Con un fallo sobre un caso concreto, la justicia española abrió la vía a la indemnización de miles de trabajadores interinos, que actualmente no reciben ninguna prestación al finalizar su contrato de trabajo, en un país donde la precariedad duplica la media europea.

En una decisión fechada el miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de la región de Madrid dio la razón a una mujer que trabajó durante siete años como interina en el ministerio de Defensa y no había recibido nada.

En su argumentación, consultado por la AFP, el tribunal estima que "fue contratada en fraude de ley, convirtiéndose su relación laboral en indefinida", y añade que el despido fue "improcedente".

Por ello, el ministerio deberá abonarle una indemnización de 6.141 euros por el final de su contrato. Esto corresponde a 20 días por año, que es la norma para un trabajador fijo.

El tribunal aplica así una sentencia emitida a mitad de septiembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), con sede en Luxemburgo, que a la luz de este caso preciso consideraba que la legislación española vulnera las normas europeas al no prever indemnización alguna para los interinos. Estos pueden llegar a desempeñar durante años las mismas funciones que cualquier trabajador con contrato fijo.

Actualmente, sólo los trabajadores indefinidos y con contrato de duración determinada tienen derecho a indemnización por desempleo, de 20 y 12 días por año trabajado, respectivamente.

La jurisprudencia creada por el alto tribunal plantea ahora la pregunta de qué pasará con decenas de miles de interinos, en un país donde los trabajadores temporales representan alrededor de un 26%, el doble de la media en la UE.

La precariedad es especialmente sensible en la educación, donde muchos profesores quedan desempleados en los meses de verano, o en el sector sanitario.

Según indicó a la AFP Mar Rocha, portavoz del sindicato de enfermería SATSE, un tercio de los 240.000 colegiados del mismo tiene un contrato precario.

Una situación que, tal y como dice, "tiene dos consecuencias: para el trabajador, por la inseguridad laboral que le crea, y para los pacientes, porque el continuo cambio en el mismo puesto no hace más que deteriorar la calidad" de la atención. Por eso, dijo que van a dirigir una carta al gobierno español para que actúe.

Por su lado, la Organización Médica Colegial (OMC) española calcula que "uno de cada dos médicos de la sanidad pública realiza su labor en situación de inestabilidad y/o irregularidad", de acuerdo con un documento emitido a mitad de septiembre, al hilo de la decisión de la justicia europea.