Eis personas que fueron condenadas por delitos menores en el estado de México y que gozaban de libertad anticipada, para lo cual portaban un brazalete de ubicación electrónica, lograron que se les retirara ese dispositivo. Los seis se reintegraron a la sociedad luego de llevar el brazalete entre cinco y siete meses, mantenerse empleados en sitios fijos y cumplir con las restricciones de no alejarse de los sitios programados dentro de su condición. Entre las personas que recuperaron su libertad se encuentra María Guadalupe Alvarez Sánchez, de 34 años, quien estuvo recluida desde 2004 en el Centro de Readaptación Social del Bordo de Xochiaca en el municipio de Nezahualcóyotl. Fue sentenciada a una pena de 11 años, 10 meses y 15 días, por el delito de robo, y ahora, después de haber portado el brazalete durante siete meses, como reconocimiento a que no fue amonestada durante su reclusión, ahora deberá presentarse cada semana a firmar el libro de gobierno y mantener su empleo en una tienda de abarrotes. Los otros cinco liberados del brazalete de ubicación, son Alejandro López López, Adolfo Domínguez Ortíz, Juan Carlos Velázquez Medina, Ricardo Velázquez Medina y Juan Carlos Martínez López, todos recluidos en diferentes penales estatales por el delito de robo. Su nueva situación los obliga a mantener sus empleos y asistir de forma periódica a firmar los libros correspondientes al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, o a la Penitenciaría Modelo, en Nezahualcóyotl; también tienen que asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y hacer trabajos para sus comunidades. La Dirección General de Prevención y Readaptación Social informó que ya suman 42 las personas que usan el brazalete; de ellos, 10 casos están en manos de los jueces respectivos, quienes determinarán si cumplen los requisitos para dejarlos en libertad absoluta. En septiembre de 2008, 11 reclusos en penales estatales fueron los primeros beneficiados con el programa de liberación anticipada.