El juez que dirigía las causas por manipulación de mercado contra el que fuera el hombre más rico de Brasil, Eike Batista, fue definitivamente apartado del proceso y sus decisiones anuladas, excepto el polémico bloqueo de sus bienes, informó el Tribunal Federal de Rio de Janeiro.

El caso será ahora redistribuido a otro magistrado, una semana después de que el juez Flavio Roberto de Souza fuera sorprendido conduciendo por Rio de Janeiro el Porsche Cayenne de Batista que él mismo había ordenado incautar.

El magistrado Marcello Granado confirmó la decisión adoptada el pasado jueves por Nancy Andrighi, la corregidora nacional de Justicia -una especie de fiscal de los procedimientos judiciales.

"Él [el juez] estaba inapropiadamente envanecido por ser asediado por tantos periodistas. Se consideró en una cruzada contra quien fuera el hombre más rico de Brasil", afirmó Granado al sitio informativo de la red Globo G1.

Para la defensa de Batista, que llevaba desde diciembre pidiendo la destitución del juez Souza alegando la imparcialidad de sus comentarios a la prensa donde le tachó de "megalómano", esta decisión supone una nueva oportunidad para el exmagnate.

"Todas las decisiones tendrán que ser evaluadas de nuevo. El proceso regresa a la casilla de salida", afirmó Ari Bergher, uno de los abogados de Batista.

Sin embargo, hasta que un nuevo juez no se haga cargo del caso, el bloqueo de los bienes del mediático empresario que ordenó Souza seguirá efectivo.

La fotografía de Souza conduciendo el Porsche de Batista antecedió al descubrimiento de que el juez había repartido entre dos de sus vecinos el Range Rover decomisado al hijo del empresario y un piano de cola, incautados de la residencia de Batista a principios de febrero.

Aquella operación -en la que las autoridades confiscaron, entre otros objetos de valor y dinero en efectivo, un Lamborghini, otros cuatro automóviles y un huevo de Fabergé- respondía al embargo de 3.000 millones de reales (unos 1.060 millones de dólares) que el juez había decretado horas antes contra Batista y su familia.

Según Souza no hubo nada irregular en su conducta, sino que se limitó a proteger la integridad de los bienes decomisados, ya que no había lugar para ellos en la sede judicial.

Batista, que llegó a amasar una fortuna de 30.000 millones de dólares gracias a sus negocios en minería y petróleo, es acusado de manipulación del mercado de valores mediante el uso indebido de información privilegiada para vender acciones de su compañía.

El histriónico empresario supuestamente engañó a inversionistas en un plan para atraer 1.000 millones de dólares a su empresa petrolera OGX (hoy Ogpar), cuyas metas de producción eran extremadamente optimistas, pese a que muchos de sus pozos finalmente no poseían el potencial de producción proyectado en un principio.