. Además, agregó, si la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) opera oportunamente contra los ilícitos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actúa con imparcialidad “no veo posibilidades de que haya conflicto postelectoral”. Empero, advirtió, si alguna de las autoridades electorales falla en el cumplimiento de sus atribuciones, sobre todo si hay un reclamo definido de algún partido o candidato sí puede haber conflicto, pero “en este momento no veo que haya las condiciones para ello”. A su vez, la analista política Clara Jusidman dijo que no se puede anticipar qué pasará luego de las elecciones del 1 de julio, pero “personalmente no veo posicionamiento de candidatos o partidos en donde estén amenazando con un conflicto poselectoral”, planteó. Al contrario, dijo, se ve que todos los candidatos presidenciales están con el propósito de respetar lo que salga de la elección, por lo que no se ven indicios de que haya alguien en una actitud beligerante o amenazante de que no respetará el resultado electoral. Además, advirtió, México, “con el grado de conflictividad que tiene, la gente no quiere hacer más conflicto, por lo que la expectativa que tengo es que no habrá conflicto poselectoral. Subrayó que a diferencia de 2006 “tenemos la oportunidad de apertura de todas las urnas en donde exista dudas, y hay todo un dispositivo construido para se puedan recontar los votos, lo que no se tenía”. A su vez, el también analista político Alberto Azis dijo que la conflictividad de la jornada electoral del próximo 1 de julio dependerá de una serie de condiciones. Subrayó que “creo que hay una gran cantidad de candados que ha dado el IFE como símbolo de garantía y certeza para que el voto se cuente”, por lo que no están dadas las condiciones para que se produzca un conflicto postelectoral. Agregó que a diferencia de 2006, ahora hay mecanismos que pueden garantizar la certeza como la apertura de las casillas, y se tienen las redes sociales que van a estar generando información de forma permanente. Además, resaltó, el IFE se ha propuesto brindar toda la información posible, es decir, están puestas las condiciones para que no sea una elección conflictiva, pero “habrá que esperar la parte que no conocemos pero no especular sobre un posible conflicto postelectoral”. Por otra parte, Beatriz Camacho, de Alianza Cívica, dijo que efectuaron un estudio que arrojó que 70 por ciento del los recursos que los partidos recibieron hasta 2006 de financiamiento público lo destinaron a la compra de espacios en radio y televisión para propaganda. Empero, resaltó, luego de la reforma electoral de 2007 se ató las manos a los institutos políticos, por lo que ese 70 por ciento de dinero que les quedó libre lo orientaron a prácticas de compra y coacción del voto. Expuso que de acuerdo con el estudio elaborado por Alianza Cívica en 2009, se encontraron señales alarmantes, como en el Valle de Chalco, en el Estado de México, donde 50 por ciento de la población había sido expuesto a una práctica de compra y coacción del voto. Subrayó que el actual marco legal permite a los partidos políticos adquirir toda clase de bienes y servicios para ofrecer a los ciudadanos, desde borregos, pantallas de plasma, tarjetas telefónicas, máquinas de cocer y otros mil 500 diversos artículos. En su opinión, se debe legislar para evitar este tipo de lagunas y que aunado a espacios de opacidad en materia de rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales que manejan programas sociales, hace que haya condiciones para comprar y coaccionar el voto.


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