La Cámara de Comercio de Uruguay y al menos una decena de empresas impugnaron entre miércoles y jueves el decreto que definió cómo se implementará la ley que reguló en diciembre pasado el mercado de la marihuana, porque impide la aplicación de sanciones a empleados que lleguen a trabajar bajo los efectos del cannabis.

"Entendemos que el reglamento prohíbe sancionar al empleado que venga a trabajar bajo los efectos de la marihuana, lo cual nos parece un disparate", indicó a la AFP el gerente de la Cámara de Comercio Claudio Piacenza. "En cierta medida es perder el control de la dirección de la empresa, porque es una falta grave y no puedo sancionar al empleado".

En la reglamentación de 104 artículos, firmada el 6 de mayo por el presidente José Mujica y sus ministros, el artículo 42 prohíbe "fumar, mantener encendidos, consumir o ingerir productos de cannabis o a base de cannabis durante la jornada de trabajo".

La norma permite al empleador implementar controles aleatorios de carácter preventivo y obligarlo a retirarse del lugar de trabajo. En esos casos, deberá definir si hay mérito para derivarlo a algún tipo de tratamiento para su adicción, pero "sin que proceda la aplicación de sanciones disciplinarias si el trabajador no hubiere incurrido en la comisión de alguna otra falta concreta sancionable derivada de las obligaciones que emergen del contrato de trabajo".

"O sea que si el trabajador viene drogado y me insulta sí lo puedo sancionar, pero si viene drogado, lo que para mí constituye ya una falta grave, no lo puedo sancionar", ejemplificó Piacenza.

"Se da el caso también de empresas multinacionales que tienen ya un protocolo de seguridad e higiene de trabajo que tienen previsto como causal clave venir bajo los efectos de alcohol o drogas a la empresa. Entonces ¿cómo hacés para hacerlo compatible con este nuevo marco jurídico? Esas cosas nos preocupan, como señales también hacia afuera", sostuvo Piacenza.

"Esto es un experimento en todo sentido. Hacia afuera somos un país liberal de avanzada, pero da la sensación de que están improvisando sobre la marcha", cuestionó.

Además del recurso presentado por la Cámara, por el mismo motivo cerca de una veintena de empresas de los rubros transporte, comercio y servicios iniciaron impugnaciones entre miércoles y jueves, último día para hacerlo, indicó Martín Carrasco, uno de los abogado asesores de las empresas.

"Ayer miércoles se presentaron algunas y hoy (jueves) se están presentando otras", dijo a la AFP.

Ahora el Poder Ejecutivo tiene 150 días para expedirse sobre las impugnaciones. Si no lo hace o mantiene la vigencia de la disposición, la Cámara podrá pedir la nulidad del decreto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Los abogados son de todas formas optimistas. "Hay un consenso de que no va a ser necesario llegar a la instancia del Tribunal. Creemos que por un tema de lógica y coherencia del sistema esto debería modificarse", señaló Carrasco, recordando otro decreto reciente referente a la industria de la construcción en el que se prevé la posibilidad de aplicar sanciones a trabajadores que se encuentren bajo los efectos del cannabis.

Con la reglamentación de la ley que permitió la producción y comercialización de cannabis bajo control estatal comenzó este mes a implementarse el complejo mecanismo que permitirá al Estado controlar toda la cadena de producción de la sustancia, desde la importación de las semillas hasta la venta de marihuana en farmacias.

Según el gobierno, la marihuana legal llegaría recién a fin de año a las farmacias, donde podrá ser comprada por mayores de 18 años residentes en el país y que se inscriban en un registro de usuarios, con un tope de 40 gramos mensuales y a un precio de entre 20 y 22 pesos por gramo (unos 0, 9 dólares).

La ley también legalizó los clubes de consumidores y el autocultivo, que también deberán inscribirse en el flamante Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca) y tendrán límites de producción.