El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) decidió este martes investigar al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, por presuntas irregularidades en los contratos para celebrar grandes competiciones de Fórmula 1 en Valencia, que costaron millones de euros.

El TSJV ha admitido a trámite la petición de la fiscalía anticorrupción para que se investigue a Camps, a la exconsellera de Turismo Dolores Johnson y al expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar por estas irregularidades.

Considera, en una decisión escrita, que los hechos relatados por el fiscal podrían "ser subsumidos, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, en los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos".

La fiscalía anticorrupción, que también acusaba en su denuncia a Camps, Aspar y Johnson de un presunto delito societario, aseguraba en su escrito que "la única persona de la Generalitat (que negoció y decidió sobre este tema fue Francisco Camps".

Según el escrito del fiscal, Camps, tras negociar la celebración de un Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, pidió en 2007 a Aspar que "crease una sociedad para poder organizar la prueba". Esta compañía, Valmor Sports, no contaba con medios para organizar el evento, por lo que presuntamente suscribió un acuerdo con una empresa pública de la Comunidad Valenciana que se encargaría de organizarlo y a la que Valmor nunca pagó el servicio.

Posteriormente, Valmor también aseguró que no podía pagar el canon anual para la celebración del Gran Premio, que ascendía a 26 millones de dólares en 2008, 24 millones de dólares en 2009 y 2010 y 16, 3 millones de dólares en 2011. El Gobierno valenciano decidió entonces que sería otra empresa pública la que pagaría, según la fiscalía.

Pese a que Valmor figuraba como organizadora de los grandes premios, en la práctica, "la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia corrió siempre a cargo" del Gobierno de la comunidad, a través de una empresa pública, asegura el fiscal.

Valmor también acabaría siendo absorbida por una empresa pública valenciana, que asumió asimismo sus deudas de más de 30 millones de euros, concluía.