El gobierno federal debe desechar la idea de que la iniciativa privada participe en la construcción de reclusorios federales, ya que la responsabilidad y obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario del país no debe tomarse como un negocio ni prestarse a intereses particulares. El diputado local Humberto Morgan Colón, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que la Secretaría de Seguridad Pública federal pretende la edificación de 12 centros penitenciarios con la participación del sector privado. Sin embargo, recordó en un comunicado que la Constitución establece la obligación del Estado de hacer todo lo necesario para el desarrollo óptimo del sistema carcelario del país y garantizar la rehabilitación de los internos. De ninguna forma, aseveró, corresponde delegar esa responsabilidad a los particulares, de lo contrario estaría faltando a su obligación básica de protector del pueblo. Incluso, señaló, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales sostienen que la readaptación social de las personas que delinquen es una garantía y gozan de seguridad jurídica, de acuerdo con el Artículo 18 Constitucional. Por lo tanto, manifestó, es el Estado y no particulares el que debe cumplir con esa obligación. La propuesta del gobierno federal para que particulares construyan 12 reclusorios ha recibido críticas de diferentes sectores y el rechazo generalizado de legisladores, académicos y organizaciones no gubernamentales. Resaltó que ante el aumento de ocho por ciento en el número de secuestros y ejecuciones, que de abril de 2008 a abril de 2009 sumaron nueve mil, el objetivo de la SSP es finiquitar la construcción y la adecuación de los penales de las Islas Marías, Nayarit, Monclova, Huimanguillo y Guasave. Todo ello con el propósito de disminuir la sobrepoblación penitenciaria concentrada en 28 cárceles de México, expuso Morgan Colón, quien sin embargo consideró como improcedente que el Ejecutivo federal delegue esa responsabilidad a particulares. De ahí que llamó a las autoridades federales a no correr el riesgo de que prevalezca el interés de lucro por encima del objetivo de procuración de justicia y readaptación social. El Estado, concluyó el perredista, no puede eludir su obligación social al tomar acciones de ese tipo.