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El Congreso del estado de Misisipi, en el sur de Estados Unidos aprobó este viernes una ley denunciada como discriminatoria porque permite a funcionarios y empresas negar servicios a homosexuales en base a sus creencias religiosas, similar a otras normativas que han causado polémica en el país.
La ley HB 1523 recibió la luz verde definitiva de la Cámara de Representantes este viernes y será enviada al despacho de Phil Bryant, gobernador republicano del estado del sureste de Estados Unidos, quien debe decidir si la promulgará.
"Tengo que verla, como hago con todas las legislaciones, y apenas tome una decisión, la daré a conocer", dijo Bryant a periodistas.
La normativa ha sido resistida por organizaciones de defensa de los derechos civiles y de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), así como por empresas como la automotriz Nissan, que temen que pueda dar pie a la discriminación.
La HB 1523 protege a funcionarios, organizaciones religiosas y algunas empresas en Misisipi que se nieguen a prestar sus servicios alegando objeciones religiosas al matrimonio homosexual.
La ley se inscribe dentro de una serie de iniciativas similares en estados conservadores en respuesta a la decisión de junio de 2015 de la Corte Suprema de Justicia norteamericana de legalizar a nivel nacional el matrimonio homosexual.
Esta misma semana, el gobernador de Georgia (sureste), Nathan Deal, vetó una ley que autorizaba a los miembros de congregaciones religiosas a negarse, sobre la base de sus convicciones, a contratar o admitir en escuelas a personas homosexuales.
Por el contrario, la semana pasada entró en vigor en Carolina del Norte una normativa que prohíbe a las localidades del estado, ubicado también en el sureste del país, aprobar sus propias leyes antidiscriminatorias, y obliga a las personas a utilizar los baños públicos de acuerdo a su sexo de nacimiento, lo que irritó a las personas transgénero.
Una amplia gama de grupos económicos y deportivos han pedido que la ley sea revocada, mientras que varias organizaciones, entre ellas la influyente asociación de defensa de las libertades civiles ACLU, la impugnaron en tribunales.
