Sin embargo, los procesos no han prosperado por la protección que recibe el líder petrolero, señalaron dirigentes de agrupaciones que las promovieron.

Entre las denuncias se incluye malversación de fondos sindicales, complicidad en el robo de gasolina, negociación de plazas y violación a los estatus laborales.

Juan Carlos Chávez González, líder de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, afirmó que Romero Deschamps ha sido protegido por las administraciones gubernamentales pasadas.

Esa asociación interpuso ante la CIDH, en 2004, una denuncia por violación de derechos económicos, sociales y culturales contra empleados petroleros.

Hace poco impugnó las recientes elecciones del STPRM en Salamanca, Guanajuato; en Villahermosa, Tabasco, y en Tula, Hidalgo, entre otras, sin que hasta el momento se haya dado una respuesta al respecto.

Entre sus argumentos destacan que la representación sindical sólo ha visto por sus propios intereses y ha generado ligas de corrupción con funcionarios dentro de las empresas petroleras

Jorge Fuentes, de la Gran Alianza Nacional Petrolera, organización que más denuncias ha interpuesto contra el dirigente, y del Frente Nacional Petrolero, dijo que en cuando se han presentado las acusaciones, algunas desde 1998, las autoridades las mandaban a reserva o las empantanaban, por eso no se ha efectuado ninguna acción en contra del dirigente sindical.

A la lista de los trabajadores disidentes que han denunciado al líder petrolero se suma la Unión Nacional para el Desarrollo Social de Trabajadores de la Industria Petrolera; Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo; a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, y la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros.

Otro grupo de disidentes agrupados en el Sindicato Petroleros de México (Petromex), busca disputarle a Romero Deschamps la titularidad del contrato colectivo de trabajo. El 8 de enero presentaron su solicitud ante la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Esa asociación interpuso ante la CIDH, en 2004, una denuncia por violación de derechos económicos, sociales y culturales contra empleados petroleros