La presidenta argentina Cristina Kirchner envió la noche del martes al Congreso una reforma del código penal que impide procesos judiciales lentos y que los acusados de delitos graves puedan salir en libertad provisional.

La iniciativa permite que puedan ser expulsados del país y no puedan regresar en 15 años aquellos extranjeros que residan con papeles irregulares y sean sorprendidos "in franganti" cometiendo un delito.

En Argentina, la inseguridad encabeza hace varios años las encuestas sobre los temas que más preocupan a los ciudadanos.

La reforma, aclaró Kirchner en un discurso en cadena nacional de radio y TV, sólo alcanza a los procedimientos de manera de evitar "los lentos procesos judiciales".

"Hay actualmente 60.000 personas detenidas" sin sentencia firme, lamentó la mandataria, quien dijo que el proyecto recoge los reclamos de más de 200 jueces, camaristas y las instituciones judiciales.

Kirchner dijo que el sistema procesal "pasará a ser sólo acusatorio, es decir que la causa quedará en manos del fiscal y con participación de las víctimas".

"La sensación de la gente es que no hay justicia que la proteja. La reforma establece que todas las decisiones serán tomadas en audiencia oral y pública, al contrario de lo lento y pesado del proceso escrito, en vigencia", indicó.

Un proceso no podrá durar más de un año y el juicio oral empezará entre cinco y 30 días después, como máximo plazo, anunció.

Quienes cometan delitos graves, quedarán indefectiblemente detenidos y el proceso será limitado al máximo de 10 meses.

Los funcionarios judiciales que no respeten los nuevos plazos de agilidad, serán sancionados, según la reforma.