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Investigan en Texas sobornos desde Coahuila

05/08/2014 04:44 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

imageFuente: San Antonio Express-News

De una serie de políticos y empresarios del estado de Coahuila, México, que se reubicaron en San Antonio en los últimos siete años, la Fiscalía asegura que un grupo corrupto de ellos invirtió millones de dólares provenientes de sobornos que les dieron los narcotraficantes y contratistas estatales.

San Antonio tiene un histórico vínculo con Saltillo, la capital de Coahuila.

Intelectuales y terratenientes del estado, que hace frontera con Texas, se refugiaron en este lugar durante la Revolución Mexicana a principios de 1900.

Allá en los años 1800, Coahuila y Texas era un solo estado que estaba bajo el dominio mexicano.

Camuflajeados entre los que escaparon a los recientes problemas que tenía el estado con los narcotraficantes, empresarios sin escrúpulos y funcionales de alta jerarquía de Coahuila lavaron más de 35 millones de dólares en sobornos provenientes de contratos estatales, según dieron a conocer las autoridades de Estados Unidos.

La Fiscalía ha decomisado decenas de millones de dólares en bienes raíces en San Antonio ?incluyendo una casa localizada en The Dominion, una propiedad comercial situada en la Carretera US 281 y una farmacia en Stone Oak Parkway? y acusó a seis personas que estaban bajo investigación por tener nexos con la política, la industria privada y con uno de los cárteles de la droga más notorios de México.

Aseguran que esos millones de dólares fue el botín que obtuvieron del Gobierno de Coahuila y lo canalizaron a Texas a partir del 2007, durante el mandato del ex gobernador Humberto Moreira.

Moreira no ha sido acusado, sin embargo, su carrera política terminó abruptamente en el 2011 cuando se dio a conocer que durante su gobierno, Coahuila acumuló casi 3 mil millones de dólares en deuda.

Entre los acusados en el sur de Texas se encuentra el gobernador interino que sucedió a Moreira, varios empresarios que tienen casas en la parte norte de San Antonio y el ex tesorero estatal quien es buscado en México por haber tramitado créditos fraudulentos a nombre del Estado.

La Fiscalía del Condado Bexar dio a conocer que el tesorero, Héctor Javier Villarreal Hernández, transfirió millones de dólares a Texas que recibió como sobornos.

Parte del dinero provino de contratos inflados, comentó Cliff Herberg, primer asistente del procurador de Distrito.

En una ocasión, dijo, un contrato estatal fue otorgado a una empresa que se dedicaba a la extracción de mineral y que estaba controlada por el cártel de 'Los Zetas' y ex miembros de otro cártel que terminaron iniciando su propia organización criminal.

"Creemos que se trataba sólo de una pantalla para el lavado de dinero", comentó Herberg.

"No se dedicaban a la minería".

Entrevistas, documentos de la Corte, registros de propiedades y archivos de agencias reguladoras muestran que los que están bajo investigación construyeron una red empresarial en Texas que creció rápidamente, incluyendo desarrollos inmobiliarios comerciales, residencias privadas y restaurantes.

San Antonio? Usualmente usaban una red de empresas de responsabilidad limitada, lo cual les dificultó a los investigadores rastrear quién era propietario de esos bienes.

Junto con las propiedades de San Antonio, la fiscalía entabló demandas para tomar el control de los inmuebles localizados en el Valle del Río Grande y millones de dólares en cuentas bancarias en Texas y las Islas Bermudas.

Investigadores están buscando testigos contra los políticos de Coahuila ?incluyendo a Moreira y su hermano, el actual gobernador? además de un virtual "quién es quien" de los empresarios del estado y Los Zetas, según muestra un documento de la corte.

El grupo, integrado por varias agencias que están manejando el caso, incluye a la Agencia Antidrogas, la oficina del procurador general de Texas y el Servicio Tributario.

Entre los acusados se encuentran Villarreal, quien está en una cárcel de San Antonio esperando ser enjuiciado, y el ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, quien anda huyendo.

Abogados de ambos hombres aseguran que son inocentes.

La situación está tensa políticamente.

Moreira, ex líder del Partido Revolucionario Institucional, PRI, es una persona muy cercana al presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Cuando uno de los acusados fue traído a la corte de San Antonio, un ex congresista estadounidense se presentó a apoyarlo.

Coahuila, con su grande sector manufacturero y cruces fronterizos, es un importante socio comercial de Texas, las personas que tienen vínculos políticos en ese estado y que no están bajo investigación tienen una cercana relación con líderes de la ciudad de San Antonio.

Fernando Salazar, un senador de Coahuila que recientemente fue electo por el Partido Acción Nacional o PAN, un partido de oposición, dijo que considera que el problema va más allá del ex tesorero y el gobernador interino.

Salazar y Moreira deben ser más escudriñados porque la deuda estatal y los alegatos de robo ocurrieron durante su mandato.

"Torres y Villarreal eran personas muy cercanas a Moreira", comentó Salazar.

"Trabajaban para él. Él es el que provocó todo este desastre".

Los abogados de Moreira no quisieron comentar sobre este reportaje, pero después que la revista Forbes lo incluyó en la lista de políticos mexicanos acusados de corrupción, el abogado Christian F. Zinser Cieslik de la Ciudad de México, le escribió a la publicación diciendo que el ex gobernador había sido exonerado en una investigación realizada por la procuraduría mexicana.

"Se encontró que no hay evidencia para vincular a Moreira Valdez con ningún delito en relación con la deuda contraída por el Estado de Coahuila durante su término como gobernador", escribió el abogado.

Una sencilla redada

Una mañana del mes de octubre del año pasado, residentes de una subdivisión amurallada de Champions Ridge observaron cuando agentes federales arrestaron a un vecino que tiene vínculos con el gobierno de Coahuila.

A pesar de que todo se hizo tranquilamente, la redada fue muy parecida a cualquier otro caso relacionado con las drogas.

Se acusó a Raúl González Fernández, de 42 años de edad y dueño de un restaurante, quien nació en Del Río, de conspirar para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína y de tener en su poder más de 500 gramos de la droga.

Las propiedades que los agentes federales incautaron en el caso sugieren que estaban realizando algo más que una sencilla investigación de contrabando de drogas.

Le pidieron a un juez que les diera tres casas en San Antonio, todas valuadas en más de 500 mil dólares; la casa situada en Champions Ridge que es propiedad de González Fernández, una casa en Vistas en Sonterra propiedad de su hermano y otra vivienda en Oakwell Farms, una exclusiva comunidad amurallada que es propiedad de su padre, Raúl González Treviño.

En el 2008, Humberto Moreira nombró a González Treviño como portavoz del Estado de Coahuila en San Antonio, aunque no se sabe qué tareas desempeñaba.

González Treviño no hizo ningún comentario al respecto y los funcionarios del Consulado Mexicano en la Oficina de Relaciones Internacionales de San Antonio comentaron que no lo conocen.

Rubén Moreira, el actual gobernador, les dijo a reporteros mexicanos que el puesto de González Treviño "no era oficial" y que no recibía ningún salario.

González Fernández, el hijo, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico.

El abogado que inicialmente contrató para que lo defendiera señaló que la familia no está involucrada en ningún delito.

"Tengo entendido que la familia González ha contribuido enormemente a la economía de San Antonio", dijo su abogado Carlos Quezada.

Lo que se sabe es esto: los González controlan un imperio de medios de comunicación en México y en los últimos años extendieron su influencia al otro lado de la frontera.

González Treviño, el padre, compró su primera casa en San Antonio a principios de 1990.

Luego, a partir del 2006, él y su hermano, Roberto Casimiro González Treviño, realizaron una serie de adquisiciones.

Durante cinco años, compró una docena de casas en San Antonio, vendiendo algunas y rentando otras. Algunas se encuentran vacías actualmente.

El año pasado, Raúl González Treviño, compró una propiedad comercial con superficie de un acre situada en la Carretera US 281, cerca de TPC Parkway.

La empresa de Roberto Casimiro González Treviño, RCG Radio y Televisión, ha recorrido un largo camino desde que el negocio familiar empezó hace 30 años, cuando lanzó Cablevisión, la primera compañía de cable de México.

Actualmente, tiene un enorme edificio de oficinas en Saltillo y hangares en el aeropuerto de la ciudad.

La empresa también es dueña de carteleras publicitarias en todo el Estado.

Sus estaciones de radio y televisión tienen la reputación de apoyar al PRI, de manera general y de manera particular a los Moreira.

Al ex gobernador, según dicen los críticos, le gustaba traer a su lado a los medios de comunicación, inclinándose hacia la publicidad u ofreciendo anuncios del gobierno para atraerlos.

"Cuando Humberto llegó al poder, RCG era una pequeña empresa", comentó Jorge Rosales Saade, funcionario del PAN en Coahuila.

"Todo lo que tenía era Cablevisión, pero lo convirtieron en un multimillonario con un enorme poder. Todos los espectaculares que usaba el PRI en sus campañas se las rentaban a Roberto, y fácilmente obtenían permisos de los gobiernos de las ciudades".

Roberto Casimiro González Treviño también aparece en la lista de personas que la fiscalía del Condado Bexar le dijo a un juez que querían interrogar como testigos, como parte de su investigación sobre el lavado de dinero. En alguna ocasión fue propietario de la casa en Champions Ridge que los federales están tratando de incautarle a su sobrino.

La novia de González Fernández, Alejandra Ibarra, quien vive en la casa de Champions Ridge con su hija de 3 años de edad, comentó que no cree que él esté involucrado en el narcotráfico.

"La familia tiene mucho dinero proveniente de la venta reciente de medios de comunicación mexicanos", dijo Ibarra, y agregó que su novio tenía ingresos de restaurantes que tiene en Torreón, Coahuila y San Antonio.

"Me quedé impactada" dijo Ibarra acerca del arresto de su novio. "Yo creo que no es culpable, estoy asombrada".

González Fernández no respondió a las cartas que le envió a la cárcel, y su nueva abogada, Cynthia Orr, una experta en delitos de cuello blanco en San Antonio, no hizo ningún comentario.

La casa que se encuentra en Champions Ridge es propiedad de Raúl González Fernández, pero al paso de los años ha sido propiedad de su padre, hermano, tío y de Vicente Cháires Yánez, el secretario personal de Moreira, mientras era gobernador.

En el 2011, un par de senadores mexicanos hicieron un llamado para que se le hiciera una investigación a Cháires y a sus inversiones en inmuebles y en las estaciones de radio y televisión de Coahuila.

No ha sido acusado de ningún delito y tampoco los hermanos González Treviño.

Detenido en EU

El arresto de alto perfil relacionado con la investigación sobre el lavado de dinero ha sido la de Villarreal, el ex tesorero estatal.

Su saga empezó a mediados del 2011, cuando se dio a conocer el endeudamiento masivo de Coahuila.

En los siguientes meses, Villarreal y Moreira ?quien para ese tiempo había abandonado Coahuila para convertirse en el líder nacional del PRI, que estaba decidido a recuperar la presidencia de México? y Torres, quien se hizo cargo de la gubernatura, se vieron forzados a dejar sus respectivos puestos.

En octubre del 2011, la fiscalía de Coahuila acusó a Villarreal de falsificar documentos para obtener créditos por millones de dólares a nombre del Estado.

Se entregó a la policía estatal el 29 de octubre del 2011, y fue liberado bajo fianza en cuestión de horas.

Rápidamente salió de México y se fue a Estados Unidos y apareció en el este de Texas en febrero del 2012, en donde fue arrestado nuevamente.

Ayudantes del sheriff dijeron que detuvieron a Villarreal, a su esposa y a su cuñado Oswaldo Coronado viajando con 67 mil dólares.

Nuevamente, fue liberado bajo fianza y días después, la fiscalía federal mexicana le fincó una nueva ronda de cargos relacionados con los supuestos créditos fraudulentos, que según dijeron eran de casi 250 millones de dólares. Para entonces, Villarreal había desaparecido.


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grupocronicasrevista.org
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Reportaje
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