Periodistas, intelectuales, artistas y políticos exigen revocar la libertad anticipada de José Antonio Zorrilla Pérez, autor intelectual del homicidio del periodista Manuel Buendía, que ordenó un funcionario del Gobierno del Distrito Federal. En un desplegado que será publicado este lunes, los más de 340 firmantes, entre ellos también instituciones y medios de comunicación, puntualizan que "no debemos permitir que se consolide la libertad anticidada que beneficia al ex director federal de Seguridad casi 10 años antes de completar su sentencia". Afirmaron que no obstante en octubre de 2008 se ratificó la negativa a las peticiones de Zorrila Pérez para salir libre antes de completar la reclusión a que estaba condenado, el 18 de febrero de este año fue dejado en libertad por órdenes de un funcionario local. En diciembre de 2008 un juez federal amparó a Zorrilla Pérez para que se fundara y motivara la negativa y se emitiera una nueva resolución que podía ser en el mismo sentido o en otro, refieren. "La sentencia judicial no ordenó la libertad de Zorrilla. Y sin embargo, como si así hubiera ocurrido, el secretario de Gobierno del Distrito Federal instruyó al director ejecutivo de Sanciones Penales, José Manuel Casaopriego Valenzuela, para liberar al ex funcionario". A la postre, continuó, "el secretario no firmó la resolución correspondiente, lo hizo "por ausencia" de la autoridad responsable el propio Casaopriego, que de ese modo es al mismo tiempo destinatario y firmante de la resolución que por este medio denunciamos", exponen. Ante el modo en que eso ocurrió, los signatarios demandan al Gobierno del Distrito Federal una investigación administrativa y penal, pues "suponemos una grave irregularidad". "Amén de las sanciones que correspondan (de la investigación), debe declararse inválida la resolución que dejó libre a Zorrilla", afirman en el desplegado. Las personalidades que suscriben el texto recordaron que el ex funcionario ordenó el asesinato del periodista desde un elevado cargo gubernamental, "por lo que puede ser considerado un crimen de Estado". Entre los firmantes destacan Alberto Aziz Nassif, Angeles Mastretta, Carlos Monsiváis, Carlos Payán, Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Daniel Giménez Cacho, Denise Dresser, Francisco J. Paoli Bolio, Gabriel Sosa Plata y Humberto Musacchio. También Javier Solórzano, Jorge Carpizo McGregor, José Angel Parra, Lydia Cacho, Miguel Angel Granados Chapa, Raúl Trejo Delarbre, Raymundo Rivapalacio, Ricardo Raphael y Sergio Aguayo Quezada. Por organismos y medios firman la Asociación de Comunicadores del Sur del Estado de México, Asociación Estudiantil "Por ganas", Centro de Periodismo y Etica Pública, Club Primera Plana, Comunicadores y Periodistas Asociados de México, A.C. y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. Igualmente firman la Fundación Manuel Buendía, Periódico unomásuno, Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Sistema Michoacano de Radio y Tlevisión, y Tribuna Diario, entre otros de los más de 340.