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Incurrió PGJDF en retraso injustificado en caso de Ruta 100: CDHDF

01/06/2011 08:54 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia por retardo injustificado en investigación, lo que vulnera los derechos a la pronta y oportuna impartición de justicia de los ex trabajadores de la Ruta 100. En una recomendación de siete puntos exigió el pronto desahogo de la controversia original y que se finquen responsabilidades administrativas contra los agentes y oficiales del Ministerio Público involucrados. Establece un plazo de 30 días naturales para que la instancia de justicia ofrezca una disculpa pública a los afectados, y demanda la aplicación, en un plazo perentorio de 60 días, de un mecanismo de supervisión que evite retrasos injustificados en la integración de averiguaciones previas. Asimismo solicitó que se adopten las medidas necesarias para que en breve se indemnice a los agraviados, conforme a los parámetros establecidos por la propia comisión para cubrir reparaciones cuando son procedentes. La recomendación 3/2011 de la CDHDF responde a la disolución de la antigua empresa paraestatal Ruta 100 y al intento de sus 24 mil ex trabajadores de formar un fideicomiso que les permitiera explotar las concesiones para el transporte urbano. En 1996, cuando ocurrió la disolución de la empresa, ocho mil ex trabajadores aportaron parte de sus liquidaciones para constituir los fideicomisos que les permitieran explotar las mencionadas concesiones. En 2001, ante las irregularidades que les impidieron regresar al trabajo, presentaron una denuncia de hechos por la administración fraudulenta que la fiduciaria, el comité técnico, tres administradoras y la co-administración hicieron del fideicomiso de inversión y administración. Entre ese año y 2003 las investigaciones del Ministerio Público se limitaron a la recepción de declaraciones y documentos, así como a la solicitud de requerimientos de información. Pero fue hasta 2009, casi ocho años y medio después, que el Ministerio Público retomó el caso ante la presión de los afectados. De acuerdo con la recomendación del ombudsman local, el retardo en la actuación del Ministerio Público provocó la pérdida de evidencia importante para la correcta acreditación de los delitos cometidos en perjuicio de los ex trabajadores de la Ruta 100. Y ante el hecho de que no existe justificación válida y suficiente del personal de la procuraduría para explicar un retraso de casi 10 años en el desahogo de esa investigación, es que resultan procedentes los puntos contenidos en la recomendación.


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