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Indra, escrutadora electoral

08/08/2018 12:15 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Tras ser sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por crear un cártel para encarecer la contratación pública, la Administración debe impedir que la empresa Indra concurra a licitaciones a la vez de rescindirle los contratos vigentes

Indra, es una empresa del IBEX 35 que a pesar de estar participada como primer accionista por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ofrece a la Administración pública una larga lista de productos y servicios, es decir, se trata de “un gigante corporativo con muy buenas relaciones con el Estado ”, que curiosamente, tiene su principal cliente contractual en la función pública.

Entre sus múltiples actividades, cabe referir que desde hace 38 años la multinacional española es la encargada del escrutinio electoral en España, siendo quien realizó la mayoría de recuentos provisionales de las elecciones en cuya función se detectaron fallos en el sistema electrónico utilizadoque hicieron saltar las alarmas de un "pucherazo"electoral.

Una probabilidad cuya consumación no es en absoluto imposible, sino tan probable como fácil de llevar a cabo; pues basta con alterar el “código fuente” del programa empleado, para obtener el resultado pretendido en lugar del real, siendo tal variación poco menos que de imposible detección

Decisión mas que probable si consideramos la composición de su staff directivo, las maniobras empleadas por sus miembros, la enredada envolvente de su actividad mercantil y sus comprometidas connotaciones con el ámbito financiero y lo mas degradante de la esfera política.

La absoluta falta de escrúpulos y los lazos políticos de la multinacional tecnológica fue puesta de manifiesto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargada de investigar la operación Lezo, cuando a través de un informe elaborado al efecto concluyó que la compañía tuvo un papel decisivo en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, al que desvió miles de euros públicos mediante empresas pantalla cuyo importe fue sufragado con fondos que salieron del erario público mediante adjudicaciones infladas.

Pero la cosa va mas allá, pues ahora sabemos igualmente sus implicaciones con el caso Púnica, a través de las revelaciones de un alto cargo de la Comunidad de Madrid, quien sostuvo ante el juez que el Canal de Isabel II fue usado como tapadera para costear con dinero público los trabajos de reputación de la imagen en Internet de los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González donde utilizó una empresa interpuesta.

Todo viene a indicar que la administración contratante no solo tenía conocimiento de la existencia de tan anómala alteración del mercado, sino que incluso había participado en tal práctica

Tal es así, que hasta la propia Indra admite que no puede justificar pagos por un monto de un millón de euros que acabó en la caja B de Génova 13, y dice no saber por qué abonó facturas a empresas investigadas por desviar dinero público a las campañas electorales del Partido Popular de Madrid

Es incuestionable que Indra resulta ser la conexión en infinidad de escándalos como su intermediación en el pago a jueces fiscales y secretarios judiciales de la comunidad autónoma de Madrid en concepto de asesores de un proyecto tecnológico. Como así mismo favorecer los pelotazos de los descendientes de los ex presidentes Felipe González y Jordi Pujol a través de ventajosos contratos que rayan en lo inaudito

Resultando obvio que para llevar a término tan oscuras e ilícitas maniobras, era condición sine qua non disponer de fuente de ingresos suficientes para sufragar su consumación, y es ahora cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dando curso a denuncia de un anónimo despeja la incógnita, al sancionar a Indra junto a otras compañías tecnológicas con las que formó un cártel para repartirse y encarecer artificialmente contratos públicos.

Pero lo realmente obsceno es, que para tal confabulación contó con la colaboración imprescindible de la propia Administración, pues fue la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo (SEPE), quienes consintieron que Indra interviniera en la redacción de pliegos de concursos públicos que esta firma posteriormente amañó junto a otras mercantiles tecnológicas con las que constituyó un cártel que contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público se repartían y encarecían artificiosamente el importe de las adjudicaciones públicas en transacciones relacionadas con la informática y el tratamiento de datos.

Los hechos expuestos durante los 15años de aplicación, y cuya repercusión en perjuicio de las arcas públicas es con creces superior a la sanción de los 29, 9 millones que les ha sido impuesta a los infractores.

Siendo obligado proceder vía higienización de la función pública a través de expurga de responsabilidades, hasta lograr que más allá de confabulaciones y enredos sea la Ley de Contratación Pública quien marque la pauta


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Galdo Fonte (351 noticias)
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