Los diputados brasileños aprobaron en la madrugada del jueves un fuerte reajuste salarial para empleados de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y militares, en medio de una crisis económica que proyecta un severo déficit en las cuentas públicas para este año.

El impacto presupuestario será de unos 58.000 millones de reales (unos 16.500 millones de dólares al cambio actual) hasta 2019.

Según el gobierno interino del presidente Michel Temer, que reemplazó a la mandataria Dilma Rousseff luego que fuera suspendida de sus funciones por el Senado, ese costo está dentro del máximo estipulado para el sector público y ya estaba previsto.

Tras la media sanción, el proyecto pasará a la Cámara alta.

"Los aumentos aprobados, negociados por el gobierno anterior, no superan la inflación del periodo. Por el contrario, están por debajo", aseguró en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Eliseu Padilha.

El reajuste desató críticas un día después de que el propio Temer señalara que su principal misión será sanear las cuentas públicas: "Ya no existe en Brasil espacio para un Estado hinchado e ineficiente", dijo el miércoles.

Brasil está en recesión desde el año pasado cuando su PIB cayó 3, 8%, en medio de un escenario económico que también incluye una inflación cercana a los dos dígitos y un desempleo récord.

Una de las primeras victorias del gobierno interino fue que el Congreso aprobara la semana pasada una meta fiscal fuertemente deficitaria para este año, lo que le da tiempo para impulsar medidas promercado como cortes del gastos público y una reforma del sistema de pensiones.

El reajuste aprobado prevé aumentos de entre 16, 5% y 41, 47% en cuatro años para los funcionarios del poder Judicial, desde jueces de la Corte Suprema a los de tribunales menores; también para el fiscal general de la República y los fiscales federales.

Este reajuste fue aprobado en momentos que la justicia continúa llevando adelante una histórica investigación sobre la millonaria trama de corrupción en la estatal Petrobras que involucra a buena parte de los políticos brasileños.

Los funcionarios de la Cámara y del Senado tendrán una mejora de hasta 20% y los militares uno de 25, 5% hasta 2019. También se prevén alzas para funcionarios de otras reparticiones públicas como Banco Central, agencias reguladoras o la abogacía del Estado, entre otras.