El cierre de la central nuclear de Santa  María de Garoña, en Burgos, arrancó formalmente el pasado 1 de agosto. Fue entonces cuando se firmaba la orden del ministerio de Energía denegando la renovación de la autorizacion del funcionamiento de la planta que habían solicitado las empresas Endesa e Iberdrola (que se reparten a partes iguales las acciones de Nuclenor, la sociedad titular propietaria de la central).

Terminaba así un largo culebrón de cinco años: desde que las eléctricas pararon voluntariamente la central a finales de 2012 en un órdago al Gobierno por la reforma energética, pasando por cambios legislativos ad hoc para poder reabrirla, y hasta la decisión del Gobierno de echar el cierre definitivo ante la certeza de que ni siquiera las eléctricas propietarias querían ya reabrir la planta por no ser rentable. 

Y arrancaba también ese 1 de agosto el aún más largo proceso que permitirá el desmantelamiento de la vieja central nuclear burgalesa en la frontera con el País Vasco. En total, los trabajos para desmantelar la planta pueden prologarse durante unos 17 años, hasta plantarse en 2034, y requerirán de un presupuesto total de 480 millones de euros en todo ese tiempo, según las estimaciones que maneja Enresa –la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares- y a las que han tenido acceso los medios.. 

A partir de septiembre de 2020 ese momento la central nuclear pasará a manos directamente de Enresa: la sociedad pública que pasará a ser el dueña de la planta hasta su desmantelamiento total, cuando devolverá los terrenos a las eléctricas. 

Pérdida de 400 millones de cuatro años por el cierre de Garoña La batalla por la central nuclear de Garoña le está saliendo cara a Endesa y a Iberdrola, dueñas a partes iguales de la planta burgalesa

 A4 través de casi medio siglo.Los trabajos delicados, el desmantelamiento propiamente dicho del reactor y del resto de instalaciones de la central, se desarrollarán entre 2024 y hasta 2044. Para entonces el terreno tendría que quedar como si allí no hubiese habido nunca una instalación nuclear. Ese el objetivo difícil de cumplir.

El presupuesto total de todas estas labores, según prevé Enresa, se situará en casi 500 millones de euros. De ellos, 220 millones se destinarán a las labores de desmontaje de los equipos de la central; 130 millones serán para la gestión del combustible nuclear gastado (incluida la reforma para adaptar el almacén temporal individualizado –ATI- en que se guardarán durante un tiempo los residuos); y otros 130 millones más para los servicios subcontratados de ayuda al desmantelamiento.

¿Quién pagará el desmantelamiento?

Hasta ahora, el plan es que es la sociedad pública Enresa la que se encargue del desmantelamiento de las centrales, financiándolo con un fondo que serán las propias eléctricas las que vayan alimentado mediante el pago de tasas. Ese fondo actualmente cuenta con cerca de 5.000 millones de euros.

El discutido ministro Nadal ha complicado el cierre de ñas nucleares al cargar a las eléctricas más costos por desmentelarlas.

El Ministerio de Energía se ha propuesto, por un lado, no ceder el timón de la planificación energética del futuro (teniendo voz y voto en determinar qué centrales eléctricas pueden[...]

La reforma que proponía el Ministerio de Álvaro Nadal, antes de la marcha de M. Rajoy, es que fueran las eléctricas las que asuman directamente del desmantelamiento de las centrales y también su costo. Enresa les devolvería la parte destinada a la demolición de centrales (que no cubriría todos los gastos) y el resto de gastos lo tendría que cubrir la compañía eléctrica de su bolsillo.

Las estimaciones que maneja Endesa apuntan a que la parte destinada al desmantelamiento sería de alrededor de un 22 o un 24% de lo aportado por las eléctricas. Endesa ha aportado de momento 2.400 millones del total de 5.000 millones con que cuenta el fondo público, así que hoy recibiría entre 530 y 580 millones si cerrase ahora sus centrales. Las magnitudes de lo aportado y lo que recibiría Iberdrola serían similares.

Cuando las eléctricas la desenchufaron voluntariamente

Las dos eléctricas cerraron voluntariamente Garoña en diciembre de 2012 en un desafío al Gobierno por las medidas incluidas en la reforma eléctrica (entre ellas, nuevos impuestos al combustible nuclear y a los residuos radioactivos). Desde entonces la central estuvo desconectada de la red, sin producir electricidad, pero sin iniciar su desmantelamiento porque las compañías -tras cambios legislativos ad hoc del Gobierno para hacerlo posible- acabaron solicitando un año y medio después su reapertura. Sólo costes y nada de ingresos.

Endesa e Iberdrola solicitaron la renovación de la licencia de explotación de Garoña hasta 2031, justo cuando la central cumpliría 60 años desde su construcción. Las compañías acabaron chocando sobre la estrategia a seguir: ambas habían descartado ya reabrir la central por no ser rentable, pero Endesa quería esperar a recibir el permiso del Gobierno e Iberdrola quería retirar la solicitud de reactivación.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el aval técnico a la reapertura de la central burgalesa, a pesar de que las eléctricas no habían realizado las reformas y las inversiones que el propio organismo había marcado como una exigencia previa ineludible. El Gobierno finalmente optó por no conceder la renovación de licencia y decretó su clausura definitiva. 

"Pocas plataformas pueden decir que se disuelven porque han cumplido con su objetivo", se han felicitado los portavoces de la plataforma, aunque no obstante, todavía queda el desmantelamiento de Garoña, donde quedan "más de 220 toneladas de uranio". 

La central nuclear Santa María de Garoña es una central nuclear de generación eléctrica del tipo BWR que tiene una potencia instalada de 460 MW. Situada en el valle de Tobalina, justo en Santa María de Garoña (Burgos, España) fue inaugurada por Francisco Franco en 1970.Garoña es gemela de Fukushima. Nacieron al mismo tiempo. 

Desde el año 2006 fue la central nuclear en activo más antigua de España, tras el cierre de la central de José Cabrera. La vida útil inicialmente prevista para la central (40 años en las centrales españolas), finalizaba el año 2011. La última autorización de funcionamiento tenía su alcance hasta julio de 2009, fecha en la cual el gobierno autorizó una prórroga hasta el 2013. Ese año Nuclenor, la empresa propietaria, presentó la documentación necesaria para solicitar la extensión de su vida útil 10 años más (hasta 2019). El 5 de junio de 2009 el organismo regulador español (el Consejo de Seguridad Nuclear) emitió un informe favorable a la renovación de la autorización de explotación de la central. En ese mismo informe establecía una serie de límites y condiciones que la empresa operadora debía cumplir, algunas de ellas en 2011 y otras a partir de 2013. En julio de 2009, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, aprobó la prórroga de explotación de la central durante cuatro años más, hasta el 6 de julio de 2013.

Entre otras cuestiones que debían  abordarse a la mayor brevedad posible por el Gobierno se encontraba la situación de su piscina de combustible, la cual alcanzó el máximo de su capacidad, en el año 2015. Esta situación es idéntica en otras centrales nucleares españolas, sin que el Gobierno haya establecido plazos ni elegido entre el abanico de soluciones técnicas al problema.

Los “sucesos” (es como se llama a los accidentes que en el caso de lo nuclear, es mucho más práctico para no asustar a la gente) y otros efectos perjudiciales fueron múltiples desde 1989 hasta su cierre provisional.   

La central se encuentra en el municipio de Valle de Tobalina, en el pueblo de Santa María de Garoña. Está construida junto a un meandro del Ebro, del que toma agua para la refrigeración. Las ciudades más cercanas son Miranda de Ebro (32 km), Medina de Pomar (38 km), Valle de Mena (30 km), Vitoria (64 km), Haro (52 km), Burgos (91 km), Bilbao (96 km), Laredo (106 km), Llodio (108 km), Reinosa (108 km) y Logroño (70 km en línea recta). Afecta a la salud de un amplio conjunto de poblaciones y eso se ha comprobado por las tasas de leucemia de su entorno.

Su diseño corresponde al de centrales de primera generación, anteriores al accidente nuclear de Three Mile Island, en EEUU, la cual tuvo un grave accidente hace años pero luego se reabrió.

Hoy, como consecuencia de los movimientos accionariales que se han producido en el sector eléctrico español en las últimas décadas, la empresa Nuclenor es propiedad de Iberdrola y Endesa al 50%.

 Accidentes y otros efectos perjudiciales de Garoña tanto por su emplazamiento como por su técnica ya muy vieja. Lo explicamos :

para la refrigeración de la central se emplean las aguas del río Ebro, produciéndose un aumento de su temperatura de más de 15 grados, lo que provoca enormes problemas de eutrofización y alteración en el río, 11 a pesar de que la autorización otorgada a Nuclenor por la Confederación Hidrográfica del Ebro especifica que "en el río -Ebro- el máximo incremento admisible para la temperatura tras la zona de dispersión térmica, respecto a la temperatura aguas arriba, será en cualquier caso de 3 grados".

Para el río Ebro, tal tratamiento ha sido nefasto.

 En 1989 se produjo un disparo del reactor, que bajó de nivel, debido a la rotura de la tubería de succión de la bomba de alimentación, descargando entre 66.000 y 100.000 litros de agua de condensado. Posteriormente se evacuó el agua vertida hasta el sistema de tratamiento de residuos sólidos.

  En 1990 tras la parada de tres meses para proceder a la recarga del reactor, se produjo un conato de incendio, durante las tareas de conexión, de la central a la red eléctrica española. Fue catalogado por el Consejo de Seguridad Nuclear como incidente de nivel tres.

    Y en agosto, la avería de una bomba del sistema de refrigeración produjo la parada del reactor. El 4 de marzo de 2001 se procedió a la recarga. Y en los trabajos se produjo un escape interno de 6.000 litros de agua con una ligera contaminación radioactiva, la cual cayó sobre la planta del edificio del reactor y fue canalizada a través de unos sumideros. 

La radiación es la herencia permanente y a veces trágica de las nucleares y más si ocurre un desastre como el de Fukushima

El 12 de enero de 2003 trabajando a plena potencia, se produjo el fallo de una válvula del sistema de inyección de agua al núcleo de alta presión. La propietaria tuvo que parar el reactor. El 16 de enero al alcanzar nuevamente plena potencia, se registró un fallo en la regulación del turboalimentador, que provocó la parada automática del reactor. Del 28 de febrero al 28 de abril de 2004 en el proceso de recarga se detectan grietas en varios componentes internos de la vasija. Los accidentes desde 2007 hasta el 2009 prosiguieron un curso cada vez más grave y continuo.Las anomalías se llaman oficialmente “sucesos” que técnicamente es palabra neutra. 

En el año 2009 se notificaron al CSN ocho “sucesos”. Todos ellos fueron clasificados como nivel 0 (INES).¿Pero quien los clasificó?. Los “sucesos” de 2010 a 2013 fueron tan numerosos y graves que se planteó su cierre y desmantelamiento al CSN (Consejo Superior Nuclear). El Consejo de Seguridad Nuclear entidad del propio sistema era naturalmente contrario al cierre y arregló con el Ministerio de Industria Español su continuidad. 

El Comité de empresa de la Central así como los pueblos de la comarca del Valle de Tobalina se muestran inquietos pero en el gobierno de Sánchez se barajan varias soluciones. Ha habido mil movilizaciones sobre todo en el País Vasco y se organizaron entidades populares en pro del cierre definitivo.

Las Asociaciones antinucleares y ecologistas han criticado reiteradamente su supuesta seguridad, pidiendo su cierre inmediato, por diversas razones de medio ambiente y riesgos: la central se encuentra próxima a importantes ciudades como Bilbao, Burgos, Medina de Pomar, Vitoria o Logroño, su inversión está amortizada y su aportación energética es más que prescindible y estaría más que compensada por la aportación de las energías renovables si el PP hiciera algo, pero los populares no son eternos. De hecho Garoña como productora de energía eléctrica para el País Vasco y otros clientes más al sur, produce tan sólo un 6% del caudal eléctrico generado. 

Una liberación de radiación de la central burgalesa afectaría a toda la cuenca del Ebro, en la que habitan casi 3 millones de personas.

Estos sectores también consideraron que la decisión de aplazamiento del cierre  no incumple el compromiso electoral recogido en el programa del PSOE de hace años que ha afirmado muchas veces:

“Mantendremos el compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil, dando prioridad a la garantía de seguridad y con el máximo consenso social, potenciando el ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables, la generación distribuida y las redes de transporte y distribución local”. Programa ambicioso y atractivo que no se había cumplido por la indiferencia del señor M. Rajoy.

Los partidos políticos en el Parlamento Vasco tanto Eusko Alkartasuna (EA), y apoyada por el Partido Socialista de Euskadi (PSE), Ezker Batua-Berdeak (EB) y Partido Nacionalista Vasco (PNV) y con el voto en contra del Partido Popular (PP) y Unión Progreso y Democracia (UPyD) siguieron su política en contra. Estos se quejaron al Gobierno y mostraron su oposición a la prórroga de la licencia de explotación de la central que expiraba el 5 de julio de 2009.

EL acidente registrado en la central nuclear de Fukushima Daiichi, el 11 de marzo de 2011, marca, posiblemente más que el de Chernobyl,  lo cambió todo. Tras el accidente nuclear de la central japonesa se discutieron de nuevo los riesgos de la central nuclear Garoña debido a sus semejanzas con Fukushima. Ambas pertenecen a la primera generación de centrales nucleares y comparten por ejemplo el sistema de contención Mark I, que ha sido objeto de análisis por supuestos fallos de seguridad desde comienzos de la década de 1970.

Las lecciones aprendidas de este desastre tienen hoy un impacto determinante en el costo y en la continuidad misma de esta fuente energética. Esta experiencia no se limita a cómo evitar un nuevo accidente sino que también servirá para buscar soluciones a posibles incidentes futuros.

Toda la información acerca de las causas del accidente y sus consecuencias inmediatas resultan fácilmente accesibles. No obstante, parecería que, tras esta primera oleada informativa, se fue desvaneciendo el interés público por pensar en dar soluciones a las consecuencias de este desastre, proyecto que, sin embargo, por sus implicaciones técnicas, económicas y políticas nacionales e internacionales, tendría una enorme trascendencia.

El proyecto más factible, de manera esquemática, constaría de tres fases. La primera, aún en ejecución, consiste en la reducción a cualquier costo de los riesgos para la población. La segunda es la creación de las condiciones precisas para abordar el desmantelamiento de los reactores de una manera convencional. Por último, la tercera consistirá en el desmantelamiento, en condiciones lo más próximas posible a las convencionales, de los mencionados reactores.

La mayor dificultad es la retirada del combustible alojado en el núcleo de las unidades 1, 2 y 3

Dentro de la primera fase, habiéndose desechado, por consideraciones tanto técnicas como políticas, la solución aplicada en Chernobyl de aislar el combustible fundido y sus efectos radiológicos a través de la construcción de un “sarcófago” que cubriera los reactores dañados, será necesario llevar a cabo una tarea, definitoria del conjunto del proyecto, como es la de proceder a la retirada del combustible fundido en los reactores. Para ello es imprescindible regular el flujo de agua que entra en los reactores dañados, lo cual es necesario para controlar la temperatura del combustible fundido aún en el núcleo. El control del flujo se realiza a través de un espectacular muro de tierra congelada, de 30 metros de profundidad, que rodea a los cuatro reactores dañados. El agua contaminada, resultado de su paso por el núcleo, es limpiada de hasta 62 radionucleidos. Esta agua, aún contaminada por tritio, es almacenada, alcanzando un volumen próximo al millón de metros cúbicos, en cerca de mil depósitos. Esta acumulación impone serias limitaciones logísticas y es objeto de una intensa polémica a la que no es enteramente ajena la política local.

Esta estabilización de los núcleos ha permitido arrancar con la segunda fase mediante el inicio de la retirada del combustible gastado, almacenado en las correspondientes piscinas. En diciembre de 2014, se retiraron los 1.533 elementos del reactor número 4, el menos afectado. Los otros tres reactores aún alojan otros 1.573 elementos, para lo que está en marcha la construcción de un pedestal móvil que permita el acceso a la piscina del reactor número 3, de manera que la retirada pueda iniciarse en julio de 2018. La programación de trabajos prevé que la retirada del combustible gastado de las unidades 1 y 2 pueda realizarse a partir de 2023.

La mayor dificultad en esa estrategia de “normalización” del proceso de desmantelamiento es la retirada del combustible alojado en el núcleo de las unidades 1, 2 y 3, en el momento del incidente, y que quedó fundido, por efecto de la ausencia de refrigeración. Los altos niveles de radiactividad registrados en los núcleos de los reactores, hasta los 650 Sieverts por hora, imponen la adecuada selección de técnicas y, particularmente, la identificación de las vías de acceso más idóneas para la retirada de estos residuos. Para ello, es imprescindible saber, con la mayor precisión posible, la localización y el estado de estos residuos dentro de los reactores. Con este fin, se han utilizados dos técnicas. La primera, ha sido la realización de una tomografía de muones, que, midiendo la densidad de los materiales contenidos en el reactor, permite obtener una “radiografía” muy elemental de la localización del combustible fundido. La segunda, más conocida por el gran público, consiste en la introducción de cámaras en el núcleo de los reactores, a través de robots u otros medios mecánicos, que, por primera vez, han permitido la visualización, con lógicas limitaciones, de su interior.

En el proceso trabajan unas 7.000 personas y el coste sobrepasará los 40.000 millones de euros.

Desde un punto de vista técnico quedan muchas incógnitas que despejar como, por ejemplo, la gestión de los residuos resultantes de todo el proceso de desmantelamiento de los cuatro reactores de la central. Simplemente, como observación para Euskal-Herria, la gestión de los residuos es el gran problema de Garoña.

No menos importantes son las incertidumbres acerca de la financiación de este proyecto, en el que por el número de mano de trabajo humana y técnica, exigirá una inversión total que se estima sobrepasará los 40.000 millones de euros y que se prolongará durante más de treinta años. A finales de 2017, el gobierno japonés creó un fondo, gestionado por NDF y dotado por los beneficios de TEPCO, destinado a financiar este proyecto. No obstante, la clave de la dotación de este fondo depende de otras actividades, entre las que destaca la definitiva puesta en marcha, tras su parada en 2007, de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo. Asimismo, tanto la magnitud técnica y financiera como su extensión en el tiempo exigirán un importante esfuerzo en términos de planificación, programación y control presupuestario del proyecto en su conjunto.

Finalmente, parece claro que el éxito del proyecto es inseparable de su dimensión humana, que, a su vez, tiene tres componentes básicos: el financiero, el informativo y el social. El primero implica la canalización de recursos financieros que compensen a los afectados por los daños sufridos. El segundo exige la gestión de un flujo constante y comprensible acerca de la evolución del proyecto. El tercero supone la progresiva normalización o, mejor, la humanización, de las condiciones de vida en el entorno de la central que permita el retorno de la población que fue evacuada como bien recordamos muchos vascos.

A este respecto los cálculos del gobierno japonés, fueron demasiado optimistas, y han chocado con la realidad y el retorno de los exliados nucleares se demorará´mucho más de lo deseado.

Son muchos los retos y muchas las facetas de este complejo proyecto, pero su éxito final supondrá la acumulación de un ingente volumen de conocimientos, técnicas y experiencias de muchas personas que ayudarán a la gestión de otras adversidades que, innegablemente, son consustanciales al desarrollo humano

La residencia en las zonas prohibidas que sufrieron a consecuencia de la radiación seis años atrás tras el accidente en la central nuclear japonesa Fukushima sigue siendo un peligro para las personas, pero el Gobierno de Japón tiene la intención de abrirlas parcialmente, según denunció Greenpeace.

"Buscando apoyar la industria nuclear el Gobierno de Abe trata de ofrecer una imagen falsa, declarando que pese a las consecuencias de la catástrofe, la vida en Fukushima podría ser normal", aseveró el director ejecutivo de Greenpeace Japón Yuko Yoneda, citado en un comunicado de la ONG.

Por consejo de los ecólogos, para el 31 de marzo de 2017 fueron retiradas, por ejemplo, las disposiciones sobre la evacuación de una parte significativa de la aldea Litate, ubicada a 30 kilómetros de la central electronuclear Fukushima, que resultó contaminada.

Dentro de un año más, cesarán los pagos de compensaciones a los habitantes de estas regiones.

El Gobierno de Japón anunció que en 2018 se abrirán por primera vez a la residencia algunas de la zonas contaminadas de la zona de exclusión (zona 1 y zona 2).Sobre tal decisión las discusiones siguen vivas.

"Incluso tras la desactivación los niveles de radiación en estas zonas superan las normas admisibles, por el nivel de radiación los bosques cercanos son semejantes a la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear de Chernóbil, y esta continúa oficialmente cerrada treinta años después del accidente", señala Greenpeace.

El 11 de marzo de 2011 Japón vivió uno de los accidentes nucleares más graves de la historia tras un terremoto de magnitud 9, 0 y un posterior tsunami.

Los núcleos de varios reactores de la central de Fukushima se fundieron debido al corte de la electricidad que alimentaba los sistemas de refrigeración.