Al menos es lo que interpreta la fiscalía, que encuentra que Esperanza Aguirre acudió «dopada» a todas las elecciones en las cuales obtuvo sonadas mayorías absolutas, auxiliándose de una caja B.

La fiscalía anticorrupción acaba de imputar a Esperanza Aguirre y a su sucesora, Cristina Cifuentes, por haber utilizado una caja B para pagar las campañas electorales. La investigación pretende aclarar es cuál era la operativa del uso del dinero en B.

Peones que caían a su alrededor

En esta última década la Justicia ha destapado el «avispero» de corrupción que fueron los gobiernos de la Comunidad de Madrid liderados por Esperanza Aguirre y su sucesora, Cristina Cifuentes.

Púnica, Canal de Isabel II, Gürtel, han sido decenas los casos de corrupción, ligados al Partido Popular que han estallado en la Comunidad de Madrid y los consistorios de ella, aunque hasta ahora Esperanza Aguirre había salido indemne.

Aguirre ha visto como, a su alrededor, muchos de los altos cargos que nombró, eran investigados e imputados en casos de corrupción donde se había despilfarrado el dinero público de todos los madrileños.

Un informe de la UCO la implica

Se trata de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que ha sido remitido al juez Manuel García Castellón, y que sitúa a Aguirre en una reunión con implicados en la Trama Púnica.

Producto del informe, al que también ha tenido acceso la fiscalía, son dos los fiscales que han pedido la comparecencia de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, en calidad de investigada, lo que implica estar imputada.

Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez, las fiscales, también solicitan la comparecencia de Cristina Cifuentes a quién también sitúan, en el año 2017, como participante en la trama de financiación ilegal del PP.

El informe de las fiscales, de 75 páginas, el Ministerio pide que cada «rama» de la trama Púnica se divida tantas piezas como sea necesario, para permitir enjuiciamientos independientes de los imputados.

La «pieza» nueve implicaría a Aguirre y a Cifuentes

Se trata de una «pieza» del sumario de la trama Púnica, en concreto la nueve, en donde se relatarían el desvío de fondos para el pago de las campañas electorales del PP madrileño, que había permitido las mayorías absolutas de Aguirre y Cifuentes.

Con el dinero desviado se habría «alimentado» la caja B del partido, que, entre otros gastos, habría permitido a los populares ir «dopados» a las elecciones autonómicas y locales en la Comunidad de Madrid.

Unas anotaciones de Francisco Granados

La línea de investigación que permite inferir que las campañas electorales del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, al menos durante el gobierno de Esperanza Aguirre, fueron pagas con «dinero negro» proviene de unas anotaciones de Francisco Granados.

La agenda intervenida al que fuera «mano derecha» de la presidenta tenía una serie de apuntes con nombres de empresarios y a su lado cifras, que los investigadores interpretan como euros.

A pesar de que Granados, preguntado sobre los apuntes, dijo que eran el número de afiliados del PP que acudían a los mítines, hacen pensar a los investigadores que reflejan las cantidades aportadas por los empresarios al «fondo de reptiles» del PP madrileño.

Muchas investigaciones prueban la financiación ilegal

El citado informe de la UCO es uno más de los que aportan datos sobre lo que ya es un «secreto a voces», que el PP madrileño financió una buena parte de sus campañas electorales autonómicas y locales con su caja B.

Muchos de esos informes están fundamentados en las pesquisas llevadas a cabo en la persona de Francisco Granados y también en la documentación encontrada en poder de Beltrán Gutiérrez, el que fuera gerente del PP durante los gobiernos de Aguirre.

Pero el más duro de todos lo elaboró la Guardia Civil en abril del 2017, donde se puede leer textualmente que los populares madrileños habían imprimido “una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral”.

Mientras que las actividades supuestamente ilegales de Esperanza Aguirre siempre la tuvieron en un discreto segundo plano, Cifuentes se hizo omnipresente en los mecanismos de financiación

El informe ponía el acento en las elecciones de 2007 y 2011 donde Esperanza Aguirre y el PP lograron la mayoría absoluta, y en donde se utilizó el dinero del «fondo de reptiles», una suerte de caja B paralela a la contabilidad oficial.

Toda la administración autonómica al servicio del PP

Es conveniente que los «populares» y Aguirre a su cabeza llegan al gobierno de la Comunidad de Madrid después de lo que se denominó el «Tamayazo», cuando dos diputados tránsfugas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez no acuden a la Cámara y arrebatan al PSOE la Comunidad de Madrid.

Una vez llegados al poder, los «populares» madrileños, paulatinamente, van poniendo toda la «maquinaria» autonómica al servicio del PP.

Una de esas medidas, y de dónde se intuye que pudo llegar una parte de la financiación ilegal, fue la modificación que regulaba la contratación de publicidad por parte de la administración autonómica madrileña.

Así, a aquellos empresarios que pagaban la «mordida» al PP para la financiación de las campañas electorales, se les asignaban contratos, que muchos de ellos tenían que ver con los grandes proyectos de la Comunidad, por ejemplo, los de la construcción de hospitales.

La investigación de la Guardia Civil da por seguro que Esperanza Aguirre participó en reuniones en las cuales informaba a los empresarios de cómo y cuándo debían de hacer los pagos que finalmente acaban en la caja B del PP.

Fundescam, el epicentro de la corrupción

Las «mordidas» que cobraba el PP a los empresarios se gestionaban a partir de Fundescam, una fundación creada por el Partido Popular y que tenía su sede en la primera planta de la sede madrileña del PP en la calle Génova 13.

Bajo el pomposo nombre de Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la comunidad autónoma de Madrid, se convirtió en el «elemento nuclear», son palabras de la propia Guardia Civil.

El dinero en A lo lograba a partir de jugosas subvenciones que recibía de la Comunidad de Madrid, pero también servía para canalizar el «dinero negro» que el PP recibía de empresarios madrileños a cambio de contratas públicas.

Fudescam se creó en el año 2000 y realizó su labor de recoger las «mordidas» de los empresarios madrileños, funcionó durante los gobiernos de Esperanza Aguirre y tuvo continuidad cuando Cristina Cifuentes tomó el relevo de la máxima magistratura de la Comunidad de Madrid.

Cristina Cifuentes estaba en todo

Mientras que las actividades supuestamente ilegales de Esperanza Aguirre siempre la tuvieron en un discreto segundo plano, la funcionaria en excedencia de la Universidad Complutense de Madrid se hizo omnipresente en todas las actividades que tenían que ver con la financiación del PP madrileño.

Cristina Cifuentes atesoró en su persona el ser patrona de Fudescam, participar en algunas de las licitaciones de la Asamblea de Madrid y por supuesto formar parte del comité electoral del PP de Madrid.

Uno de los casos más sonados, y sobre el cual la Guardia Civil considera que existen elementos probatorios de delito, fue la adjudicación al Grupo Cantoblanco de los servicios de cafetería de la Comunidad de Madrid, propiedad del Arturo Fernández, que lo ha sido todo en la patronal de los empresarios madrileños.

Ignacio González también implicado en la trama

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid también estaría implicado en la trama de financiación ilegal del PP madrileño.

La implicación proviene directamente de la investigación del Caso Lezo, que también encontró una relación directa con Fundescam.

Está probado que la financiación de su campaña electoral del 2011 utilizó los métodos ilegales que ya había utilizado Francisco Granados en el 2007, esto es, el pago de la campaña electoral a través de facturas falsas.

El juez de la Púnica, Manuel García Castellón, descubrió un auto en el cual consideró probado que el PP de la Comunidad de Madrid había creado un sistema «ad hoc» de facturas falsas para canalizar el dinero proveniente de subvenciones, donantes y adjudicaciones.

Ahora lo único que cabe es despejar la duda, a partir de septiembre, si García Castejón llama a declarar a la Audiencia Nacional a Esperanza Aguirre en calidad de investigada (imputada en el anterior LECRIM) por haberse financiado de los pagos en dinero B.

Fuente - el diario / Tamayazo en Wikipedia / Fundescam en Wikipedia / Cristina Cifuentes en Wikipedia