El peor verano para los profesores en cinco años: 200.000 se fueron al paro. El sindicato de Funcionarios reclama un Pacto de Estado que resuelva el problema ‘veraniego’ de los profesores interinos.

España  despidió en el verano 2016 a 203.300 profesionales del sector de educación. Es la cifra más alta registrada en los últimos cinco años, superando los 191.297 profesores despedidos en el verano de 2015. Este preocupante dato refleja la precariedad e inestabilidad del sector, que desde que llegó Mariano Rajoy a La Moncloa ha visto cómo el despido ‘veraniego’ de los interinos se ha multiplicado. El gasto público en educación cae por primera vez en 30 años.

“Antes de 2012 no pasaba, pero desde que se cambió la ley con el nuevo gobierno las bajas de interinos en el sector educativo se han incrementado” afirma Mario Gutiérrez, presidente nacional de Educación del sindicato. Este sindicato, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), es el más representativo en las administraciones públicas. Gutiérrez denuncia que en estos momentos se está cometiendo fraude de ley al crear diferencias laborales sustanciales entre trabajadores que realizan la misma labor pero con contratos diferentes.

“Interinos y funcionarios desarrollan el mismo cargo pero unos reciben salario durante los meses de verano y los otros no, porque son despedidos para volver a ser contratados en septiembre. No tiene sentido. Eso antes de 2012 no pasaba”, insiste Mario Gutiérrez, representante de un sindicato (CSIF) que asegura que la mitad de los despedidos de este verano – casi 100.000 profesionales – proceden del sector público.

La responsabilidad final de estos despidos proviene de las comunidades autónomas, que debido a la crisis y los problemas de financiación del Estado esgrimen que no poseen los recursos económicos suficientes para complementar los salarios de los interinos durante los 12 meses del año. Sin embargo, a nivel general este recorte no supone ningún ahorro, pues el gasto acaba derivándose a la Administración Central, que es la que debe aportar la prestación por desempleo de los más de 200.000 despedidos.

Es cierto que muchos de los despedidos en junio vuelven a ser contratados en septiembre, pero el balance total de la legislatura de Mariano Rajoy deja en el camino a más de 11.000 profesores que en su día fueron despedidos y jamás recontratados. La mayor parte de esos profesores proviene de las universidades, ya que 7.771 profesionales de la educación fueron despedidos en el periodo 2012-2016.

El problema se agudiza al conocer que a pesar de recibir menos inmigración, las clases se han llenado de alumnos (9.421.900 alumnos en total), pues la falta de oportunidades laborales como la construcción ha diezmado la voluntad de aquellos que en décadas anteriores abandonaban la formación educativa. Ahora no, y a la falta de profesores se suma un incremento en los alumnos. Eso deja un ratio en España de 1 profesional educativo no universitario por cada 14 alumnos no universitarios. Una cifra superior a la media europea.

Estas circunstancias provocan nuevas protestas del CSIF, que reclama un Pacto de Estado por la Educación que afronte de manera global las necesidades del sector. Dentro de ese acuerdo pide que haya “una adjudicación completa y urgente de las vacantes de personal docente que están sin cubrir para garantizar que todos los alumnos tendrán a sus profesores en sus puestos a comienzo de curso”.

El sindicato de funcionarios pide la derogación de los decretos de recortes en materia de educación impulsados en la pasada legislatura, “lo que ofrecería una cobertura legal a las comunidades autónomas para que pudieran impulsar mejoras en las plantillas, los ratios de alumnos por aula o los horarios lectivos. Además, permitiría aumentar el gasto público.

El porcentaje de gasto público de España en Sanidad y Educación respecto al PIB en 2014 fue más bajo que la media europea.

El gasto público en educación lleva cuatro años de descenso continuado en España. Los últimos datos del Ministerio de Educación, correspondientes a 2013, indican que las distintas Administraciones destinaron 45.245, 2 millones de euros, un 4, 31% del Producto Interior Bruto (PIB) que lo sitúa a niveles de 2006, con el mismo porcentaje de riqueza y 42.480 millones de inversión. El 6% por ciento del PIB es el mínimo que recomienda la OCDE”, según un documento del CSIF. La media europea, se acerca al 5%.

En los últimos cuatro años analizados se han perdido 7.764 millones para profesores, aulas, apoyos o becas. Entre 2012 y 2013, el descenso es de 1.231 millones menos (-2, 6%), según los datos que refleja la Estadística del Gasto público en educación, que el ministerio acaba de publicar y cuyas cifras son aún provisionales.

El porcentaje de la riqueza española destinado a la educación, ese 4, 31% del PIB, desciende y se aleja unas décimas más tanto de la media europea —un 5, 25% según datos de Eurostat correspondientes a 2011— como de la de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con un 5, 6% también correspondiente a 2011.

La educación infantil y primaria le corresponde más de un tercio del gasto total (34, 9%), seguidas de la Secundaria y FP (28, 9%) y de la etapa universitaria (20, 7%). La partida de becas representa el 3, 6% del total. Todas ellas han caído en el último año analizado. Sobre todo la formación ocupacional, con un 30, 4% menos y la correspondiente a las ayudas de estudio, que se reduce un 9, 9%.

El ministerio señala en el avance de los datos que los programas estatales de becas que supedita al “cumplimiento de requisitos socioeconómicos y/o académicos” para estudiantes universitarios y no universitarios han subido respecto a 2012 un 2, 6% al pasar de 1.171 a 1.202 millones, con lo que el recorte debe provenir de las partidas “regionales“.

Educación ha recortado 275 millones en becas en los dos últimos cursos. Congela la partida de becas generales y Erasmus en 2015

El 84% del gasto total en educación corresponde a las comunidades autónomas. Siete redujeron su inversión en 2013: Castilla - La Mancha, con un 6, 2% menos; Euskadi (-4, 2%); Cataluña (-3, 2%); Castilla y León (-2, 8%); Andalucía (-2, 2); Cantabria (-0, 6%) y Galicia (-0, 5). En Extremadura subió un 3, 7% y en La Rioja el 1, 6% mientras se mantuvo en Aragón, Madrid y Murcia.

En 2014, España destinó tan solo un 4, 1% de su PIB a la Educación. El porcentaje, es inferior al de países como Irlanda (4, 3%), Grecia (4, 4%) o Portugal (6, 2%) y está a mucha distancia del registrado en Dinamarca, el país de la UE que dedica más gasto a esta partida, con un 7, 1% del PIB.

Supone la cifra más baja del grupo de la Europa de los 15 (los Estados miembro de la UE al cierre de 2003), según refleja el último informe del 'think tank' de economistas Fedea, que analiza la evolución del gasto público en el Estado de Bienestar en España durante la crisis y la compara con la media de la UE.

Los expertos distinguen dos fases: una expansiva (de 2007 a 2009) y una de consolidación fiscal (de 2009 a 2014). En la primera, el gasto público en Educación en España subió un 15% en términos reales y un 0, 06% en puntos de PIB; sin embargo, en los cinco años posteriores el gasto se recortó en un 14% en términos reales y en un 0, 05% PIB.

Así, el porcentaje orientado a la Educación fue similar en 2014 al de 2007 (4, 0%), mientras que en Alemania y Grecia (países que hace 9 años se encontraban por debajo de España) aumentó, dejando a España en la cola del ranking.

Menos gasto en Educación y Sanidad, más en intereses de deuda y desempleo. Además de la Educación, España también destinó en 2014 menos dinero público respecto al PIB que la media europea a la Sanidad, con un 6, 1% frente al 7, 2% promedio de la UE, a pesar de que en este caso la partida se incrementó respecto al 5, 7% de 2007.

Sin embargo, debido a las altas tasas de paro, fue uno de los países que más dinero destinó al desempleo (un 2, 4%), tan solo por detrás de Finlandia (2, 5%); y al pago en intereses (un 3, 1% del PIB), en este caso por debajo de Grecia (3, 8%), Italia (4, 2%) y Portugal (4, 6%).

Mendez Vigo sigue progresando al compás de la LOMCE bajo la batuta del ex-maestro Wert

Por otro lado, en los últimos años, como consecuencia del envejecimiento de la población, se disparó el gasto en pensiones durante los años de crisis: del 7, 9% que suponía en 2007, pasó al 11, 6% en 2014, prácticamente en línea con la media europea.

El gasto público en educación lleva cuatro años de descenso continuado en España. Los últimos datos del Ministerio de Educación, correspondientes a 2013, indican que las distintas Administraciones destinaron 45.245, 2 millones de euros, un 4, 31% del Producto Interior Bruto (PIB) que lo sitúa a niveles de 2006, con el mismo porcentaje de riqueza y 42.480 millones de inversión.

El porcentaje de la riqueza española destinado a la educación, ese 4, 31% del PIB, desciende y se aleja unas décimas más tanto de la media europea —un 5, 25% según datos de Eurostat correspondientes a 2011— como de la de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con un 5, 6% también correspondiente a 2011.

“Los vascos se reinventan a sí mismos con el poder de la educación”. Bajo este título, Sean Coughian, el corresponsal de educación de la BBC News, firma un artículo muy favorable sobre el sistema educativo vasco. En el reportaje, destaca la alta capacidad de inversión que el Gobierno vasco ha hecho en esta materia. En este sentido, recuerda que “solo Dinamarca y Austria tienen mayores niveles de inversión por alumno en Europa”. Para lograr los resultados que los vascos tienen en educación tienen que hacer juegos malabares con Madrid. Realmente, es cierto que reinventarse.

“Todo ello ha supuesto -prosigue el artículo- que casi el 48% de la población en edad de trabajar tenga un título de grado, similar a los niveles de Finlandia y Noruega. De esta inusitada por lo alta proporción de graduados, casi la mitad han estudiado ciencias, matemáticas e ingeniería. En cuanto al porcentaje del personal dedicado a la investigación y el desarrollo, encabeza el ranking con Finlandia y Dinamarca”. Con esta cifras, en el artículo de la BBC se señala que “en muchos sentidos, el perfil educativo se siente más como una parte de Escandinavia que de un país del sur de Europa”. De hecho, señala que expertos suecos han estado en Euskadi para poder implantar algunos de los métodos. En el artículo, se intercalan declaraciones de la consejera de Educación del Gobierno vasco, Cristina Uriarte, que señala que “la educación es la clave para mantener nuestra cultura”.

En este sentido, se destaca el fuerte impulso dado a la enseñanza del euskera y la inversión realizada en investigación y desarrollo, lo que ha hecho que “el País Vasco pueda mitigar el altísimo nivel de desempleo juvenil que afecta al país”.

El artículo de la BBC hace también hincapié en que, aproximadamente, el 50% de “las escuelas son una mezcla de públicas y privadas (concertadas), un modelo que la directora de la Ikastola Lauaxeta, Maritere Ojanguren, considera que permite que “los padres se impliquen mucho más en la gestión del centro escolar y, a su vez, éstas tienen que ofrecer otras cosas diferentes a las públicas”. Para el articulista, este sistema refleja “el espíritu empresarial de la cultura vasca”.

El articulista pulsa también la opinión de Guillermo Dorronsoro, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Deusto. Así, Dorronsoro explica que “la educación es una inversión a largo plazo, se necesita una identidad. Si no se siente ninguna identidad, no se hace un esfuerzo”.

Por último, Andreas Schleicher, director de educación de la OCDE, confirma el País Vasco “es un gran inversor en educación, y parte de este proyecto, se ha dedicado a la promoción de la lengua vasca”.

Los primeros seis meses de este año han dado para mucho en materia de educación, al menos a nivel mediático. Se han vivido plantes al ministro Iñigo Méndez de Vigo por parte de las comunidades autónomas que no están gobernadas por el Partido Popular a cuenta de las reválidas de ESO y Bachillerato, un boicot generalizado a la evaluación externa que plantea la Lomce en 6º de Primaria, un acuerdo del Congreso de los Diputados para paralizar la Lomce…

Pero este periodo ha sido aprovechado por el PP para transmitir a la opinión pública una imagen de flexibilidad y diálogo -ausente durante los cuatro años de rodillo, recortes y legislación a golpe de decreto ley- que no ha logrado convencer al resto de partidos y mucho menos a la comunidad educativa.

Durante el último medio año, el Pacto de Estado por la Educación ha estado en boca del ministro día sí y día también, aunque con la Lomce el PP ha dado sobradas muestras de ser incapaz de alcanzar un mínimo consenso; ni siquiera contentó a la Conferencia Episcopal con su reforma de la asignatura de Religión. En un alarde de cálculo electoral, Méndez de Vigo ha propuesto la modificación de las reválidas en ESO y Bachillerato. Ya no serán tipo test, ni un examen único el mismo día para todo el Estado. Sin embargo, la reforma anunciada de la mano del presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE) solo afecta a la superficie del real-decreto (pendiente de aprobación) porque el Gobierno español seguirá definiendo los contenidos de las pruebas que el alumnado deberá superar para obtener el título. El impacto inicial logrado por este inesperado giro de los acontecimientos se fue diluyendo con el paso de los días por su corto alcance, hasta el punto de que el Gobierno vasco no ha dudado en calificar los cambios anunciados de “tomadura de pelo”. La indefinición del ministro Mendez Vigo ha traido al Pais Vasco la misma inseguridad total en que Mariano Rajoy es maestro.

Relacionados con la reválida de Bachillerato que sustituirá a la selectividad en 2017, los rectores han recibido una de cal y otra de arena. Por un lado, la CRUE ha logrado que el Ministerio respete el distrito único, es decir, que la nota de un estudiante al finalizar el Bachillerato sirva para acceder a cualquiera de las universidades del Estado. Sin embargo, Méndez de Vigo no se ha plegado a la moratoria de un año para aplicar la reválida que pedían los rectores. Es tal el desconcierto existente que, a día de hoy, nadie sabe si la de este año ha sido realmente la última selectividad.

El Gobierno español en funciones no ha aprobado el real-decreto que debe regular las reválidas de ESO y Bachillerato, la verdadera piedra angular de la Lomce. Y es que las reválidas son el instrumento del PP para hacer efectiva la recentralización de la educación, ya que suponen la vía para que Madrid tenga el control sobre los contenidos que se imparten en los centros.

Tanto la inoperancia del Ejecutivo de Mariano Rajoy en este sentido, como sus intentos por legislar un tema capital como este estando en funciones, con el sector educativo en contra y todos los partidos con la Lomce en el punto de mira, ya se han cobrado sus primeras víctimas: los estudiantes. Los alumnos de 1º de Bachillerato se han ido de vacaciones sin saber si el curso que viene tendrán que preparar la selectividad o la reválida. Y otro tanto pasa con los profesores. No saben qué tendrán que hacer, cuál será la programación.

En el caso de Euskadi, el Departamento de Educación ha anunciado públicamente que las cosas seguirán como hasta ahora y que en 2017 habrá selectividad. Pero frente a las palabras, los hechos. Y el hecho es que el gabinete que dirige la consejera Cristina Uriarte sigue sin aprobar el decreto del Currículum Vasco que debe regular el Bachillerato (acumula un año de retraso) y que la única ley en vigor es la Lomce.

Y entre tanto, no han faltado anuncios de incremento en becas y otras inversiones por parte del Ministerio que a duras penas han logrado hacerse un hueco en los titulares tras años de recortes. Los 8.000 millones de racionalización del gasto del PP han llevado la inversión pública de Educación a niveles de 2006, con aulas masificadas por el aumento de ratio del 20%, el incremento de la jornada lectiva, la disminución de las sustituciones, el aumento de las tasas universitarias, el endurecimiento de las condiciones de acceso a las becas o la retirada de numerosas ayudas de libros de texto, material didáctico, comedor o transporte. En el camino se han perdido 38.000 empleos.

Consecuencias: Euskadi puede pagar la factura próximamente, tras el reciente varapalo del Tribunal Constitucional a la negativa del Gobierno vasco a elevar la carga horaria del profesorado como en el resto del Estado español. Habrá que ver hasta dónde lleva Lakua la ejecución del fallo del alto Tribunal. El Gobierno de Iñigo Urkullu está analizando el “encaje” de la sentencia del Constitucional que avala el aumento del horario lectivo del profesorado tras rechazar el recurso interpuesto por el Ejecutivo de Lakua contra los recortes en Educación que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Esa sentencia, fechada el pasado 14 de abril, sigue la estela de la decisión adoptada por ese mismo tribunal en marzo, cuando también rechazó otro recurso de la Junta de Andalucía. Al igual que el Ejecutivo andaluz, el Gobierno vasco, entonces en manos del PSE, interpuso recurso contra esas medidas que implicaban un aumento del horario lectivo del profesorado no universitario, lo que suponía reducir el número de contrataciones y establecía recortes en las sustituciones.

El decreto establecía que no se podía contratar un sustituto hasta pasados 10 días de baja y que la jornada lectiva debía ser de 25 horas semanales en educación Infantil y Primaria, dos menos que las vigentes en la CAV. Los sindicatos calculan que se podrían perder hasta 2.300 empleos si se cumple la sentencia que obliga al profesorado vasco a impartir 20 horas lectivas en Secundaria y 25 en Primaria frente a las 17 y 23 actuales. Por otro lado, el Ministerio de Educación recurrió en abril las convocatorias de las becas universitarias y no universitarias de los cursos 2014-2015 y 2015-2016. El Gobierno vasco, que asegura que los recursos de Moncloa “no paralizan” la concesión de las becas, ha decidido recurrir este fallo ante el Tribunal Constitucional.