La Fiscalía sigue investigando actos relacionados con el 1-O mientras las máximas instancias judiciales del Estado instruyen querellas contra todo el Govern y la Mesa del Parlament. El ministerio público ha citado a declarar este jueves al tercer teniente de alcalde de Badalona, José Téllez (Guanyem) en el marco de unas diligencias abiertas por desobediencia. El motivo, la retirada de unos carteles el pasado 25 de septiembre por parte de la policía local de Badalona.

Ese día, la guardia urbana de Badalona se incautó de carteles en apoyo al referéndum del 1-O que se hallaban en el interior de un vehículo. Téllez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, devolvieron los carteles requisados a los ciudadanos que los colgaban, llevándoselos presuntamente del vehículo policial.

Estos hechos aparecen en el auto de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que ha llevado a Cuixart a prisión incondicional. Se trata, según la magistrada, de uno de los motivos que fundamentan el presunto delito de sedición del que está acusado y la necesidad que esté encarcelado.

Por su lado, Téllez ha explicado que el pasado 25 de septiembre quiso defender el derecho de los activistas a la propaganda política, que, ha recordado, no estaba suspendido por el Constitucional como el referéndum, así como de rebajar la tensión que se estaba viviendo en la calle por la presencia policial. El concejal ha asegurado que es una víctima más del "montaje" de una "causa general contra los derechos civiles en Catalunya".

La Fiscalía investiga, además del concejal de Badalona, a como mínimo dos policías locales catalanas en relación al 1-O. El primer cuerpo policial es el de Argentona. Las pesquisas versan sobre su presunta inacción el 1-O a la hora de retirar urnas en la localidad. Por el mismo motivo una quincena de juzgados catalanes investigan a los Mossos.

Asimismo, el ministerio público también investiga a la policía local de Pineda de Mar por las protestas frente a los hoteles de la población donde se alojaban agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civill, que obligaron a los agentes a irse del municipio.