La muerte de una anciana en Reus debido a un incendio provocado por una vela, a falta de luz, ha provocado este martes indignación en todo el país, donde cuatro millones de personas sufren de pobreza energética por el encarecimiento de los suministros.

El suceso se produjo en la madrugada del lunes, cuando se incendió el piso donde vivía la anciana de 81 años con su nieta en esta localidad catalana. Al intentar huir, la mujer cayó al suelo y terminó muriendo por la inhalación de humo, informan los Mossos d'Esquadra.

El Ayuntamiento afirma que la mujer tenía la luz cortada por impago desde hacía dos meses. De noche iluminaba la vivienda con velas, de las cuales una terminó prendiendo fuego al colchón, originando el incendio, ha explicado una portavoz policial.

El caso se ha convertido en un ejemplo más de la pobreza energética que sufren miles de personas en el país, algo que desde hace años vienen denunciando numerosas entidades de activismo social, coincidiendo con la pérdida de capacidad adquisitiva por la crisis y un considerable aumento de las tarifas.

Se considera que una persona sufre de pobreza energética al no contar con los ingresos suficientes para poder garantizar un suministro mínimo de energía para el hogar.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2006 a 2015 el precio de la luz ha crecido en un 56%, el del gas en un 28%, y el agua en un 43%.

En 2015, las dos principales compañías eléctricas practicaron 506.481 cortes de suministro, un 5, 9% más que en 2014, según la asociación de consumidores Facua, basándose en los datos ofrecidos por Endesa e Iberdrola.

Aunque no existen datos oficiales, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) estima que entre 4 y 7 millones de españoles, sobre una población de 46, sufren pobreza energética, dependiendo del método de cálculo.

El caso de esta anciana "es extremo, pero desgraciadamente no es aislado", denuncia a AFP María Campuzano, portavoz de la plataforma Alianza contra la Pobreza Energética.

Según esta activista, que pide prohibir los cortes de suministro en casos de precariedad, esta problemática perjudica la salud de los afectados y el rendimiento escolar de los niños.

"Si no pagan es porque no pueden, nadie quiere vivir sin luz o sin calefacción", asegura.

Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional pretenden emprender acciones legales contra la compañía suministradora, Gas Natural, que según la ley regional debería haber notificado la situación a las autoridades públicas para que pudieran actuar.

"La compañía no disponía de información relativa a la situación de vulnerabilidad [de la anciana]", se ha excusado la compañía en un comunicado.