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Ejidos, entre la modernidad y la pobreza

08/10/2011 06:46 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La propuesta de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) de simplificar los trámites para que las parcelas sean del dominio pleno de sus poseedores, abrirá oportunidades de desarrollo al sector rural, pero para algunas organizaciones campesinas es una amenaza a la tierra social. La medida significaría reformar la Ley Agraria, para eliminar el requisito de que la Asamblea Ejidal sea la instancia que determine si se concede o rechaza que un ejidatario pueda cambiar su parcela de tierra ejidal a dominio pleno, lo que significaría privatizar su tierra. En entrevista con Notimex, el titular de la Procuraduría Agraria, Rocendo González Patiño, aseveró que según la ley las parcelas -que integran los ejidos ordenados y sin conflicto- son totalmente propiedad de los campesinos y “es un derecho donde la Asamblea ya no entra, excepto para autorizarle el dominio pleno”. Aseveró que los campesinos tienen la titularidad, posesión y propiedad de la tierra, por lo que la autorización de la Asamblea “es un trámite que debería de ahorrarse al ejidatario o comunero para que él pueda decidir si pasa su parcela a propiedad privada o continúa dentro del régimen ejidal”. La propuesta, dijo, es que los ejidatarios no queden sujetos a una Asamblea, porque en ocasiones se presta a ciertos cobros que tienen que hacer a los ejidos, a veces de manera injusta, porque esa tierra ya es de ellos. Sin embargo, el funcionario federal rechazó que con esto se termine el régimen ejidal, “es muy difícil que (el campesino) venda su tierra y que la saque del régimen ejidal”, excepto cuando la tierra pierde su vocación forestal, agrícola o ganadera y queda dentro del desarrollo urbano. Explicó que 20 mil hectáreas cambian del régimen rural al urbano cada año, y en este contexto se habla de que la apreciación para este sexenio es de más de 100 mil hectáreas. González Patiño dijo que hay mucha tierra en México, el problema es que los planes de crecimiento urbano están mal hechos, descuidados o no existen, y por ello es necesario involucrar a ejidatarios y empresarios para hacerlo de manera conjunta, en beneficio de todos. El planteamiento es que los campesinos queden dentro del régimen ejidal, con la libertad de cambiar a dominio pleno cuando quieran, y que sólo vaya al Registro Agrario y no tenga que pasar todo el trámite en Asamblea, porque se requieren formalidades especiales. Los campesinos de México “ya son mayores de edad”, saben lo que es el patrimonio, la parcela, lo que vale y que hay que cuidarla, por eso la SRA lo que hace es sumarse a este esquema y reiterarles que no vendan sus tierras, que aprovechen las riquezas para mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, esta propuesta abriría de manera indiscutible los créditos en el campo mexicano, pues tendrían la tierra como propiedad total, manifestó. Sobre el tema, el coordinador nacional del Congreso Agrario Permanente (CAP), Luis González Aguilera, refirió a Notimex que la propuesta de la SRA se debe revisar, porque para algunos dirigentes del ramo existe el riesgo del latifundismo en México. Reconoció que los ejidatarios pueden tomar sus propias decisiones y tener la propiedad de la tierra y esto facilitaría el acceso a créditos que ayuden a impulsar la producción del sector rural. “De todas maneras la venta y renta de tierras existe, pero sin ninguna garantía de que los campesinos puedan obtener un precio más razonable”, señaló. La propuesta de la dependencia tiene ventajas y riesgos, por ello corresponde a la conciencia de cada campesino y la capacidad de liderazgo de las organizaciones de convencerlos, para que en lugar de vender se agrupen y formen verdaderas sociedades, a fin de captar créditos y recursos, subrayó. Con esta iniciativa, sostuvo, no se llegará el fin del Ejido, porque esa figura de tenencia de la tierra es una institución en México que se debe preservar y conservar. En tanto, José Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) dijo que la propuesta de la SRA favorece la inversión de los capitalistas nacionales y extranjeros, sobre todo en las regiones donde existen recursos naturales importantes como el agua, la biodiversidad y los minerales. Por ello, la consideró “un ataque a la propiedad social, a los pequeños y medianos productores rurales”, que fueron beneficiados con la revolución de 1910-1917, lo que provocó el surgimiento de cientos de miles de ejidos y comunidades. Esto, agregó, es “un atentado a esas conquistas sociales que se consiguieron hace 100 años” y la SRA reconoce que tres por ciento de la superficie ejidal y comunal ya se privatizó, es decir más de tres millones de hectáreas. Además, en el informe del Programa de Inversión Pública y Privada que opera la Procuraduría Agraria se establece que están en negociación más de 20 millones para que puedan ser concesionadas o vendidas a empresas privadas, precisó.


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