A pesar de que México firmó la Convención de los Derechos de los Niños hace 20 años, las reformas sustantivas comenzaron mucho después y no se han objetivado en políticas públicas, por lo que "hemos llegado tarde a todo este proceso". El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, señaló lo anterior al presentar el capítulo de derechos de la infancia en el Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos en la capital. En conferencia de prensa, el ombudsman capitalino mencionó que con respecto a los hechos ocurridos el martes, consideró que es un reflejo de la falta de institucionalidad en general que produce estas situaciones. Para González Placencia, la reforma al sistema de justicia para adolescentes en la ciudad y en el país no fue una reforma que hubiera tenido un reflejo en las legislaciones y mezcló dos ópticas que son inconciliables, lo que puede producir efectos perniciosos. Uno de ellos, detalló, es el encierro injustificado de personas y el otro es la impunidad y la insatisfacción social, "porque queda esta sensación de que siendo menor de edad se pueden cometer delitos sin que haya una sanción, de ahí la necesidad de revisar el sistema". Lo anterior para que el sistema sea efectivamente de responsabilidades, que exija responsabilidad a los jóvenes por lo que hacen, de tal modo que no se preste a sensación de impunidad y que se generen los mecanismos para la reparación del daño. Por otra parte, sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, opinó que la ciudad ha ido planteando un escenario de progresión en los derechos que va implicando la no discriminación. Esta acción, afirmó, amplía el horizonte de los derechos humanos y en principio no afecta a ninguna otra persona, sin embargo "el tema de la adopción es más delicado, yo creo que la Asamblea ha sido sensible a esto". En ese sentido, agregó que se está buscando que la reforma que se planteará por ahora sólo se quede en el matrimonio sin considerar la adopción. En cuanto a la videograbación de personas detenidas por el alcoholímetro, expuso que si la intención de la grabación es evitar que las personas sean suplantadas, "lo que pasa aquí es que una falla de la autoridad está siendo subsanada con cargo a quien es sancionado". Mencionó que la si la suplantación de personas ocurre es porque alguna autoridad lo está permitiendo, "entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con una medida en la que se incrementa el nivel de sanción para las personas".