Con el reparto de 500 mil ejemplares del Manual Ciudadano de Delitos Electorales Federales en todo el país, la Fepade fortalece su campaña para observar, capacitar y denunciar ilícitos de este tipo. A menos de un mes de que se cumpla la jornada electoral, el 5 de julio, para renovar diputaciones federales, algunas gubernaturas, alcaldías y las jefaturas delegacionales, la estrategia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) es reforzar el reparto de manuales. El director general de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo en Materia de Delitos Electorales, Eber Omar Betanzos, destacó que del total de manuales 20 mil se distribuirán en zonas estratégicas del Distrito Federal, como estaciones del Metro, del Metrobús, del Tren Suburbano y en plazas públicas. Explicó que "desde su entrada en circulación en enero de 2009, nuestro manual tiene como objetivo prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales". "En esta ocasión se repartirán 500 mil ejemplares que muestran las conductas que afectan los procesos electorales, es importante porque nosotros, junto con la ciudadanía, estamos en busca de la legalidad", definió. El origen de la Fepade se remonta a 1994, pero hasta 2002 salió el primer ejemplar del Manual Ciudadano, una guía poco convencional con "dibujitos" improvisados, que explicaba la cultura de la legalidad electoral. Con el paso del tiempo y las demandas de los ciudadanos, ha evolucionado y complementado información en cuestión de delitos electorales, contenidos en el Título XXIV del Código Penal Federal, del Artículo 401 al 413. En la guía instructiva que consta de 16 páginas se detalla la función de la Fepade, las principales conductas que se registran en los procesos electorales, así como la importancia del voto y las formas de denuncia. Con el apoyo de contralorías, procuradurías, aliados estratégicos y delegaciones, el personal encargado del desarrollo del programa suma 63 mil. "Además de nuestro personal, tenemos pensado colocar módulos de atención en los zócalos de todas las ciudades y dos módulos interactivos, a fin de coadyuvar a los ciudadanos a denunciar de una manera más fácil", indicó Betanzos. En 2008 se atendieron 242 llamadas, de las que 172 fueron de orientación y 70 por la denuncia de probables delitos electorales; de estas últimas 15 correspondieron a la competencia de la fiscalía, mientras 55 reportes fueron turnados a las procuradurías estatales. Las sanciones para quienes incurren en delitos electorales van desde prisión de seis meses a tres años y de 10 a 100 días de salario mínimo para delitos cometidos por cualquier persona, hasta cárcel de uno a nueve años y de 200 a 400 días de multa para faltas cometidas por servidores públicos. Los delitos electorales se persiguen de oficio, por lo que basta con la denuncia para que el Ministerio Publico siga la investigación y ésta no se detenga aunque el denunciante desista o se oponga a la persecución del presunto responsable.