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La libertad religiosa en México según el Departamento de Estado norteamericano

24/10/2011 13:59 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El reporte anual (2010) muestra los avances y focos rojos sobre la libertad religiosa en todo el mundo. En México, reconoce la protección a este derecho fundamental, sin embargo denuncia las restricciones y las persecuciones por causas de religión hacia miembros de iglesias evangélicas

El reporte anual (2010) muestra los avances y focos rojos sobre la libertad religiosa en todo el mundo. En México, reconoce la protección a este derecho fundamental, sin embargo denuncia las restricciones y las persecuciones por causas de religión hacia miembros de iglesias evangélicas.

Guillermo Gazanini Espinoza / Secretario del Consejo de Analistas Católicos de México 24 de octubre.- El Informe sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América ha publicado, en septiembre pasado, el panorama global de la libertad religiosa durante el 2010. México es analizado en este reporte que lo ubica como una de las naciones del orbe que garantiza la libertad religiosa y el ejercicio del culto público; sin embargo, se observa la ausencia de “mecanismos” que refuercen la acción de las autoridades locales, en muchos estados, para evitar la discriminación de personas por motivos de religión.

De acuerdo a los datos generales del Departamento de Estado, México cuenta con una población de 112 millones de habitantes, conforme al censo del 2000, de la cual el 80% es católica. Existen once mil iglesias católicas, catorce mil sacerdotes y noventa mil laicos trabajando en labores eclesiales, mientras que las principales organizaciones religiosas son identificadas con pentecostales, neopentecostales, protestantes históricos (presbiterianos, bautistas, metodistas, nazarenos o menonitas), adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, mormones, musulmanes y judíos. Sólo el 3% de la población mencionó que no practica religión alguna.

El informe ofrece una descripción de la protección de la libertad religiosa garantizada por el artículo 24 de la Constitución así como el procedimiento de conformación y registro de las asociaciones religiosas de conformidad con las leyes vigentes. No pasa por alto que la legislación mexicana tiene ciertas limitaciones del ejercicio de este derecho, particularmente la prohibición a las asociaciones religiosas para tener en propiedad medios de comunicación; el reporte afirma que las transmisiones religiosas vía radio o TV requieren del permiso legal mismo que es difícil de obtener por grupos no católicos. El resultado es la proliferación de más de 400 estaciones piratas de radio, de carácter evangélico-protestante, según la organización no gubernamental “Asociación a Favor de la Libertad Religiosa”. La Secretaría de Estado afirma que en “2009, la Dirección de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, negociaron las licencias de treinta de estas estaciones. De acuerdo con la Asociación a Favor de la Libertad Religiosa, no obstante haber reunido la documentación requerida, las licencias no habían sido entregadas poniendo a las estaciones evangélicas en riesgo de clausura… En julio de 2010, individuos identificados como policías federales cerraron la estación de FM 100.3 de Tabasco la cual transmitía el programa Señal de Vida, confiscando el equipo radial…”

México cuenta con una población de 112 millones de habitantes, conforme al censo del 2000, de la cual el 80% es católica

Refiere, por otro lado, algunas quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debido a la intolerancia religiosa en comunidades indígenas del estado de Chiapas. En julio de 2009, por ejemplo, las autoridades del municipio de Zinacantán realizaron la suspensión del agua y de la electricidad a evangélicos por haberse negado a cooperar en la organización de las fiestas católicas de la comunidad. Aún cuando les fueron restablecidos estos servicios, eventualmente serían expulsados del municipio. Para finales del 2009, les fue permitido el regreso a la comunidad y para febrero del siguiente año fue requerida la intervención del subsecretario de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación para ser intermediario en el diálogo entre los evangélicos y la comunidad y permitir la solución de las diferencias por causas de religión.

Otro problema se registró en diciembre de 2009 en la comunidad de Sebastián Tlacotepec de Porfirio Díaz, en el estado de Puebla. Una queja presentada ante la CNDH exhibió las presiones contra el evangélico Andrés Carrillo Roma para actuar como abogado de la iglesia católica local, de negarse sería exiliado de la comunidad. Al rechazar el encargo, fue arrestado durante quince horas. De acuerdo con el reporte, ninguna acción fue realizada en este caso específico.

En general, los reportes de intolerancia religiosa se han dado en el sureste mexicano en las comunidades indígenas donde miembros de minorías religiosas se han negado a contribuir a las festividades católicas. Las medidas en contra de estos grupos han sido impuestas por líderes locales que van desde la suspensión de servicios municipales, expulsión de las comunidades, pérdida de derechos comunitarios y de posesiones personales y negación de beneficios gubernamentales por causas religiosas hasta golpizas, torturas y la destrucción de sus casas y sitios de culto. El informe concluye que estas situaciones de intolerancia son alimentadas por la violencia, la pobreza, las disputas por tierras y la falta de oportunidades educativas.

En 15 casos de intolerancia en el sureste mexicano, la Dirección de Asociaciones Religiosas ha intervenido para propiciar el diálogo con el objetivo de promocionar la armonía social y desactivar los conflictos. Y concluye el informe que, para el gobierno de los Estados Unidos, la libertad religiosa es un tema esencial en la promoción de los derechos humanos denotando así su preocupación para que sus representantes en México intervengan en todos los órdenes de gobierno y lograr la protección de este derecho que, según la secretaria de Estado, “es la piedra fundamental de toda sociedad democrática sana… que permite su estabilidad, seguridad y prosperidad”.

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