Los diputados brasileños pospusieron el jueves la discusión de un paquete de medidas anticorrupción, en medio de acusaciones de que en realidad buscan aprobar una autoamnistía que paralice las investigaciones sobre el escándalo de Petrobras.

El paquete, que contó con el respaldo de dos millones de firmas, fue elaborado por los fiscales a cargo de la monumental investigación Lava Jato ("lavadero de autos"), sobre la confabulación entre empresarios y políticos que desvió más de 2.000 millones de dólares de los cofres de la petrolera estatal.

Sin embargo, los propios fiscales, jueces y algunos diputados denuncian que existe la intención de incluir en el texto modificaciones que permitan amnistiar delitos de "Caja 2" -donaciones no declaradas ante la justicia electoral-, que suelen usarse para lavar dinero de la corrupción.

La norma bajo estudio -que será discutida y votada la próxima semana- tipifica y endurece las penas de la "Caja 2"; pero, según una lectura que gana fuerza en el Congreso, ello podría abrir la puerta a una amnistía de los casos investigados hasta ahora, ya que ninguna ley se aplica retroactivamente.

"Amnistiar conductas de corrupción y lavado de dinero impactaría no solo las investigaciones y los procesos ya juzgados en el ámbito de la Operación Lava Jato, sino también la integridad y la credibilidad, interna y externa, del Estado de Derecho y de la democracia brasileña", advirtió en un atípico comunicado el juez anticorrupción Sergio Moro, a cargo de la causa Petrobras en primera instancia.

La polémica en torno a esta supuesta amnistía agitó los corredores del Parlamento y el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, decidió aplazar la votación para la próxima semana, alegando que los líderes partidarios no llegaron a un consenso sobre el texto a ser votado.

"Para no votar en forma precipitada en contra o a favor, sin un análisis profundo, lo mejor es dejar esta votación para el próximo martes", afirmó Maia, quien negó tajantemente cualquier maniobra para perdonar delitos de corrupción.

"Ese debate no existe (...), es una confusión de palabras para generar una polémica que debilite la Cámara. Es obvio que ningún diputado o diputada votará ese proyecto sin oír a sus electores. Representamos a la sociedad brasileña", replicó ante periodistas, tras anunciar el aplazamiento.

- ¿Acabar con el caso Petrobras? -

Esta polémica ocurre al tiempo que decenas de ejecutivos del grupo brasileño Odebrecht están a punto de firmar un acuerdo con la justicia para delatar detalles de la trama de Petrobras a cambio de una reducción de sus condenas.

La confesión masiva solo espera para ser firmada que se superen divergencias sobre la multa que Odebrecht deberá pagar en Estados Unidos, donde también es investigada, dijo a la AFP una fuente con acceso a las negociaciones.

Odebrecht, que llegó a ser una de las mayores constructoras de América Latina, era un agente financiero clave para muchos políticos.

La esperada confesión de más de 70 funcionarios de la empresa regará acusaciones sobre unas 200 personas, incluyendo políticos de casi todo el arco parlamentario, gobernadores y funcionarios de Estado, según indican medios locales.

"Según el texto que se apruebe, esa ley podría simplemente sacar de la cárcel a todos los que están presos y acabar con todo lo realizado hasta ahora en la Lava Jato", opinó el fiscal del caso Petrobras, Deltan Dallagnol, quien la pasada semana recorrió incansablemente los corredores del Congreso para convencer a los legisladores de no facilitar ningún tipo de amnistía.

La operación Lava Jato, en marcha desde 2014, golpeó duramente al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva y a sus exaliados PMDB (centroderecha) del actual presidente Michel Temer y al Partido Progresista (PP).

El propio Lula (2003-2010) enfrenta varias causas judiciales ligadas al esquema en Petrobras, del cual la fiscalía lo señala como el "máximo comandante".

El avance de las investigaciones potenció una crisis política que este año condujo a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, sucesora de Lula, acusada de maquillar las cuentas públicas para facilitar su reelección en 2014.